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Viernes, 17 de abril de 2015

VIOLENCIAS

El número del miedo

Valeria Sainz Moreno denunció unas 24 veces a su ex pareja, Horacio Javier Otranto, por ejercer violencia contra ella y su hijo de tres años y medio, pero hasta el momento la Justicia no sólo ignoró las denuncias, sino que se niega a disponer un perímetro de exclusión por considerar que sus vidas no corren riesgo inminente. Como agravante, promueven la revinculación compulsiva del niño con su progenitor, bajo el argumento de que ella miente para obstaculizar el acercamiento filial.

Hace 12 años que están matando a Valeria Sainz Moreno. Lo hacen de a poquito, con saña y esmero. Los primeros ocho, su expareja se encargó de triturarle la autoestima y el cuerpo a fuerza de insultos y golpes que aún hoy perduran, pese a la separación y a las 24 denuncias en sedes judiciales penal y de familia por los ataques sistemáticos. Durante los cuatro años restantes y hasta la fecha la Justicia de La Matanza se encargó de negarle los derechos y la protección que a esta altura implora y corresponde para ella y su hijo, un niño de 3 años y medio que padece patologías físicas y psíquicas severas a raíz de un infierno que no comprende. Desde que nació, su progenitor, Horacio Javier Otranto, procesado por amenazas y lesiones, los aterra a él y a su mamá en emboscadas callejeras, ataques dentro y fuera del domicilio, intimidaciones cuasi mafiosas en complicidad con otros hombres y palizas inevitables porque, entre otras medidas que no se realizaron, al agresor nunca se le fijó un perímetro de exclusión del hogar. La fiscal a cargo de la causa y uno de los jueces intervinientes siempre desestimaron las denuncias de Valeria y las declaraciones de testigos y especialistas, en un ejemplo contundente de violencia institucional. Todavía hoy siguen imponiendo una revinculación compulsiva del niño con Otranto, en un festival de vulneraciones de la legislación vigente que asiste a mujeres y niñxs.

Desde que se separó, en 2012, Valeria vive en una especie de cautiverio que sólo quiebra para ir a hacer alguna compra alrededor de la manzana, como mucho a dos cuadras de la casa en Lomas del Mirador. Otranto, un mecánico de barcos areneros que trabaja en una empresa líder en el rubro con sede en La Boca y nunca cumplió con la cuota alimentaria, está al acecho. Aparece de a pie o en algún vehículo, donde suele ir acompañado por otros individuos, como hace un par de semanas, cuando se le cruzó en una moto e intentó atropellarla en medio de gritos e insultos. El vecindario creó una red para alertar a Valeria cada vez que lo ven. Ella subsiste a puertas cerradas, por la ayuda familiar y con algunos trabajos de costura en su casa; tampoco podría alejarse demasiado, porque su hijo vive aterrado. Presenció siempre los ataques físicos y verbales. Para él no existe lugar seguro en el mundo porque hasta hace un tiempo Otranto también ingresaba a la vivienda de noche, mientras dormían. Les pegaba a los dos o intentaba ahorcar a su madre y luego se retiraba. “Aun así, la Justicia insiste en someterlo a una revinculación. Cada vez que ve al padre comienza a gritar y pide por favor que no lo dejemos ir con él”, relata. “En el último encuentro del régimen de visitas al que siempre me opuse, Otranto le tiró del brazo para que se quedara con él y le dislocó el hombro. Mi hijo fue somatizando esas situaciones con una baja general de las defensas. Sufrió una neumonitis y ahora presenta un cuadro de alopecía aguda y problemas de descamación de la piel por el alto grado de estrés al que es sometido, según me confirmó la dermatóloga infantil, que accedió a presentar un informe ante la Justicia.”

