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Viernes, 27 de mayo de 2011

ENTREVISTA

Con la politica como estrategia

Mariana Gras está al frente de la Subsecretaría de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social, y tiene en sus manos el armado de un Plan Nacional que articule recursos e ideas con todos los ministerios y jurisdicciones para que la violencia de género deje de ser un número encriptado en noticias policiales que poco dicen de las víctimas más que el tamaño de las heridas. Con apenas 30 años, sin formación feminista –según admite–, apuesta a poner el tema de la violencia sexista en la agenda de los sindicatos, las escuelas, la televisión, los ministerios, las organizaciones sociales... en la sociedad misma, en definitiva, como único modo eficaz para convertir la necesidad de su abordaje en una urgencia de todos y todas.

 Por Roxana Sandá

Al menos cuatro casos de femicidio marcaron los últimos quince días en los medios nacionales, con el hallazgo en una ruta de Neuquén del cadáver de una mujer que habría sido asesinada por su ex pareja; la sentencia a cadena perpetua del ex basquetbolista Alejandro Bertotti por las 24 puñaladas con que dio muerte a su esposa embarazada de seis meses, Natalia Vercesi; la ronda de alegatos en el juicio a Daniel Bellini, el dueño del boliche Pinar de Rocha, por el asesinato de su mujer, Morena Pearson, y la detención de un hombre acusado de estrangular con un cable a su ex pareja, de 20 años, luego de debilitarla a trompadas porque la joven no quería volver con él. Son relatos individuales que se escurren de la violencia colectiva de género en la Argentina, con hambre de estadísticas oficiales y de un diseño de políticas menos fragmentadas.

“En eso estamos”, aseguró Mariana Gras, flamante subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene en sus manos el armado del Plan Nacional. “El Gobierno impulsa un frente de políticas interministeriales para erradicar la violencia contra las mujeres. A las carteras de Desarrollo Social, Justicia y Salud se sumó la Secretaría de Derechos Humanos, que se presentará como querellante en estos casos”, a partir de un convenio con Desarrollo Social.

El organismo se comprometió a presentarse en todas aquellas causas donde se verifique la muerte dolosa de una mujer y resulte imputado un ascendiente, descendiente, cónyuge, o aquella persona con quien hubiera mantenido una relación de pareja. También en los casos de muerte dolosa de una mujer por odio de género y en los que se verifique riesgo fehaciente de vida de una mujer con motivo de la violencia de género.

¿Qué estrategias comunes van a articular Desarrollo Social y Derechos Humanos?

–El objetivo del convenio es la cooperación y asistencia recíproca para elaborar e implementar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Articula recursos y actores para construir una respuesta interinstitucional de prevención de todos los tipos de violencia contra las mujeres, y la atención integral a mujeres víctimas de violencia y su familia a cargo. Un aspecto importante es la coordinación de acciones para modificar las estructuras simbólicas que influyen en las estrategias institucionales de atención, asistencia y prevención.

Durante el Primer Coloquio Internacional de Observatorios de Género y Violencia contra las Mujeres, que organizó el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) a principio de mes, se manifestó la necesidad urgente de crear un registro único de casos.

–¡Es que ya lo estamos haciendo! Me queda claro que ese registro profundiza la búsqueda para constituir herramientas de sistematización de datos. Y para eso vamos a trabajar con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. También nos reunimos con integrantes de la Oficina de Víctimas de Delitos, de la Procuración General de la Nación. Tratamos de establecer vínculos reales con los organismos para dar soluciones concretas y después traccionar hacia todas las provincias.

Defina políticamente el significado de violencia de género para este ministerio y por ende para el organismo que dirige.

–La violencia de género es una cuestión de injusticia social que vive un gran porcentaje de las mujeres en la Argentina y debemos crear conciencia de esta realidad. Debe ser tomada como bandera intergeneracional cuando hablamos de un proyecto nacional y popular. Agreguemos que la dinámica de trabajo de Alicia Kirchner tiene que ver con un armado de políticas en función de la demanda territorial, respetando la equidad y la identidad de cada uno de los territorios. Pero es necesaria una construcción cultural en torno de esa cuestión de la mujer sola que sufre violencia patriarcal, psicológica, física, sexual, económica o simbólica dando por naturalizado que le corresponde vivir esa situación, que no hay otra solución y que además no percibe una condena social. El cambio de las percepciones culturales va a permitir dejar de considerar la violencia doméstica como un tema tabú.

¿Cómo piensan crear esa conciencia social?

–Uno de los ejes centrales es llevar adelante una política de educación primaria, secundaria y universitaria que tenga que ver con la diversidad de género. Hay que poder dirimir todos los flancos abiertos, pero si no tomamos una posición colectiva que repudie ese tipo de violencia en la Argentina, va a ser muy difícil que salgamos adelante. Podemos tener una política de Estado como la Ley 26.485 –de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales– y una política territorial de asistencia, pero necesitamos cambiar el sentido común.

