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Viernes, 9 de septiembre de 2016

ENTREVISTA

La balanza para nuestro lado

La experiencia de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que lleva adelante Mariela Labozzetta demuestra, a un año de su funcionamiento, que la Justicia con perspectiva de género responde de otra manera ante las víctimas. La escucha a las organizaciones del colectivo LGTB, la importancia de las amigas como colectivo político, la apelación a los sindicatos para erradicar la violencia machista y la protección a madres denunciantes de abusos sexuales para que no sean revictimizadas son algunos de los puntos de una agenda que conoce la deuda del sistema judicial con las mujeres y trabaja para revertirla.

 Por Luciana Peker

El 94 por ciento de los femicidios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se produjeron en el contexto familiar, según el Consejo de la Magistratura y en el 19 por ciento de los casos las víctimas ya habían denunciado a su agresor previamente y solicitado la ayuda del Estado para su protección, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solo el 7 por ciento de los femicidios ocurridos en el 2014, en la Capital Federal, tienen sentencia condenatoria. En otro 7 por ciento de los casos el agresor se suicidó y, por lo tanto, se extinguió la acción penal por la muerte del imputado. En otro 7 por ciento de los casos no hay datos. Mientras que el 36 por ciento de las muertes de mujeres por ser mujeres todavía se encuentra en proceso de investigación. Y en el 43 por ciento de los asesinatos se va rumbo al juicio oral, según los datos recopilados en el informe “Femicidios y Homicidios de Mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2014. Informe diagnóstico y Proyecto de Relevamiento de Casos”, publicado en el 2016, por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Procuración General de la Nación.

En realidad, la deuda pendiente de un registro único de femicidios es clara ya que las cifras cambian según registros y perspectivas de distintos organismos. ¿Cuántas mujeres fueron víctimas de femicidio en la Ciudad de Buenos Aires en el 2014?: 16 para el Consejo de la Magistratura, 14 para la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, 10 para la Casa del Encuentro y 9 para Indeso Mujer. A cifras claras, mejores políticas públicas. Y, sin dudas, una justicia más eficiente para prevenir la muerte de las mujeres.

En ese contexto, el 29 de junio del 2015, apenas veintiséis días después que las calles se poblaran de mujeres gritando “Vivas nos Queremos”, con la consigna Ni Una Menos, se creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) a cargo de la Fiscal Mariela Labozzetta. “Hay un camino que no terminó de recorrerse para terminar con la violencia y la impunidad. Nos encantaría que no sea solo punitivista. El derecho penal no es la solución, ni mucho menos, a todos los problemas. Las acciones más trascendentes son de prevención y no de sanción. Pero, en la violencia de género, a diferencia de otros delitos, hay un alto nivel reimpunidad que se convierte en un mal mensaje social. Así que todavía el derecho penal tiene algo para hacer. Existen muchas deficiencias en cómo se investigan los casos de violencia de género y hay que lograr revertir estereotipos”, recalca Labozetta quien se propone diseñar política criminal desde la UFEM.

Estefanía “Romi” Wilson y su hija Estefanía Abril fueron asesinadas en Constitución. ¿Qué lecciones dejo la intervención de la UFEM en esta causa?

–Ese caso estaba por ser archivado. Por eso, una de las actividades indispensables es ponernos a buscar activamente al prófugo. La inactividad judicial es una forma de impunidad. Estamos detectando que, muchas veces, no encuentran al hombre sospechoso y archivan la causa. Nos pusimos en contacto con la división homicidios de Policía Federal para que lo busquen y al día siguiente una vecina contó que estaba viviendo al lado de ella en Santa Fe. Con actividad se puede llevar en adelante un caso.

¿Las amigas de las víctimas se pueden convertir en querellantes en el proceso penal por femicidios?

–Ya no es solo la víctima, el cónyugue, la familia de sangre o las colectividades las que están tocadas por el delito. Por eso nos contactamos con las amigas (de Romi y Abril) que estaban por hacer una manifestación pública para que sean escuchadas en la causa. Las amigas están intentando que las acepten como querellantes. Son formas nuevas de trabajo y de concebir a las víctimas. Hay que empezar a alejarse de la idea eclesiástica de la familia como el único interesado en la víctima.

¿Cómo se trabajó en la investigación por el asesinato de la activista travesti Diana Sacayán?

–El caso de Diana fue muy simbólico: se vio con claridad que no solo su familia biológica reclamaba justicia sino grupos que están vulnerabilizados en su identidad y en su objetivo de lucha. Por eso, no solo intervenimos para asegurar la eficiencia en la recolección de pruebas, sino también nos reunimos con las organizaciones para ver por donde pasaba el conflicto y conocer información poco accesible para los operadores de justicia. Las organizaciones están acostumbradas a lidiar con el Estado y no a ser recibidas por el Estado. Pero nuestra dinámica de trabajo es de puertas abiertas con la comunidad. Lo mínimo que puede ocurrir es correrse del lugar tradicional de la justicia y transformarse en un servicio público.

Lohana Berkins vino a reunirse con vos –antes de su fallecimiento– para pedir el esclarecimiento del asesinato de Diana. ¿Cómo fue su intervención?

–El 16 de octubre del año pasado, en la entrevista con ella y otros activistas, me sonaba mucho el teléfono y, para explicarle la situación, le conté que era mi cumpleaños. Lohana paró todo y me dijo: “Nunca te vas a olvidar que el día que cumpliste 39 años las travas te cantamos feliz cumpleaños”. Sus palabras fueron claves para dejar claro que ellas están privadas del derecho al sexo, a la intimidad, a todo. Sirvió para hacer emerger un fenómeno que está todavía más invisibilizado que el de los femicidios: la violencia que sufren las personas trans es un hecho social.