Su abogado, Fabio Ernesto Sánchez, también sufrió aprietes. Explica que la situación empeoró cuando se asentaron denuncias ante la Suprema Corte de Justicia provincial, en medios de comunicación y en instituciones intermedias sobre las irregularidades que acumuló en la causa el titular del Juzgado de Familia N° 4, Juan Manuel Delfino, quien debió excusarse y archivar una falsa causa penal por desobediencia judicial e impedimento de contacto. “Cuando presentamos la recusación del juez recibí amenazas, intentaron desprestigiarme y suspender la matrícula. Es muy difícil trabajar en una causa en la que la Justicia no permite a la víctima recuperar su estado de derecho.” La fiscal a cargo, María Catalina Baños, titular de la UFI N° 3, especializada en conflictos sociales y familiares y delitos contra la integridad sexual, cuenta con pruebas, fotografías y testigos suficientes de los hechos denunciados por Valeria, pero sigue sin disponer la ejecución de un perímetro ni tomar medidas de alivio –salvo el otorgamiento de un botón antipánico–, porque considera que no se trata de una situación de riesgo, “pese a que los informes de las psicólogas del centro de asistencia a la víctima que corresponde al juzgado advierten sobre la existencia de riesgo inminente”, señala Valeria. Todavía recuerda el tratamiento de “loca y mentirosa” que desde un principio le dedicaron Delfino en persona y Baños a través de una asistente. El día que se conocieron, la fiscal “me recibió para exigirme que no la nombrara más en los medios”.

El 12 de enero pasado su ex “le mandó un tipo” a pegarle, asegura, cuando caminaba con el niño a media cuadra de su casa. “Me descargó una trompada en el pecho y nos empezó a dar patadas a los dos. Después se fue en un auto que lo estaba esperando. El nene tenía lesiones leves; yo no pude caminar por quince días.” Fue la denuncia número 23. En el Juzgado de Familia N° 8, a cargo de Juan José Doré, se dispuso un perímetro por 120 días, “pero a los tres días volvieron a citarme para comunicarme que se levantaba la medida porque el agresor no era mi expareja”. Sólo le otorgaron dos semanas de custodia policial fija. Hace quince días, dos hombres que viajaban en una moto la interceptaron a dos cuadras de su casa e intentaron atropellarla. “El iba atrás. Me salvé porque comencé a apretar el botón antipánico. Cada vez que salgo me está esperando. Me enteré de que en el trabajo pidió licencia por estrés, pero es mentira, se toma francos para atormentarme. Siempre me dice que antes de aceptar la separación o de tener que darme plata me mata y después se mata él.”

Por estos días, la nueva magistrada del caso, María Petrona Martínez, del Juzgado de Familia N° 5, está terminando la producción de la prueba. Pese a todos los pedidos e informes psicológicos que desaconsejan el acercamiento filial, en septiembre pasado Martínez fijó un nuevo encuentro entre las partes. La reunión fue traumática y desastrosa para el niño, que comenzó a llorar y gritar con desesperación cuando vio que en la sala lo esperaba su progenitor. Valeria relata lo mismo de mil maneras. Repite la cronología del horror para que alguien se digne comprobar las pruebas del daño y entiendan de una vez por todas que mañana puede aparecer muerta. “El nos quiere destruir, está esperando, nos va dejando sin vida y yo no puedo más. Tengo el cuerpo marcado a golpes, a cortes y quemaduras. Sé que me va a terminar matando, pero sólo pido que protejan a mi hijo. El, con sus tres años y medio, me lo dice a gritos todos los días: ‘mamá, no vayas a la calle que papá va a venir y me va a pegar’.”

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LA AGRUPACION MUJERES SIN MIEDO, QUE ACOMPAÑAN A VALERIA, DURANTE UNA DE LAS MANIFESTACIONES FRENTE A LA FISCALIA DE LA MATANZA EN RECLAMO DE JUSTICIA.
VALERIA SAINZ MORENO SIGUE LUCHANDO CONTRA LA REVINCULACION FORZADA DE SU HIJO CON EL PROGENITOR.
 
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