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Viernes, 17 de abril de 2009

ENTREVISTA

Comunicación urgente

Para la profesora e investigadora Susana Sel –cuyo objeto de estudio se centra en el cine documental como expresión privilegiada de mensajes alternativos a la industria–, la elaboración por parte de sindicatos y organizaciones sociales de los 21 puntos básicos sobre los que se elaboró el proyecto de ley de comunicaciones audiovisuales que impulsa el Gobierno es uno de los hechos más destacables de participación social en relación con la defensa de la libertad de expresión. Esa participación social, asegura, es la que debe profundizarse para defender a la libre comunicación como un derecho humano.

 Por Laura Rosso

Susana Sel es profesora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Artes Visuales del IUNA. Su objeto de estudio es el cine como un modo de representación histórico y social: “Trabajo el cine en su potencialidad de vehiculizar mensajes e incidir en la constitución de subjetividades. Focalizo en el documental en tanto herramienta de comunicación alterna a los circuitos cerrados de una actividad mediática totalmente monopolizada. Durante las últimas décadas, con la introducción del formato digital, se ha extendido este tipo de producción como medio de comunicación, que argumenta una representación e interpretación del mundo y de la experiencia colectiva, en un contexto de desigualdades extremas. Por eso, mi interés está puesto en la práctica política generada por este tipo de producciones, que –-históricamente asumido por las vanguardias– dio cuenta de las transformaciones sociales del siglo XX, y que en nuestro país se expresó desde el documental social de Fernando Birri y la Escuela Documental de Santa Fe a fines de los ‘50, hasta el documental político-militante de los ‘70, y actualmente en un cine urgente o de intervención como formas de reclamo social”.

En esta conversación con Las12, Susana Sel, directora también de documentales sociales y compiladora de varias publicaciones, da cuenta en su análisis del papel que cumplen hoy los medios en nuestra sociedad.

¿Qué implica pensar la comunicación en tanto práctica política y cultural?

–Los seres humanos siempre establecemos formas de interacción comunicativas con nuestros semejantes, tanto directas como mediadas tecnológicamente. De ahí que la comunicación es una forma de relación social, y como tal está inmersa en las prácticas económicas, políticas y culturales más amplias, que funcionan como contexto de producción de mensajes e interpretación de discursos historizados. En un contexto regido por la cultura de masas, la lógica mercantil convierte a la comunicación en simple mercancía y sus mediaciones no expresan las vivencias humanas, sino los valores e intereses de un poder, también mediático, cada vez más concentrado. Es este mercado excluyente el que determina los límites de una comunicación que abarca el ámbito más general de las relaciones entre información, educación y cultura, y es también el que construye, a través de la manipulación y homogenización, el imaginario de una sociedad, la constitución del espacio público y una democracia restringida que garantiza sólo los intereses de un sector de la sociedad. Por eso se hace imprescindible construir otros espacios en una sociedad democrática y participativa, que a través de la diversidad, pluralidad y ética comunicativas estimulen la formación de una conciencia crítica, autónoma e independiente.

¿Cuál es tu análisis acerca del papel que cumplen hoy los medios en la construcción social de la realidad?

–Los medios de comunicación no construyen su relato en base a la información, se han convertido en abiertas y reiterativas usinas de opinión y desinformación, sin ningún tipo de vocación ética por informar o educar. Desde una perspectiva comercial, la información se compra y se vende, sólo con el objetivo de obtener beneficios. La repetición de una misma noticia durante las 24 horas, mensajes basados en rumores, el uso de estereotipos descalificatorios, la importación de términos acríticos, la tergiversación en la edición de mensajes y la inclusión de la publicidad, dan cuenta de los condicionamientos impuestos por una masificación de mensajes dirigida a modelar conductas. A través de discursos dominantes, con elementos de espectacularización, la construcción informativa intenta presentarse como reflejo de la realidad, y de esa forma, evade la explicitación de los mecanismos que revelan sus objetivos como sujetos políticos y sociales.

¿Cómo definís los mecanismos a través de los cuales los grupos monopólicos de radio, televisión y diarios legitiman su poder y logran establecer consenso?

–Los grupos monopólicos de medios, aprovechando las ventajas de la convergencia tecnológica, han usufructuado el poder a través de la regulación del mercado, y rechazando la intervención del Estado que representaría, para ellos, una forma de censura a la libertad de prensa. Pero si el mercado garantiza la libertad de aquellos que tienen poder económico como para participar, el Estado debería intervenir a fin de garantizar la libertad de expresión de todos. En el capítulo IV de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe anual 2002, se expresa que las mayorías pobres de América latina no pueden ejercer su derecho a la libre expresión. Por lo tanto, lo que debería garantizarse es el derecho humano a la información y a la libre expresión. Y respecto de las frecuencias radiales y televisivas, que son limitadas y patrimonio de todos, deberían ser administradas por el Estado, que es quien las debe asignar equitativamente, dado que constituyen un bien público, y hoy mayoritariamente son usufructuadas por los monopolios mediáticos.

