La primera se presentó un año atrás. A los religiosos y religiosas de la Iglesia Diocesana de Comodoro Rivadavia no les llevó tiempo arroparla, alimentarla y darle cobijo a un agotamiento obligado por la situación de prostitución a la que fue sometida desde que un “conocido” la animó a preparar bolsos en su Misiones natal con promesas de trabajo bien pago en Chubut, “porque siempre nos decían que aquí podíamos salir de pobres”. Los obispados del sur argentino vienen registrando estos casos al menos desde 2001 y asistiéndolos desde diferentes organizaciones, al tiempo que algunas autoridades eclesiales habrían transmitido su “sensación de alarma” ante representantes de los gobiernos de Neuquén, Santa Cruz y Chubut. Precisamente, el gobernador de esta última provincia, Mario Das Neves, se puso al frente de una serie de operativos policiales y judiciales que entre el 12 y el 15 de enero destaparon una red de prostitución con llegada al norte y litoral argentinos. Se trata de una reparación a medias: las mujeres son devueltas a sus hogares, pero bajo la misma situación de indigencia y exclusión social de la cual escaparon antes.

Desde el 20 de septiembre de 2005, en comisarías jujeñas de diferentes departamentos se asentaron unas 50 denuncias por la desaparición de chicas de entre 14 y 19 años. Los hechos, que al principio fueron observados con la desidia traducida en frases de rigor policial (“se habrá ido con un novio”, “habrá salido con las amigas”, “ya va a volver”), fueron adquiriendo matices dramáticos cuando las familias se reprodujeron por cientos y comenzaron a hacer sonar los teléfonos de las sacristías patagónicas. Con Dios observando, la Policía Judicial comenzó a actuar luego de que algunos sacerdotes locales denunciaran que familias del norte del país pedían saber sobre el paradero de “jóvenes mujeres que partieron a la Patagonia con promesas de buen empleo” pero que luego desaparecían.

Las sospechas de esclavitud sexual en prostíbulos del sur se confirmaron entre el 13 y el 15 de este mes, durante allanamientos realizados en Las Heras (Santa Cruz), Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, donde se descubrió la presencia de tres menores de 17, 19 y 20 años “provenientes del norte del país”. “Dos están indocumentadas y son de Salta y Jujuy”, confirmó el ministro de Familia y Promoción Social de Chubut, Adrián López. Según trascendió, una de las adolescentes había permanecido secuestrada en las afueras de Comodoro Rivadavia, sometida a un régimen de esclavitud donde uno o más “regentes” se encargaban de golpearla, violarla, y obligarla a ejercer la prostitución. El juez a cargo de la causa, Emilio Porras Hernández, informó que 35 prostitutas prestaron su declaración como testigos. “Tres de ellas son extranjeras –confirmó–: dos de Colombia y una de Santo Domingo”, en ofertas de sexo que también incluyen a paraguayas, brasileñas y chilenas, y a las “trabajadoras golondrina” que llegan desde las zonas más empobrecidas de Tucumán, Chaco, San Luis, Mendoza, San Juan, Corrientes, Córdoba y Misiones.

El sistema de reclutamiento es similar al que se emplea en el resto del país, mediante avisos clasificados en diarios de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Chaco, donde se solicita “empleada doméstica para el sur a 2000 pesos por mes. Llamar al celular (...) no cabina”. Las jóvenes establecen contacto y acuerdan condiciones de trabajo con el supuesto empleador, que las espera en Comodoro Rivadavia y luego las traslada a viviendas particulares, pubs o cabarets de la ciudad, un universo de residencias temporarias de hombres vinculados con las actividades petroleras y pesqueras, principales usuarios de servicios sexuales legalizados y clandestinos.

“Algunas víctimas de los prostíbulos del sur relatan que al llegar a la ciudad dos hombres las identifican y las llevan a un local donde les retienen los documentos y les dan palizas feroces. A las chicas las quiebran a fuerza de privarlas de su libertad, no alimentarlas, violarlas y golpearlas, y casi siempre terminan aceptando mantener relaciones sexuales por terror a perder la vida”, explicó una operadora social bajo reserva de su identidad. “La prostitución es un sistema organizado. Existen empresas, empresarios de mayor o menor envergadura, dueños de un prostíbulo, cabaret u otros locales, o de varios”, resume. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la investigación del Cecym –dirigida por Silvia Chejter– analiza algunos meses de 1998 en Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Posadas, Neuquén y Puerto Madryn. La conclusión inmediata que se desprende al cabo de estos siete años es que el sistema prostibulario no varió un ápice y se realimenta. “Proxenetas que controlan y explotan desde varias personas hasta una sola; pueden abarcar tanto lugares lujosos como pobres; tener o no diversas ofertas. En todos los niveles de este sistema se encuentran sistemáticamente niñas/os y adolescentes prostituidas/os”, señala el trabajo, que también comprueba “la ineficacia de las intervenciones policial y judicial. Sus limitaciones y sus complicidades. Como también la falta de una voluntad coherente y decidida de producir cambios por parte del poder político”.

