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Viernes, 19 de octubre de 2012

ENTREVISTA

La tierra y la sangre

La semana pasada hubo otra muerte producto de la disputa por la tierra entre integrantes de pueblos originarios que la habitan ancestralmente y quienes la explotan, fundamentalmente sembrando soja. Silvia Ramírez, abogada y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, explica por qué desde 2009 hubo al menos nueve muertes que aún están impunes en este conflicto a pesar de ciertos avances conseguidos por los pueblos indígenas.

 Por Irupe Tentorio

Más allá de los diferentes códigos que existen entre los diversos Pueblos-Comunidades Indígenas, lo que las une es la hermandad con la tierra. En la actualidad y desde el 2006 está vigente la ley 26.160 de Emergencia Territorial, que prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspender los desalojos. Pero sin embargo existe un muy bajo nivel de ejecución. Así lo denuncia un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que relevó la aplicación de la norma, al señalar que “la ley parece ser usada más para frenar los reclamos indígenas que para reparar el daño que durante más de 200 años sufren los pueblos originarios que habitan el país”.

Silvia Ramírez, abogada y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (A.A.D.I), quien desde hace más de una década se especializa en la defensa de los pueblos originarios da cuenta de que: “El gobierno nacional se hace cargo de los desalojos cuando la sangre llega al río. Un claro ejemplo fue lo que sucedió en la Comunidad Primavera en la provincia de Formosa”, y hace pocos días el lamentable fallecimiento de Miguel Galván. Un campesino de 40 años, que formaba parte del Mocase-VC y del Pueblo Lule-Vilela.

Miguel vivió, trabajó y murió defendiendo su tierra en el Paraje Simbol, en el límite con Salta, y fue en ese mismo territorio que recibió una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero cuando se negó a desalojarla. Durante todo el año existieron amenazas contra su familia de parte de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios, los que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas. Dichas amenazas fueron denunciadas en la comisaría regional correspondiente, pero nunca la Justicia actuó a favor del reclamo de Miguel Galván. Sus compañeros, quienes están resistiendo con marchas y acampes en la provincia de Santiago del Estero, dicen que fue una “muerte anunciada”, como también lo ha sido, hace menos de un año, el fallecimiento del joven Cristian Ferreyra, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

En menos de un año dos muertes en la misma provincia. Tanto Cristian como Miguel eligieron para su vida trabajar la tierra, criar animales, cosechar y sembrar su comida. Ambos defendieron su territorio y a su familia resistiendo corporalmente, ya que la Justicia para ellos no existió, como tampoco el respeto por su vida y sus elecciones.

En el presente y con la impronta de la reforma del Código Civil de nuestro país, Silvia Ramírez cuestiona los artículos que les competen a los Pueblos Originarios, los que dan cuenta de cómo la propiedad comunitaria indígena en los artículos 2028, 2029 y 2030 debe decidir su forma interna de convivencia cultural y económica. No se los reconoce como personas de derecho público y se les da el rango de persona de derecho privado equiparándolo a un consorcio de edificio o una cooperativa. Además desconoce a los Pueblos Indígenas (sólo menciona “comunidades”, instancia menor a pueblos en cuanto a organización política y sujeto de derecho), no legisla sobre territorio, es decir, lo acota sólo a “tierra”.

Desde los años noventa hasta la actualidad, ¿cuáles fueron las mejorías de dichos pueblos-comunidad?

–La política del Estado ha sido siempre muy excluyente de los Pueblos Indígenas. Existe una queja constante sobre que no hay políticas de Estado que continúen más allá del cambio del gobierno. Con respecto a los Pueblos Indígenas, la continuidad es clara sobre la ignorancia, exclusión y desprecio hacia ellos. Se ha visibilizado mucho más, pero no gracias al Estado sino a diferentes organizaciones y comunidades-pueblos indígenas. Las diferentes comunidades son mucho más conscientes de cuáles son sus derechos y se avanzó mucho sobre esto a partir del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que está rectificado desde el 2000 y vigente en la Argentina desde el 2001. La reforma de la Constitución argentina de 1994, más allá de las críticas, constituye una mejora de lo que había. A partir de aquí las comunidades presionan cada vez más al Estado para garantizar sus derechos.

En la última década, que coincide con las políticas económicas que tienen que ver con las empresas trasnacionales, se empiezan a explotar los recursos naturales, el modelo de país agroexportador para ampliar el capital de la Argentina. Esto significa desmonte, ya que todo este mapeo se encuentra en territorio indígena. Con lo cual esto es una bomba de tiempo, que ya está explotando en varios lugares. Este modelo desarrollista del gobierno actual ha profundizado el traumatismo de ciertas comunidades.

¿Cómo funciona la Justicia argentina para los Pueblos Originarios?

–Deberíamos preguntarnos primero: ¿es justo hacer justicia dentro de los parámetros del blanco occidental? Esto no es respetar los derechos de los indígenas, porque cada comunidad tiene sus códigos. Hay comunidades que administran su justicia propia, pero cuando esto no es así, tienen muchas dificultades para acceder a la misma. En principio, muchas veces no cuentan con un intérprete, con lo cual no logran ser entendidos.

Se habla de Pueblos Indígenas en general, porque existen ciertos puntos en común o de hermandad, como la relación que tienen con la tierra, pero por ejemplo el pueblo wichí es absolutamente diferente del mapuche, es decir, cada pueblo se rige de manera diferente. Algunos prefieren ser más visibles, pero no por esto serán más importantes y fuertes que otros.

Sin embargo, hubo avances en los últimos años...