¿Cómo y dónde se vislumbra la resistencia a este poder en nuestro país?

–La amplitud y diversidad de resistencias a la hegemonía informativa se expresan en experiencias diversas, que aun con límites difusos se verifican como comunitarias, populares, libres, alternativas. Las prácticas de mediactivismo cibernético, los colectivos audiovisuales, radios FM, televisoras de baja potencia, prensa y agencias, en algunos casos constituidos como redes nacionales en el campo informacional, conforman un activismo mediático a nivel regional y local. Si todo este movimiento se articulara con las esferas nacionales y globales, podría establecerse un sector público mundial y no lucrativo que reemplace o complemente a los medios comerciales mundiales. En estas condiciones, para generar cambios significativos, la presión de los sectores populares deberá transformarse en hegemonía dentro de un bloque alternativo capaz de articular el eje de la acumulación con el eje de la distribución en el marco de un nuevo modo de acumulación. De allí que la comunicación democrática debería funcionar como instrumento efectivo para la consecución de una economía y, por ende, también una sociedad más justa.

¿Cuáles han sido las últimas experiencias concretas de participación social e intervención política tanto a nivel local como regional?

–Creo que hay dos hechos importantes en lo local en este camino. Por un lado, la formación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en 2004, conformada por un amplio espectro social: sindicatos de trabajadores de prensa y comunicación, las dos centrales obreras (CGT y CTA), organismos de defensa de derechos humanos, universidades nacionales, federaciones de radios comunitarias, pymes de comunicación, el movimiento cooperativo, organizaciones sociales y políticas, Iglesia, realizadores y productores, y que acordó los “21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión de la Democracia”. Por otro, la Propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la Presidenta de la Nación presentó el 18 de marzo en La Plata, basada en los 21 puntos, y que reemplazaría el DecretoLey de la Dictadura 22285/1980 aún vigente, y mediante el cual la dictadura militar excluyó de la radio y la televisión a sindicatos, mutuales, cooperativas, norma que fue modificada para permitir, durante el gobierno de Carlos Menem, la formación de los grupos monopólicos que hoy dominan el mercado comunicacional argentino. Esta nueva propuesta intenta regular la actividad, incorporando elementos presentes en otras legislaciones como la europea, canadiense y otras. La situación latinoamericana, en particular la promulgación de la Ley de Responsabilidad Civil en Radio y Televisión en Venezuela durante el año 2004, que recoge el debate y las acciones sobre democratización, participación y acceso a los medios, es uno de los intentos más serios de remisión a los principios formulados como Políticas Nacionales de Comunicación en los ‘70. Este proceso venezolano de reformulación de servicio público tiene la particularidad de proyectarse a partir de las experiencias comunitarias, en un complejo contexto de convivencia con los medios masivos en poder de grupos concentrados del capital que monopolizaron el campo de la información en las últimas décadas y resisten las nuevas políticas regulatorias.

¿Cuáles son los límites y las potencialidades de estas propuestas en un contexto de tanta concentración mediática?

–Creo que la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual intenta garantizar una mayor pluralidad, diversidad y libertad de expresión, que constituyen también la garantía del ejercicio universal del derecho humano a informarse y a ser informado, opinar e investigar, y que aseguran la participación ciudadana. La división del espacio radioeléctrico en 33% para el sector público, 33% para el sector comercial y 33% para el comunitario, así como las regulaciones respectivas a la producción nacional y la intervención de la sociedad en los organismos de control, son medidas tendientes a combatir la concentración y monopolización de la actividad mediática. Por otro lado sería ingenuo pensar que el poder económico que se expresa también en estos monopolios aceptara las regulaciones estatales y pérdida de espacios preferenciales que han detentado también articulados con políticos y empresarios. Para muestra basta un botón: el mismo 18 de marzo, luego de la presentación del proyecto, las declaraciones de los representantes políticos de la oposición, en el sentido de que la discusión de una ley de radiodifusión es simplemente “una pantalla de extorsión para generar en los medios un ámbito más de control gubernamental”, o que el anuncio “está destinado a seguir presionando a los medios de comunicación” (18/03/09 Crítica Digital), o “vamos a defender a los grupos económicos” (20/03/09, Clarín). En este contexto, se verifican las dificultades de lograr una democratización de la comunicación basada exclusivamente en las decisiones de los representantes políticos, por eso es imprescindible una gran participación popular, que accione como actor central de las transformaciones que afectan no sólo a la comunicación mediatizada sino al proceso social y político general.

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