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Viernes, 19 de junio de 2015

NI UNA MENOS > SERAS BUENA O SERAS NADA

Detenidas por no denunciar

 Por Roxana Sandá

YANINA GONZALEZ, COMO CELINA BENITEZ, ESTUVO DETENIDA UN AÑO Y MEDIO ACUSADA DE ABANDONO DE PERSONA POR EL ASESINATO DE SU BEBA A MANOS DE UN EX. LA RESPONSABLE DE LAS DOS ACUSACIONES ES LA FISCAL CAROLINA CARBALLIDO CALATAYUD. ESTA SEMANA, LA FISCAL ANTE LA CAMARA DE CASACION PENAL BONAERENSE, DANIELA BERSI, DESISTIO UN RECURSO PRESENTADO POR CARBALLIDO CALATAYUD PARA QUE REVOCARAN LA ABSOLUCION DE YANINA. Foto: Constanza Niscovolos

Las vecinas de la comunidad paraguaya de La Escondida, una de las barriadas de Presidente Derqui, en Pilar, no abandonan las expresiones de lamento desde la semana pasada, cuando Milagros, la beba de un año y once meses que solían ver a upa de Celina Benítez, su mamá, fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil Hugo Meisner, adonde llegó sin vida, con signos de torturas, golpes y violación. Ellas no se meten en cosas ajenas puertas adentro, pero adquirieron un ejercicio de supervivencia para sí que llevan escrito en el cuerpo y en la memoria: “Algunas sabemos que no se puede dejarles los chicos a los hombres, y que a las niñas debemos cuidarlas nosotras”, confiaron esta semana a las activistas de La Coordinadora Feminista Antirrepresiva, colectiva que está realizando un armado de redes de asistencia y empoderamiento territorial junto con otras organizaciones de mujeres. En ese boca a boca con dejo de reproche, las vecinas de La Escondida acaso no lo sepan pero Celina trabajaba por primera vez fuera de su casa desde que parió a Milagros. Porque hasta el miércoles 10, cuando salió de casa, ella también llevaba impreso el código invisible de ese entramado contra las violencias sexuales y nunca antes había dejado a la beba con su pareja, Luis Carlos Alonzo, que quedó detenido, acusado de haber cometido las atrocidades y finalmente suicidado en una celda de la alcaidía de la Jefatura Departamental de San Martín. En La Escondida, lxs más pequeñxs y las adolescentes se refugian en sus madres como estrategia de supervivencia. “A los hombres no se les dejan los niños”, sostienen, ya que a cualquiera puede sucederle; de hecho, para ellas Celina no será la primera ni la última mujer pobre, migrante y sometida por un violento del que pensaba escapar en poco tiempo más, cuando su madre le enviara dos pasajes para volver con Milagros al Paraguay, “porque no la estaba pasando bien”, dijo su prima, Norma. La muerte de Milagros fue el peor de los desenlaces, pero la entrada en escena de la fiscal a cargo, Carolina Carballido Calatayud, acabó por revictimizar a la joven, acusándola por “abandono de persona” y ordenando su detención inmediata. Se trata de la misma fiscal que en 2013 acusó por “abandono de persona seguido de muerte” a Yanina González, una joven pobre con discapacidad intelectual, por el femicidio de su hija de dos años, a manos de Alejandro Fernández, una ex pareja. Yanina fue absuelta en marzo por el voto unánime del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Isidro, y Carballido Calatayud apeló el fallo. Esta semana sufrió un revés que comienza a desnudar la improcedencia de un caso criminalizado desde el principio: la fiscal adjunta ante la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, Daniela Bersi, desistió el recurso de apelación presentado por Carballido Calatayud en la causa contra Yanina. De esta manera quedará firme la sentencia de primera instancia que la absolvió.

La situación de vulnerabilidad en que se encuentra hoy Celina viene sufriendo el rechazo de la opinión pública desde las redes sociales, pero sobre todo en el tratamiento de la noticia en los medios, que ya la condenaron por “no garantizar” la vida de su hija. Son manifestaciones con una oscura carga ideológica, porque ignoran a conciencia legislaciones contra todas las formas de violencias hacia las mujeres que la Argentina suscribe, y muestran la hilacha cada vez que aprovechan destratar algunos conceptos vitales como el femicidio vinculado, que va en busca de una justicia legítima. “Las pautas culturales que todavía culpabilizan a la víctima se amplían en el caso del asesinato de un hijx en manos del agresor, sin entender el grado de su vulnerabilidad y la imposibilidad de actuar”, explica Ada Rico, directora de La Casa del Encuentro. “La mujer no es culpable de nada, el único responsable es el femicida, que fue quien decidió terminar con la vida del niñx a cargo.”