¿Cuál es su percepción sobre la violencia contra las mujeres desde que ocupa este cargo?

–Puede sonar naïf, pero yo creía que había un piso común en la evaluación de la violencia. Ahora me encuentro con lugares donde me dicen: “Bueno, no es tan grave. Acá nosotros pegamos con las manos abiertas, no cerradas”. Se presupone que toda la sociedad considera que la violencia está mal, pero cuando le ponés nombre, apellido, cara, calle y casa, empieza a tomar forma el miedo a involucrarse, que tiene que ver con el discurso hegemónico implantado por la dictadura militar del no te metás. En este sentido me parece vital construir un proyecto con la juventud.

¿Esa certeza la heredó de su experiencia al frente de la Dirección Nacional de Juventud?

–En la dirección empezamos a elaborar una capacitación en espacios provinciales y en ese proceso nos encontramos con la necesidad de crear talleres de sensibilización en el marco de la violencia en el noviazgo. Voy a ser franca: por una cuestión de mi experiencia personal de vida, no pensaba que fuera necesario. Pero se convirtió en un tema demandado por las instituciones que representaban las áreas de juventud. Lo que nos pasó y esto es políticamente incorrecto pero es una realidad incontrastable es que, efectivamente, sensibilizamos que en el noviazgo se sufre violencia, ¿y después qué? No encontrábamos dónde estaba la vuelta de cuál es el acompañamiento y la posibilidad de construir otra realidad, otros vínculos.

¿Y qué hicieron entonces?

–En el contexto de juventud, que tenía que ver con una situación de abandono, con áreas que no tenían presupuesto asignado y con una lógica y un discurso hegemónico que abarcaba a esa franja en términos de conflicto, nos abocamos a otra lógica de la reconstrucción del tejido social, de la solidaridad, del protagonismo de los jóvenes desde lo colectivo.

¿Con qué otros sectores están trabajando el abordaje de la violencia de género?

–Por medio de la capacitación con sindicatos, lo cual ya es todo un tema. Durante años fui militante del gremio de los judiciales, y si hay un universo machista, me consta que es el sindical. Realizamos talleres en colegios secundarios y en las universidades. Trabajamos con los comedores comunitarios, donde el 80 por ciento es liderado por mujeres. Con organizaciones sociales y políticas, con las mesas de gestión del Programa Nacional Abordaje Integral y con los Centros Integradores Comunitarios (CIC). La iniciativa se completa con las consejerías federales, los Centros de Referencia (CdR) de Desarrollo Social y las organizaciones del Consejo Consultivo ad honorem. Así y todo, este mapa no abarca la totalidad.

Para algunos colectivos que trabajan desde una perspectiva de género, el trabajo que realiza el Consejo Nacional de la Mujer tampoco alcanza o por lo menos no se visualiza.

–Pero la decisión política de la construcción de la Ley 26.485 y su reglamentación salió de ese organismo gracias al trabajo de su titular, Lidia Mondelo. No entiendo las críticas. Me cruzo con mujeres con años de militancia que vienen peleando para poner esto en la agenda y comprueban que la decisión del Gobierno de lograr políticas específicas se lleva a cabo. Sin embargo parece que no pueden dar el salto, y creo que tiene que ver con una construcción cultural de resistencia.

También se le cuestiona el presupuesto que tiene asignado.

–¡Todo el mundo me plantea que el Consejo no tiene presupuesto! A mí no me hables de plata, hablame de política. Néstor Kirchner dijo una vez que “para los derechos no hay techo”. Esta es una problemática transversal a todos los sectores sociales, por lo tanto no hay presupuesto alguno que afronte todas las demandas que pueda presentar. El CNM está enmarcado en el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, la reunión de ocho ministros del gabinete nacional para definir acciones conjuntas, que preside Alicia Kirchner, por lo tanto no hace falta discutir presupuestos, sino las políticas. Si tengo un problema de acceso a la Justicia de las mujeres, la solución no es pedir un ministerio paralelo.

Es lo que proponen muchas voces desde el movimiento de mujeres.

–Es una estrategia incorrecta porque colocan la estructura sobre la persona. Hablemos de políticas y ocupémonos de generarlas. Todo lo demás tiene que ver con la prepotencia del trabajo. Pero decir que primero discuto la estructura y después la política cuando en el medio tengo asesinatos de mujeres, me parece incorrecto moral, ética y políticamente.

¿Cuáles son las acciones prioritarias de la subsecretaría?

