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Viernes, 24 de noviembre de 2006

VIOLENCIA DE GENERO > TRABAJO

Asi en el trabajo como en la calle

Hasta ahora se han descripto al menos 30 modos de la violencia laboral, pero cuando la víctima es una mujer hay una figura que se sitúa al tope de la lista: el acoso sexual. Argentina es uno de los cuatro países con más incidencia de este modo de abuso que traduce la naturalización de la violencia sexual.

 Por Maria Mansilla

A ver cómo tienen las uñas de los dedos que usan para masturbarse... Seguro que cortas, para que no les raspe”, era uno de los comentarios que a diario disparaba Jorge R., jefe del equipo. Los muchachotes se reían. Las chicas, coloradas y demasiado ingenuas para tener veintipico, nos retorcíamos del asco tras tan inoportuno comentario. Pero ninguna relacionaba el retortijón con un síntoma de lo que las expertas llamarían: “Acoso leve, verbal, ya que incluye chistes, conversaciones de contenido sexual”. Es la cara más “leve” del acoso sexual que, a su vez, es una de las 30 caras posibles de la violencia laboral. Pero no una más: si hasta la Convención Belem do Pará lo apunta especialmente como una de las formas de discriminación contra la mujer. En él se conjugan la naturalización de la violencia sexual, la impunidad del victimario ante la dificultad para presentar pruebas en su contra, el abuso de poder y la herencia del derecho de pernadas.

“Si se acepta que la sociedad, por medio de sus instituciones, regula y sanciona comportamientos sobre lo permitido y lo negado socialmente para mujeres y varones llegamos al concepto de producción de identidades con un fuerte énfasis respecto de la subordinación del sujeto femenino. El género nace como una imposición social violenta sobre un cuerpo sexuado. Allí sobrevuela el concepto de violencia de género, y el acoso sexual se presenta como emblemático en este terreno. En el ámbito laboral se observa una recreación de este tipo de relaciones sociales. Por eso resulta necesario interrogarse sobre los procesos por los cuales una sociedad ha utilizado la diferenciación sexual para justificar jerarquías, injusticias y asimetrías de poder”, reflexiona Matilde Mercado, investigadora del Instituto Gino Germani.

Una de las encuestas que sigue siendo referente la llevó adelante la Organización Internacional del Trabajo, en 1996, en 36 países. ¿El resultado? Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra encabezaron el ranking de acoso sexual en ámbitos laborales. En nuestro país, el 16,6% de las trabajadoras había sido víctima de incidentes de carácter sexual. En la misma época, una investigación de UPCN arrojó que sólo el 12% de las acosadas hizo una denuncia. El 60% conocía la existencia de legislación para sancionarlo. Pero el 70% no entendía bien de qué hablamos cuando hablamos de acoso en el trabajo. Una década más tarde, la consultora Dalessio entró a las oficinas a preguntar lo mismo, a pedido de la revista Viva. Conclusión: los lugares de trabajo figuran segundos entre los sitios donde se producen situaciones “de incomodidad sexual”. La investigación no tuvo perspectiva de género, los resultados sí: el 10% de los varones se asumió como potencial abusador.

“Se está visualizando el tema, las mujeres se animan a denunciar. Antes, no encontraban aceptación, al contrario. Ahora, primero se trata de arreglarlo internamente. Acudir a la Justicia es difícil porque nadie quiere atestiguar por temor a perder el trabajo. Pero no es imposible: hay casos de resolución satisfactoria para algunas mujeres que habían sido despedidas cuando hicieron la denuncia, y luego tuvieron que ser reincorporadas –observa Susana Pérez Gallart, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)–. Cuando se visualiza, a medida que se va conociendo como delito, en lo popular, los victimarios se restringen. ‘No soy tan impune como creía, no soy tan atractivo como creía’, piensan. Muchas cosas se han logrado. La ley escrita, por ejemplo. De ahí a que penetre culturalmente, van a pasar años.”

ESPACIO INTIMO, VIOLACION PUBLICA

Un proyecto de ley nacional, con media sanción en el Senado, amaga con darle entre 6 meses y 5 años de cárcel al acosador, por cometer un delito penal. Valdría para el ámbito privado y para el público. Hasta ahora, en cambio, las normativas sólo alcanzaban el territorio estatal (Decreto 2385/93) y la máxima sanción era una licencia forzada o despido del victimario.

