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Sábado, 14 de junio de 2008

PATRIMONIO I

Buenos Aires año verde

La gestión Ibarra/Telerman tenía un doble discurso de la impotencia en todo lo que fuera patrimonio. En cuanto se pedía un átomo de firmeza, se ponían los ojos en blanco y se murmuraba “no se puede, no se puede”. O se ponía cara de adulto superior y se continuaba hablando como si el interlocutor fuera un adolescente reclamando la reforma agraria y el campeonato para Racing, entre otras utopías. Las Chicas Superpoderosas, hoy dedicadas a tareas donde harán menos daños que en la ciudad, perfeccionaron esta técnica de Funcionaria Buena y Funcionaria Mala.

En estos últimos seis meses pasaron más cosas buenas que en varios años de supuesto progresismo, lo que muestra que ciertas agendas no dependen de las ideas políticas sino de la capacidad de hacer algo de las personas a cargo. El La Salle fue salvado por iniciativa personal de Mauricio Macri y el Ministerio de Planeamiento –que las Chicas acusaban de ser una suerte de corporación del mal– sancionó como nunca a dos profesionales del rubro y a una empresa de demoliciones. Tanto en la Legislatura como en el Ejecutivo, la agenda patrimonial gana impulso como nunca se vio y ya es parte de la vida política, sin tanto escándalo y sin ser tan pusilánimes.

Como para redondear el asombro, el viernes se realizó una reunión simplemente inédita, convocada por Leticia Maronese, que es la secretaria general de algo poco conocido llamado Comisión Para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la ciudad. Maronese juntó en un salón de la Legislatura a representantes de su Ministerio de Cultura, del Ministerio de Planeamiento y de la misma Legislatura para el primero de lo que promete ser una serie de talleres sobre criterios de patrimonialización y evaluación de las normativas existentes. Hasta ahora, esto hubiera casi equivalido a reunir cocodrilos con antílopes, pero lo asombroso es que todos los participantes salieron alentados y felices por la discusión abierta y sincera que se dio.

Maronese explicó que su idea era crear un ámbito donde las diversas partes del gobierno porteño crearan un diálogo y coordinaran esfuerzos, leyes y normas para lograr un consenso claro sobre cómo administrar y custodiar el patrimonio. El viernes, miembros de la Comisión –Mónica Lacarieu, Ana Cousillas y María Rosa Jurado– explicaron los alcances de la ley 1227, que es casi la función específica de la entidad. La Comisión que preside Maronese tiene representantes de Cultura y del legislativo y personalidades como el arquitecto José María Peña.

Cultura aportó dos asesores legales, Juan Manuel Beati y Sergio Pugach, que explicaron en detalle la lógica legal del régimen de sanciones que están preparando y los posibles estímulos al patrimonio. Allí aparecieron detalles como que se propone aclarar algo que en el Código de Faltas queda en la vaguedad: quién es el “responsable” de, por ejemplo, una demolición ilegal. Beati y Pugach explicaron que debe ser el propietario, los profesionales que intervengan, la empresa constructora y la demoledora, además del funcionario que se distraiga.

Por la Comisión de Patrimonio de la Legislatura estuvieron Laura Weber, su directora, que explicó el proyecto de transferencia del FOT que presentaron y que puede ser la gran herramienta económica para ayudar al patrimonio; y también Facundo de Almeida, asesor de la diputada Teresa de Anchorena, que habló de la ley de los 50 años que, con total sencillez, busca invertir la lógica del patrimonio: todo lo que tiene 50 años ya está catalogado y debe ser descatalogado para demolerlo.

Hubo asesores de varios diputados y diputadas de Cultura y Patrimonio –-pero ninguno de la Comisión de Planeamiento Urbano, que hasta figuraba invitando al encuentro pero faltó en bloque y sin aviso– y varios sufridos directores de museos. También habló Liliana Barela, directora general de Patrimonio de la ciudad, y Carlos Moreno, de la comisión nacional de Monumentos y Lugares Históricos.

Para la subsecretaria de Patrimonio Cultural porteño, Josefina Delgado, la reunión fue un éxito porque “nos damos cuenta de la urgencia del tema” y se toman pasos concretos para coordinar acciones. “Hay que tener un plan, que es lo que estamos consensuando porque no podemos estar siempre reaccionando ante los problemas”, explicó Delgado. La subsecretaria está trabajando con Planeamiento para consensuar un régimen de castigos que eviten desmanes como el de la casa Benoit y festeja que ya existe un comité de crisis entre ambos ministerios para atajar estos casos.

“Lo mejor es que se habló con mucha franqueza”, cerró Delgado.

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