El gobernador Das Neves ya puso el énfasis sobre su intención de “ir a fondo” con la investigación. “Estas son cuestiones que el Estado no puede permitir, y que sean parte del comentario del ciudadano que dice: ‘cómo corre la droga, qué prostitución que hay’, y no hacemos nada.” Casi en el rol de ciudadano indignado, el gobernador reconoció la existencia de al menos dos redes de matriz mafiosa: “Esto uno lo notaba incluso de la simple lectura de los medios gráficos donde cada vez había más oferta relacionada con la prostitución”. Sólo se le escapó que en el medio de esa oferta y demanda figuraba un nutrido grupo de socios policiales y funcionarios municipales que se repartían ganancias, territorios y hasta mujeres, en tanto que uno de los oficiales implicados sería cafisho de una de las demoradas en los allanamientos. Los cinco imputados por presuntos delitos de violación de deberes de funcionario público, cuatro de ellos por supuesto cohecho pasivo, ya compartieron varias antesalas de la declaratoria judicial. Se trata de tres inspectores del área de Habilitaciones, del coordinador del área de Seguridad, Norman Saunders, y del subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Carlos Marsó.

El reparto entre rejas de nombres locales ilustres calmó por un rato los ánimos del obispo de Chubut, Virginio Domingo Bressanelli, que calificó de “gravísima forma de violencia” los casos de prostitución detectados y remarcó la necesidad de apoyar a la Justicia “para que la investigación alcance los distintos niveles de responsabilidad”, en un guiño claro de lo que la Iglesia observa desde hace rato en esa ciudad donde de alguna manera todos son parte. “Hay una probable red dedicada a la trata de blancas, entre ellas algunas menores. Se trata de mujeres, generalmente humildes, traídas bajo engaño a esta ciudad, con la falsa promesa de trabajo y luego obligadas a ejercer la prostitución –reveló–. En la raíz de la investigación efectuada está una solicitud de intervención planteada, hace un año, por nuestra Iglesia Diocesana de Comodoro Rivadavia, debido a hechos puntuales” de mujeres esclavizadas que también fueron asistidas por personal del colegio Dean Funes, en una articulación con el clero. El propio Das Neves dijo que “hubo una predisposición de las autoridades del colegio Dean Funes y del Obispado, y se trabajó en forma silenciosa, porque con todas las ramificaciones que esto tiene, si con antelación se toma conocimiento se frustra”.

Por el momento, gobierno y funcionarios judiciales y policiales no parecen dispuestos a que la investigación escape del alcance provincial, pese a que algunos organismos oficiales como la Oficina de Asistencia a la Víctima, de la Procuración General de la Nación, y la Organización Internacional de Migraciones a través del Proyecto Fointra (Programa de Actualización para la Lucha Contra la Trata de Personas) se comunicaron con los chubutenses a cargo para reforzar las vías de investigación y brindar contención a las jóvenes prostituidas.

Elena Solari, vocera de Fointra, detalló que “nos comunicamos con las autoridades provinciales como organismo de apoyo y cooperación, poniendo el acento en la prevención y la asistencia, pero por el momento la investigación seguirá en el resorte provincial”. La psicóloga social Mercedes Fernández, en declaraciones a Radio Crónica, de Chubut, explicó que no existen estadísticas sobre la explotación sexual de niñas, aunque la problemática se desarrolle a la vista de todos. “Hay determinadas zonas de la ciudad donde es posible observar a niños y niñas ‘trabajando’ en la calle. Son chicas de 14, 15 años que están en determinadas calles. Esto lo observamos todos y la responsabilidad también es de todos, porque tampoco podemos tirar la pelota a un solo sector. Hay vecinos que ven esto en las puertas de sus casas, los vemos quienes caminamos, los trabajadores del Estado, los médicos. Todo el mundo está al tanto de esto.”

El estudio del Cecym sostiene, a propósito de las respuestas sociales, que “hay procesos de naturalización e incluso de legitimación de esas prácticas en el imaginario social que contradice la proclamada voluntad de reprimirlas. La ineficacia de las intervenciones represoras como también el lenguaje ordinario contribuyen en gran medida a esta naturalización que se expresa en la idea de que hay que resignarse a estas prácticas, las que, se dice, siempre habrían existido y seguirán existiendo”. Cada día, menores de edad recalan en sitios alejados de sus lugares de residencia, acompañadas por hombres y mujeres que no son sus familiares y que suelen zigzaguear con éxito controles fronterizos y averiguaciones de paraderos. Del caso más sonado de Fernanda Aguirre, la adolescente de 13 años que desapareció del puesto de flores que su familia tenía en la localidad entrerriana de San Benito y que habría sido vista acompañada por adultos en otras regiones, se desprenden otros episodios testigos, como el de una niña chaqueña que a principios de 2005 llegó a Jujuy junto con un hombre y una mujer, fue ubicada por la Justicia y entregada a sus padres, quienes habían radicado una denuncia por averiguación de paradero y restitución al hogar. A la semana, las autoridades jujeñas volvieron a firmar otros tres capítulos de restitución.