A Celina se le vino encima una máquina de violencia patriarcal que sigue dominando a mujeres, adolescentes, niños y niñas para sostener ese andamiaje donde la categorización de clase identifica el estigma. De locas o alienadoras parentales, a las mujeres de clase media o alta que luchan por sus hijxs; de abandónicas, brutas, asesinas, cómplices e incapaces a las más humildes, que no denuncian por desconocimiento, miedo o porque son maltratadas cuando no expulsadas de los servicios policiales, judiciales y estatales con recursos económicos pero de horizontes humanos estrechos. Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), recomienda profundizar las capacitaciones a integrantes del Poder Judicial y de los ministerios públicos, y monitorear la efectividad de esas intervenciones. “Pero en relación a las fiscalías especializadas en género creadas en la provincia de Buenos Aires, estos casos nos muestran en qué medida esa creación es insuficiente si no se acompaña de una política cuidadosa en la contratación de personas idóneas, formadas, y en el monitoreo y evaluación de su desempeño.” Los casos de violencia ocurridos en las últimas semanas hacia niñas, adolescentes y adultas evidencian acciones escasas desde la Justicia en general. Según datos de La Casa del Encuentro, durante 2014 la provincia de Buenos Aires fue la región que más femicidios registró: 91 crímenes de un total de 277 cometidos contra mujeres, enmarcados en agresiones sexistas. ELA, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron un pedido de informe ante la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, para que explique cuáles son los mecanismos que garantizan la idoneidad y experiencia de las personas designadas al frente de las fiscalías especializadas en violencia de género de la provincia.

El peor daño

Celina pecó de madre rota, de mujer ausente. Así lo entendió la fiscal Carolina Carballido Calatayud, al frente de la Unidad Fiscal Descentralizada Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, que el mismo día de su testimonio estableció la carátula por “abandono de persona” y dispuso el traslado a la alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, donde permanece detenida. La funcionaria judicial desconoció la condición de víctima con una imputación considerada por organizaciones de mujeres como “discriminatoria, prejuiciosa e incorrecta”. El de Carballido Calatayud es un tecnicismo sistemático que aplicó en 2013, cuando ordenó detener a Yanina González, acusada de abandonar a su hija Lulú, asesinada a golpes por Alejandro Fernández, que sigue libre pese a estar procesado por la autoría del crimen. A días de la movilización #NiUnaMenos, La Coordinadora Feminista Antirrepresiva denunció que el caso de Milagros y Celina Benítez “evidencia nuevamente que la Justicia, y aún más la ‘especializada’, vuelve a condenar a las madres ‘por no garantizar’ la vida de sus hijas/os sin tener en cuenta los contextos de violencias a los que ellas también eran/son sometidas”. La abogada Sabrina Cartabia, que integra esa organización, se pregunta sobre qué base se configuran las fiscalías especializadas en género, cuando quienes están a cargo “repiten los peores estereotipos. Carballido Calatayud sólo se dedicó a desproteger a las mujeres que denuncian violencias y a criminalizarlas. Las que habitan La Escondida la conocen porque cada vez que fueron a denunciar recibieron portazos o gritos, nunca una respuesta. Conozco casos de mujeres que denuncian y les quitan la tenencia de sus hijos con un sentido social perverso, porque no tienen adónde ir. Las primeras imputadas siempre somos nosotras y en especial las más pobres”.

Para remover los obstáculos que impiden el acceso a la Justicia de mujeres imputadas por delitos vinculados con el género, el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentará un escrito a la Procuración General donde exponen la necesidad de que las Defensorías Oficiales del fuero penal cuenten con lineamientos generales de actuación dictados por la Procuración; que se profundice en la indagación del historial previo de violencia, que se instruya cómo debe valorarse ese antecedente en un marco de defensa, y que se entienda el accionar de los agresores frente a lxs hijxs de la pareja como un ámbito más de su poder y de la dominación que ejercen a través de ellxs sobre las mujeres que ya vienen sometiendo. La directora del organismo, Laurana Malacalza, confirmó que impulsarán “la creación de defensorías oficiales especializadas para mujeres en el marco de las causas penales cuando aquéllas son víctimas de delitos relacionados con la violencia de género, que deberán estar integradas por operadores judiciales con perspectiva de género”.

Desde 2011, otra víctima, Alejandra Margot Hertler, padece las agresiones de su ex pareja y debió mudarse en varias oportunidades como medida autodefensiva y de su nieta. En la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 especializada en Violencia de Género de Moreno, a cargo de Emiliano Buscaglia, continúan sin asistirla, a pesar de las denuncias que realiza hace cuatro años, y el agresor continúa hostigándola. Alejandra dice que Buscaglia no la quiso atender, pero ordenó someterla a un análisis psiquiátrico. “Así funciona la Justicia. Todos saben que esta persona quiere matar a mi nieta Alma, para hacerme el mayor daño posible. Ya hice todo lo que me pidieron, golpeé todas las puertas, pero nadie hace lo que tiene que hacer, que es detenerlo.”

Cartabia sostiene que, más allá del caso de que se trate, la tendencia de impunidad va a perpetuarse “mientras a las mujeres no les den las herramientas concretas para defenderse y los apoyos necesarios. Esto tiene que ver con la posibilidad de construir redes y de que el Estado ponga todo de sí y la Justicia tome medidas específicas. Hay una cuestión de sensibilización que no se dicta en la Facultad de Derecho”.

¿Y que promueve a la repetición de los peores estereotipos?

–Sí. Esos que van por “las malas madres negligentes, las que dejan que los hombres maten e lxs hijxs. Instalan la maternización del cuerpo de la mujer y a la madre como principal donante-garante de la vida de lxs niñxs. Muchos padres biológicos viven en los mismos barrios, no ven nunca a sus hijos pero no se los acusa de abandono de persona. Este sistema ve el cuidado como tarea individual de la mujer y no como tarea social-estatal. Hay que lograr que todos y todas tomen en serio la violencia de género, tenemos que dar esa batalla cultural para seguir llenando de sentido el Ni Una Menos.

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