“Lo que hace falta es una modificación de la ley de riesgos del trabajo u otra ley para incorporar los riesgos psicosociales, que nadie previene, como la violencia laboral”, propone la socióloga Diana Scialpi, presidenta de Instituciones Sin Violencia. Y explica: “El acoso sexual no sólo puede darse en el ámbito laboral, pero cuando ocurre en el lugar de trabajo se produce en un espacio de intimidad, de privacidad, constituye una violencia interpersonal, del mismo modo que el acoso psicológico. Pero la violencia laboral también adquiere modalidades institucionales, como las violaciones a la ley. El acoso sexual perjudica a una persona, a la que hay que asistir y empoderar, por supuesto, y el mayor obstáculo para defenderse es probarlo. Las violencias institucionales, en cambio, son claramente verificables: un cargo de responsabilidad en manos de alguien no idóneo causa estragos en los resultados de la gestión pública. Al ser perpetrada desde los organismos públicos, equivale a la violencia que ejerce un padre frente a un hijo o hija, porque es la violencia de la fuente de protección convertida en fuente de daño”, denuncia Scialpi, autora de Violencias en la Administración Pública.

Instituciones Sin Violencia promovió la creación de una Oficina de Denuncias de Violencia Laboral para atender reclamos sobre maltrato a servidores públicos. “Nadie se ocupa, por ejemplo, de denunciar que el 85% de los organismos públicos viola la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Vos, yo, el vecino y todos en la función pública estamos en riesgo, podemos tener un Cromanón en cualquier momento. ¿Por qué no denunciamos esa violencia institucional que es fácil de probar? –lamenta Diana Scialpi–. Otro ejemplo que incluye una acordada de la Corte Suprema de la Nación, que en democracia bien podría modificarse, y constituye violencia de género es un fallo del año 97, que surgió de una investigación de Matilde Mercado: le niega su licencia por parto a una mujer porque su hijo nace muerto. Es una clara desprotección a la maternidad, violatoria de cualquier tratado internacional. ¡Caramba si no es violencia contra la mujer!”

Pensando en violencia laboral por razones de género, Scialpi agrega el dato que faltaba: el de “el techo de cristal”, la discriminación salarial entre varones y mujeres que realizan las mismas tareas.

POBREZA, CON A

Más de una militante por los derechos femeninos le habremos pedido estos dos deseos a Aladino o a la Triple Diosa: “Una mujer en el Ministerio de Economía. Otra en el de Desarrollo Social”. Y se cumplió. ¿Se cumplió? Las cifras que marcan la diferencia, del otro lado de sus despachos, siguen en carne viva:
  • En el ítem “trabajadores/as sin salarios” de las encuestas del INdEC, ellas son 3 veces más.
  • Sus hogares, cuando sólo ellas están a cargo, son más pobres y más indigentes que los hogares con jefes varones.
  • En los 90, la población pobre, en hogares con jefas mujer y menores de 14 años, aumentó casi el 50%. La indigencia se cuadruplicó en hogares con jefas mujeres.

Alerta Argentina evaluó el cumplimiento de los derechos humanos durante el 2005, y entre uno de los veinte llamados de atención advierte: “Incorporar la dimensión de género al análisis de la pobreza implica asumir que la posición social de la mujer es desigual y que la experiencia femenina de la pobreza puede ser diferente y más aguda que la de los hombres debido a las formas de exclusión y discriminación que las mujeres viven cotidianamente en este contexto social. Las políticas neoliberales, que han venido liquidando los derechos conquistados por trabajadoras y trabajadores, afectan de manera especial a las mujeres. No se trata sólo del desempleo, sino también del crecimiento de la precariedad de los puestos de trabajo, que forma parte de un rasgo estructural del país –detalla el informe–. La violencia de género se practica y se expresa a través de varias formas de violencia además de la física, pues ésta casi siempre se acompaña de actos coercitivos, violencia psicológica y emocional. Asimismo, incluye formas estructurales como la feminización de la pobreza, la discriminación salarial, la segregación sexual del mercado de trabajo, el tráfico de mujeres, la esclavitud y la violación”.

Volviendo a los deseos concedidos por el genio de la lámpara, “el avance de la mujer, en nuestro medio, en ocupar puestos de decisiones donde se diseñan políticas públicas es un avance cuantitativo. Tenemos que pensar en lo cualitativo y en cómo ellas puedan tener esta mirada de género para diseñar políticas contemplando las desigualdades culturales históricas. Los organismos internacionales están marcando bastante este tema”, señala Rosa Acuña, abogada y psicóloga, miembro de Comité para América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (Cladem).

“El PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), en su último informe, habla de la Argentina después de la crisis y señala que el desarrollo humano comprende una serie de puntos a tener en cuenta, y destaca aquellos en los que las mujeres puedan alcanzar la igualdad de oportunidades en el campo laboral, igual salario por igual trabajo, entre otros. También dice que las políticas para erradicar la pobreza y la desigualdad son el cimiento para la transparencia del sistema político, y requieren políticas culturales que eduquen para vivir en democracia. Sí, suena hermoso; es una tarea en la que tenemos que estar todos”.

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