Roberto Piazza fue abusado por su hermano mayor, Ricardo, durante diez años, en la casa que compartían junto a toda su familia, en la ciudad de Santa Fe, según contó en su libro Corte y Confesión. El 10 de abril del 2009 le dijo a Las/12 en la nota “La confesión que cortó el abuso”: “Hay leyes que cambiar. Por ejemplo, no tiene que caducar la posibilidad de denunciar a un violador. Si te violaron a los 5 años y a los 30 recién tomaste coraje para denunciar. ¿Por qué no se puede?”. Su propia vida es una muestra de que su violación estuvo encapsulada hasta que se atrevió a contarla. “Yo hace 49 años tuve que enfrentarme a ser abusado de las formas más aberrantes que se te puedan ocurrir y no decir nunca nada. Y lo estoy diciendo ahora”, confesó hace dos años.

El abusador suele amenazar, silenciar, atemorizar a su víctima. No es sencillo procesar la violencia que se sufre y –mucho menos– contarla. Por eso, es habitual que la intención de contarlo y hacer justicia surja muchos años después. Incluso, para ayudar a otros, como cuando Roberto se enteró de que su sobrino Ramiro también era abusado por su padre (el mismo que abusó de él) e intentó que fuera a la cárcel, pero la prescripción del delito fue uno de los obstáculos.

Piazza no se quedó en la catarsis. Promovió un cambió en las leyes. Sus abogados redactaron una propuesta que fue presentada por María Eugenia Estenssoro en el Senado y aprobada, posteriormente, en la Cámara de Diputados. La nueva norma fue sancionada en el Congreso por doscientos votos a favor y tres abstenciones. Pero sólo dos personas se abstuvieron por indiferencia: Cynthia Hotton (Valores para mi país) y María José Areta (del Frente de todos - Partido autonomista). Mientras que Marcela Rodríguez (ex ARI e histórica luchadora por los derechos de género y la diversidad) pretendía ampliar la ley, pero prefirió no impedir la aprobación de la norma.

La iniciativa modifica el artículo 63 del Código Penal que establecía “La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse” con una sanción de aproximadamente doce años. La extensión del tiempo para denunciar lleva el nombre del diseñador de modas (se conoce como ley Piazza) y amplía los plazos de caducidad para presentarse ante los tribunales por los delitos que afectan la integridad sexual de los menores de edad y extiende la prescripción del abuso sexual hasta la mayoría de edad de la víctima. Estenssoro resaltó: “La idea es que la extensión del plazo incentive la función preventiva que el derecho penal aporta a la sociedad y que disuada el obrar delictivo de los futuros potenciales agresores”.

La nueva norma es un avance. Aunque muchos/as piden que no exista, directamente, un límite para poder presentar el caso ante la Justicia. El médico psiquiatra Enrique Stola subraya: “Es un paso que se corran los plazos de prescripción. Aunque el delito de abuso sexual no tendría que prescribir en ningún momento, porque la agresión psíquica es tan devastadora que la víctima debe ponerse en condiciones para denunciar, controlar sus miedos, superar sus bloqueos y, en muchísimos casos, el olvido (por la represión de la situación traumática) y para los tiempos psíquicos y el sufrimiento no vale el calendario. Es un delito que, inscripto en el cuerpo, está siempre presente y merece un tratamiento diferenciado. Por eso, es necesario producir conciencia de que la no prescripción es un acto de justicia”.

Un ejemplo claro de esta situación fue la del artista plástico Peter Malenchini, quien cuando era profesor en la primaria del colegio San Juan, de San Isidro, abusó de varios alumnos, según confesó en una cámara oculta realizada por sus víctimas. Sin embargo, la reacción de los abusados y la confesión del abusador salieron a la luz treinta años después del delito. Por eso, la violación no pudo ser judicializada.

La psicóloga María Beatriz Müller, presidenta de Salud Activa y del Comité Organizador del 3er Congreso Internacional “Violencia, Maltrato y Abuso”, apoya la nueva medida: “Creo que este cambio es sumamente importante y va a ayudar a muchos niños y niñas que no tienen manera de ser protegidos durante la infancia, ya sea porque la familia no les creyó, por las complicidades intrafamiliares o por temor o desconocimiento. De esta manera se podrán cerrar muchas historias que en el abuso infantil quedan abiertas como si fueran heridas que nunca dejan de sangrar, porque el castigo y la intervención de la ley con los victimarios son parte del proceso terapéutico. Esta modificación es algo que permitirá liberar a muchas víctimas del dolor que vienen acarreando”. Aunque, ella también, coincide con Stola en no dejar de reclamar más avances: “El siguiente paso es considerar al abuso sexual infantil como un delito de lesa humanidad”.

La psicóloga Pilar Vendrell, integrante de Profesionales Latinoamericanos/as Contra el Abuso de Poder, también siente que es un signo positivo, pero que falta más para terminar con la doble violación de la impunidad. Ella explica: “La Cámara de Diputados convirtió en ley una modificación al Código Penal estableciendo que en los delitos contra la integridad sexual, cuando la víctima fuera un menor, la prescripción de la acción comenzará a correr a partir de la cero horas del día en que éste/a adquiera la mayoría de edad. El espíritu de esta medida está basado en la dependencia que niños y niñas tienen de quienes los representan para denunciar los hechos, sabiendo que muchas veces es precisamente la familia o los cuidadores responsables quienes deciden no denunciar, ya sea por no enfrentar esa situación, por restarle credibilidad a la palabra de chicos y chicas o porque entre esos adultos se encuentra el victimario. Así, alcanzada la autodeterminación legal podrían presentarse solos a la Justicia. Sin ignorar el avance que esto produce, no se ha analizado que el tiempo cronológico no coincide con el tiempo interno de quien ha padecido un trauma y que las consecuencias pueden incluir el olvido transitorio de lo ocurrido, la permanencia en el tiempo del temor al agresor, el miedo al rechazo familiar o grupal y la vergüenza que acompaña todo hecho sexual violento. Ese desarrollo es imposible de medir en días, meses o años y, por lo tanto, incompatible con mecanismos legales comunes”.

Vendrell afirma: “Denunciar el abuso sexual es un derecho inalienable de las víctimas y no puede estar sujeto a los límites temporales que rigen otra clase de delitos. Por eso, no es suficiente considerar la mayoría de edad como factor único de libertad interna para poder asumir la responsabilidad de una denuncia legal y este delito debe ser imprescriptibles y solo respetando el momento en que quienes han sido víctimas pueden recuperar su posibilidad de elección y decisión se estará frente a un acto de justicia”.