¿Cuál es el estado actual de la investigación por la muerte de Diana Sacayán?

–Todavía está en etapa de instrucción, de recolección de pruebas. Hay dos imputados procesados con prisión preventiva. Nosotros pedimos una medida de pruebas más para que la causa llegue más sólida. Ese va a ser todo un caso cuando toque el juicio porque está en juego la calificación. Hasta ahora están procesados por femicidio. Lohana creía que no eran mujeres sino travas y otras no piensan eso. Más allá de la autopercepción de la persona asesinada –mujer, travesti, trans– hay que decidir cuando se aplica odio de género y violencia de género para acreditar agravantes. Estamos estudiando qué posición institucional tomar. El odio de género es más difícil de probar. Entonces si llevamos todos los casos de travesticidio al odio de género se puede subir la vara de la exigencia probatoria y eso no estaría bueno. Sin embargo, la utilización del término travesticidio es interesante en un expediente penal porque da cuenta de un fenómeno novedoso a la luz de la sanción jurídica que se trata de violencia contra una comunidad más vulnerable, más desprovista de derechos, más expuesta a la violencia institucional, al sistema de salud y a la policía y excluidos de los ámbitos laborales.

El 13 de agosto fuiste a la comisaría 10 cuando detuvieron a Feliciana Bilat, que denunció al progenitor de sus hijas por abuso sexual y fue detenida cuando él violó una orden de acercamiento. ¿Cómo actuaste ante la detención de Feliciana?

–Ella estaba llegando a la psicóloga con su hija y se cruza con el progenitor. El la empieza a amenazar, se empiezan a trenzar verbalmente y ella le dice que se vaya. El se se le apareció cerca y ella le empieza a tirar con un gas pimienta. La policía se la lleva por lesiones recíprocas. En una misma investigación la mujer es damnificada e imputada. Había una orden de un juez, pero fui a la comisaría porque no le creían que estaba vigente la prohibición de acercamiento. Solicité que se le dé trato de víctima porque estaba en una celda contigua a la de él y ella después relató que le hacía señas sobre el cuello como que la iba a matar. En el momento de la liberación pedí que la lleve un patrullero escoltada porque afuera estaba la familia de él.

¿Qué se puede hacer ante el alto grado de sobreseimientos de los acusados de abuso sexual infantil?

–Las dificultades son probatorias porque muchos casos ocurren en ámbitos privados y la única prueba es el relato de la víctima. Si se descree de ese único testimonio se da por enterrada la causa.

En las mujeres adultas es grave la revictimización, pero en las niñas es peor porque las obligan a volver a estar con el abusador cuando el agresor es su progenitor. ¿Cómo se puede proteger a niñas y niños que denuncian abuso sexual familiar?

–Es muy importante rever la forma en que se juzgan los casos de abusos. El punto es el sistema penal androcéntrico. No es lo mismo una estafa, un caso de droga, que un abuso sexual infantil y las investigaciones tienen que ser acordes a los contextos de los crímenes. Es interesante pensar que el sistema de justicia cuente con peritos especializados y con enfoque de género para abuso sexual infantil y de mujeres.

¿Cómo evalúas la actuación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) ante una denuncia por violencia de género hacia uno de sus integrantes y cómo se puede mejorar la construcción contra la violencia en los gremios?

–Hubo un caso donde la chica lo expuso al interior del gremio y se empezó a pensar los procedimientos internos para ver cómo se trabajan estos casos y cómo se deben atender. Es interesante empezar a debatir hacia el interior de las organizaciones la violencia de género como hizo Estela Díaz en la CTA. La cuestión de la violencia contra la mujer atraviesa a todo el entramado social. Es interesante que en Sipreba se hicieron el espacio de señalar: “¿Qué capacidad tenés vos de representarme si oprimís a una mujer?”. Las escuelas y los sindicatos deben generar sus propias normas y procedimientos claros sobre cómo trabajar los casos de violencia: donde recibir las denuncias, cómo proceder, quién va a ser la autoridad para aplicar una sanción que ya tiene que estar establecida previamente. Esto es importante porque una tiene que poder conocer con claridad cuáles son las conductas sancionadas para decidir cometerlas o no como sucede en el sistema penal que no es retroactivo. Es importante que estén tabuladas las sanciones y que tengan relación con la gravedad del delito: no es lo mismo decir una guarangada que ejercer violencia económica o psicológica que matar a una mujer. Es entendible y razonable que tengan una sanción distinta porque sino caemos en el castigo indiscriminado.

¿Cómo se hace para que toda la justicia investigue y actúe con mayor perspectiva de género y no solo la UFEM?

–Vamos a sacar un protocolo de femicidio para que los fiscales sepan cómo actuar y una guía de actuación para casos de violencia familiar en construcción de herramientas generales. Hay que incorporar la perspectiva de género desde el principio de la investigación: siempre que se investiga la muerte de una mujer hay que presumir que es un femicidio porque es la forma de captar los elementos de violencia en el cuerpo de la víctima. También hay que seguir una serie de pautas como acompañar a las víctimas y escuchar a las comunidades. Además se debe fortalecer el análisis criminal.

¿Creés que son positivas las nuevas tecnologías del Plan de Acción contra la Violencia de Género presentado por el Consejo Nacional de las Mujeres?

–Hay que ver como lo implementan, pero es mejor que lo que tenemos. Se pone un dispositivo en el varón y otro en la mujer. Va a depender de la eficiencia policial cuando se activa. No es mágico ni viene a neutralizar todos los riesgos. La justicia tiene que seguir teniendo políticas activas para prevenir riesgos.

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Imagen: Constanza Niscovolos
 
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