–Llevar adelante políticas de salud, como un protocolo de urgencia y asistencia para casos de violencia en las salas de guardia, que puedan utilizar médicas y médicos de todo el país y que permita obtener datos para derivarlos al observatorio, sistematizarlos y adoptar las decisiones políticas. Queremos lograr que los profesionales de la salud tengan la obligatoriedad de denunciar y de ser testigos en las causas de mujeres golpeadas, que también rompan con ese círculo del “¿Sabés la cantidad de mujeres golpeadas que veo por noche en las guardias?”. Necesito que se involucren; no voy a poder modificar las cosas si para ellos la violencia contra las mujeres es un hecho consumado.

¿Se está trabajando en la elaboración de esos protocolos?

–Sí, pero entendemos que un documento de estas características hay que trabajarlo con el Ministerio de Salud y después con el Consejo Federal de Salud, respetando la identidad y la cultura de cada provincia, con una base común de acuerdo nacional.

La ley hace hincapié en la violencia obstétrica. ¿Cómo piensan reglamentar ese aspecto?

–Hay dos políticas claras: una es la toma de conciencia por parte de mujeres y hombres de cuáles son los derechos que tienen para decidir sus propios partos, y la otra es el trabajo con los protocolos médicos, “humanizar” a los profesionales de la salud.

Surge también la cuestión del aborto no punible y los obstáculos hospitalarios para interrumpir embarazos en casos contemplados por ley.

–Mi posición personal no incide, y si bien en términos institucionales puedo decir que para esta gestión no existen temas tabú, creo que algunos deben ser discutidos por la sociedad en su conjunto. Si la sociedad quiere discutir sobre el aborto acompañaremos esa discusión, pero no podemos imponerla. Las leyes sin sustento colectivo caen en su propio desprestigio. Y hemos visto que la construcción social de la normativa es la que permite tener una ley de medios o de matrimonio igualitario.

Uno de sus objetivos cuando asumió, en septiembre de 2010, era la construcción de refugios para mujeres que sufrieran violencia. ¿Se avanzó en ese punto?

–Había voces que se oponían a su creación porque consideraban que no era la solución. Para nosotros tampoco, porque la solución es reconstituir la autoestima de la mujer y darle independencia económica. Sucede que en el medio está la situación de violencia extrema y apenas dispongo de 750 camas en todo el país. Una cosa es decir los refugios no son la solución sentada en un escritorio, y otra es que a las tres de la mañana una mujer golpeada brutalmente con sus cinco hijos no tenga dónde dormir.

¿Cuántos se están construyendo?

–Firmamos convenios para la construcción de siete y van a funcionar este año. De mínima, queremos uno por provincia. El proyecto se gestiona con el Ministerio de Planificación y está en evaluación en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que plantea un refugio de 30 personas cada 80.000 habitantes. Es un despliegue territorial importantísimo que se realizará con provincias, municipios y ONG. Se están elaborando los protocolos de asistencia, atención y admisión. Algunos de los refugios que ya funcionan se encuentran en La Rioja, Río Negro, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Santa Fe.

¿Cuánto le molestaron las críticas que recibió por la campaña 260 hombres contra el machismo?

–¡Sentí que era la traidora más grande al género de la faz de la Tierra! (risas). ¿Por qué? Porque decidí encarar una política de sensibilización con hombres. Cuando propuse esta idea me avisaron que me iban “a liquidar”, pero no coincido en que sólo se puede abordar una transformación cultural con las mujeres. No son cuestiones excluyentes, y si no creo conciencia en el violento, que me expliquen cómo hago para resolverlo. Entre otras cosas, aspiro a desarrollar una política con el Poder Judicial en la que a partir de las sentencias sobre estos casos, se pueda trabajar psicológicamente con el golpeador o el violento. Y esto tiene que ver con desandar y romper estructuras anquilosadas.

¿Qué ejemplo podría llevarse a la práctica?

–En un plenario con una organización política me preguntaron cómo podían acompañarnos y qué políticas llevar adelante. Les dije que en su estatuto deberían establecer la expulsión de miembros de la organización que tengan sentencia firme en casos de violencia. Si logramos que el Partido Justicialista y por extensión todos los partidos políticos establezcan ese límite, sería un ejemplo único en el mundo. Pero de ninguna manera concibo una construcción si no la hacemos intergeneracionalmente e intersexos.

¿Cuántos años tiene?

–Tengo 30 años y sé bastante. Y definitivamente sostengo otra mirada de las cosas, trabajando en un proyecto político que busca revertir las injusticias sociales. Sé que no vamos a alcanzar bienestar hasta que en la Argentina no esté el último desocupado con trabajo y la última mujer viviendo en las condiciones de vida que elija vivir, no las que le impongan. La violencia de género atraviesa todos los sectores sociales, más allá de la franja que se trate, porque en el común de los casos esas mujeres están sometidas económica y psicológicamente. La gran diferencia es que una va a misa los domingos y le rompe la tarjeta de crédito al marido, y la otra trata de ver cómo hace para llegar a fin de mes y darles de comer a sus hijos.

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