–Sí, por un lado, el mayor grado de conciencia sobre los derechos de los pueblos originarios; normativamente, la existencia de un conjunto de derechos. Jurisdiccionalmente van por buena senda, es cierto que falta, pero hay buena luz. Pero lamentablemente la calidad de los Pueblos Indígenas no cambió sustantivamente. El Estado en el mejor de los casos tiene políticas asistencialistas. Es habitual también que sostenga políticas clientelares, pero por lo general apuntando a su condición de pobres, y no a su calidad de indígenas, de miembros de un determinado pueblo que requieren de ayudas que los dignifiquen.

Usted denuncia que determinadas organizaciones no confunden su objeto porque a la vez trabajan con el gobierno nacional, ¿cuáles son?

–El E.n.o.t.p.o (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios), que tiene referentes en varias provincias de la Argentina, quienes ocupan diferentes puestos dentro del Gobierno. Es decir, funcionan con un doble rol respondiendo también al Estado, lo cual arma una maniobra bastante engañosa y hay muchísimos intereses en el medio. El antropólogo norteamericano Charles Hales habla sobre el indio permitido, porque el sistema construye una categoría indígena que sea funcional al sistema, y a sus parámetros. Entonces un gobierno que tiene como bandera la política de derechos humanos no puede tener abandonados a los Pueblos Originarios.

¿Qué respuesta existe del gobierno nacional en lo que le compete?

–Cuando el Gobierno puede ir piloteando la situación lo hace, es decir, se hace cargo, ya que a veces la sangre llega al río: un claro ejemplo es lo que sucedió con la Comunidad Primavera en Formosa, en que la represión fue fatal. Esto no es una cuestión de kirchnerismo o antikirchnerismo, pero hoy le toca gobernar a dicho partido y en base a esto se evalúan sus políticas. En el presente, el gobierno nacional les da poca contención a los Pueblos Originarios.

¿Cómo están organizados los pueblos originarios en otros países de América del Sur?

–Depende de cada país. Hay organizaciones mucho más fuertes. Bolivia desde ya. Con la asunción de Evo Morales, que los fortaleció y además muestra que existió una organización de “base potente”. En México hay que hablar de estado por estado, ya que coexisten sistemas diferentes. Por ejemplo en Chiapas, está el Estado, la justicia indígena tradicional y además los 122 municipios autónomos zapatistas.

¿Incorporan las políticas de género en las diferentes comunidades?

–Las comunidades indígenas no son una caja de zapatos cerrada, hay una interacción constante con los/las indígenas, es por esto que cada vez más se discuten cuestiones de género en el interior de las mismas. Pero más allá de todo, pienso que hay que privilegiar las voces de las mujeres indígenas. Por ejemplo, muchas veces ellas no tienen voz en lo público pero dominan el espacio interno. Es por esto que al hablar de políticas de género en los pueblos originarios nunca hay que olvidar lo “intercultural”, y además respetar sus tiempos; hay prácticas que han indignado a muchas feministas, como por ejemplo con la mutilación genital, pero son prácticas que fueron cambiando.

¿Cuáles son las razones por las cuales no están de acuerdo con el nuevo Código Civil?

–No estamos de acuerdo en cómo está incorporada y regulada la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil porque no respeta el derecho a la consulta consagrado en los instrumentos jurídicos internacionales. Considera a la personería jurídica de las comunidades indígenas (prevista en el art. 75, inc. 17 de la Constitución nacional) como de índole privada, equiparando por ejemplo a las comunidades con una fundación, un consorcio, etc. También supedita la titulación a que estén inscriptas y que tengan personería jurídica y, por último, porque hay mucho más para decir de cada uno de los artículos, que son varios, porque si bien este proyecto intenta incorporar elementos del derecho constitucional, lo que hace con la regulación de la propiedad comunitaria indígena es “civilizarla”, o sea, atribuirle características del derecho privado, como si fuera una cuestión de particulares, cuando el componente de lo público y la relación de los Pueblos Indígenas con el Estado es central.

¿Hubo audiencias públicas en Buenos Aires? ¿Pudieron asistir?

–Sí y también está previsto en algunas ciudades del interior del país, tales como Rosario, La Plata, Neuquén y Tucumán. Las audiencias fueron muy mal pensadas. Cada una de ellas era de un lapso de 10 minutos, no estaban organizadas temáticamente, o sea que antes de que se hablara de algún tema que tuviera que ver con los Pueblos Originarios, una persona X exponía sobre fertilización o cualquier otro tema relacionado con el Código Civil, lo que hacía muy difícil poder profundizar sobre cualquiera de los aspectos de la reforma.

¿Cómo harán visibles la disconformidad con respecto a los artículos que les compete en el nuevo Código Civil?

–Hemos organizado una presencia importante en las audiencias para que el tema se visibilice. No queremos parar la discusión sobre el Código, porque dicha renovación es necesaria para la Argentina. También estamos intentando tener entrevistas con cada una y cada uno de los legisladores de la Comisión Bicameral, con la idea de que nos presten más atención. Lo que pedimos es una remisión en el articulado al convenio 169, a la Declaración de Naciones Unidas y a la Constitución, y empezar a discutir una ley respetando el derecho a la consulta.

¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que sea posible?

–Pienso que es dar una batalla complicada, pero que vale la pena.

Muertes sin justicia

–Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado el 12 de octubre de 2009. –Sandra Ely Juárez murió frente a una topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos. –Roberto López, abuelo qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa). Asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. La comunidad apuntó al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete años en el poder. –Mario López, dirigente del pueblo pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente sino un atentado. –Mártires López, histórico y activo dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista y Combativa. Murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la organización en la que militaba, iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”. –Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia. –Miguel Galván. 10 de octubre de 2012.

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Imagen: Constanza Niscovolos
 
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