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Sábado, 14 de febrero de 2009

Dos buenas

Un proyecto dañino rebotado y tres sancionados por demoler sin permiso. Y todo citando el marco legal del patrimonio.

 Por Sergio Kiernan

Un tema medio perdido en esta ciudad ilustre es el del orden. No el autoritario o arbitrario sino aquel que surge de tener reglas y cumplirlas. La indisciplina en todo lo que sea construir, demoler, instalar, poner y sacar ya es entrópica, casi tan extrema como la manera de manejar de los porteños. El actual gobierno porteño habló del asunto en campaña y luego realizó un par de gestos públicos muy positivos, como que Mauricio Macri, todavía flamante en su escritorio, clausurara personalmente una obra porque tiraban efluentes en las alcantarillas. O que los autores de la demolición de la casa Benoit en Independencia y Bolívar –dueños, arquitecto y empresa de demolición– fueron sancionados como nunca por cargarse un edificio con triple protección.

Estos gestos despertaron la esperanza de que por fin se terminara el piedra libre para la piqueta sin necesidad de andar movilizando ONG y abriendo amparos judiciales. También se despertó la esperanza de que el Ministerio de Cultura por fin lograra la sanción de un reglamento de penalidades para los que atacaran edificios catalogados. Esta última esperanza ya está cumpliendo un año en el cajón oficial, con todo redactado pero jamás sancionado ni publicado.

Sin embargo, resulta que en un anonimato inexplicable, el gobierno porteño siguió poniendo orden en algunos sectores patrimoniales. Recientemente, llegaron a m2 dos casos altamente simbólicos de ordenamiento que hacen al patrimonio y que el gobierno porteño mantuvo en un secreto que la CIA envidiaría. Ambos casos, sea dicho, fueron circulados por opositores al gobierno que igual le dan crédito en los gestos que aportan a la preservación del patrimonio.

Caso 1: Harrods

Un misterio del capitalismo criollo es cómo puede ser que la tienda Harrods siga juntando polvo. El fantástico edificio es el mejor shopping center que esta ciudad pueda tener: es de una elegancia que ya no entregan, es enorme, tiene fachadas y accesos sobre Córdoba, San Martín, Paraguay y Florida, tiene estacionamiento y tiene una marca que conocen hasta en Bombay. Hace unos años, el edificio fue brevemente reabierto para un evento de moda, se habló de su vuelta al ruedo como un magazine multimarca y hasta se realizaron visitas que permitieron ver que adentro están, como en una cápsula del tiempo, sus lugares más recordados, como la peluquería del subsuelo y la calesita del sector infantil.

Pero la tienda sigue cerrada. El año pasado, el estudio Bodas Miani abrió el expediente 61.592 presentando un proyecto para relanzar el edificio. Según trascendió –el proyecto no fue difundido– la idea era reabrir la tienda y agregarle un hotel. Como el hotel iría arriba del edificio actual, se pedía una excepción al reglamento local.

Sucede que esta zonita porteña tiene una regulación casi propia. Harrods, las Galerías Pacífico, el convento e iglesia de Santa Catalina y la manzana entre San Martín, Córdoba, Reconquista y Paraguay que acoge la cortada Tres Sargentos, forman el Distrito AE16. Un distrito AE congela la altura y volumetría de lo construido casi completamente, por lo que se parece bastante a una APH. Esto hacía imposible de movida agrandar el edificio de Harrods, y menos para arriba.

Este tipo de trámite, cuentan los que los hacen regularmente, son comunes y se manejan en general por cédulas. Cualquiera puede pedir una excepción o una interpretación de los reglamentos, y en general recibe una respuesta de algún funcionario técnico del plantel. Lo llamativo de este caso es que la respuesta vino directamente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y con la firma de su titular, Héctor Lostri. Y también que la respuesta fue lapidaria.

Lostri resuelve que la propuesta es rechazada y que deben presentar otra. Y les agrega por las dudas el recordatorio de que pueden presentar ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro los avisos de obra para trabajar en las cuatro fachadas, las veredas y los locales “que aún conservan el carácter de pieza original y sus materiales sean puestos en valor por tratarse de piezas únicas, acompañando Memoria Descriptiva de los trabajos, describiendo modalidades y productos de tratamiento de las mismas”.

Por si no les quedara en claro a los dueños de Harrods, Lostri repite aquí y allá la frase “preservándose el carácter del edificio”, y el escrito también les recuerda que la tienda tiene protección estructural.

Caso 2: la demolición

El 14 de noviembre, Lostri sancionó duramente al arquitecto Gabriel Eduardo Pérez Morbelli y a la empresa de demoliciones Roque Rossi, y pidió se estudien multas para Europroyecto SA. Esta última era dueña de una casa en la calle Tres de Febrero 935 y la bronca oficial es porque se cargaron el edificio sin permiso, para hacer obra nueva. Llamativamente, la casa no estaba catalogada, pero el subsecretario cita explícitamente convenciones internacionales de preservación del patrimonio.

El 17 de enero, Europroyecto SA pidió permiso ante la Dgroc para demoler la casa y construir viviendas unifamiliares. Pérez Morbelli presentaba los planos como director de la obra, proyectista, calculista y ejecutor estructural, junto a su matrícula CPAU 23.207. Los planos fueron aprobados.

Lo que no tenían Europroyecto, Pérez Morbelli ni Roque Rossi era un aviso de obra que les permitiera demoler, cosa que hicieron igual en mayo de 2008. Los vecinos llamaron al gobierno porteño, que documentó que la casa había desaparecido completamente. Una de las fotos que tomaron los inspectores mostró un cartel trucho de demolición en el que figuraban los tres responsables, el número de trámite de la presentación de planos y también la fecha del mismo trámite. Todo falso, haciendo pasar una gestión por otra.

En su resolución, Lostri señala que este tipo de avivadas pone en riesgo la seguridad pública y agrega la sorpresa: “las conductas aquí descriptas atentan contra las Cartas internacionales de protección al Patrimonio Histórico (Atenas 1931, Quito 1964, etc.), los mandatos constitucionales de la Nación y la ciudad de Buenos Aires que protegen dichos valores”, además de varios artículos del Código porteño de edificación. La conclusión de Lostri es que la demolición de araca puede ser hasta tipificada como un delito bajo el Código Penal como “atentado contra la seguridad pública, incendio y otros estragos”.

Con estos argumentos en la mano, el subsecretario decide que dueño, arquitecto y demoledor ejecutaron obras sin permiso, y lo hicieron en contravención al código. Citando artículo, inciso y párrafo, Lostri recorre las sanciones posibles y resuelve quitarle por cuatro años, el máximo posible, el uso de la firma en la ciudad al arquitecto Pérez Morbelli y le ordena a la Dgroc que le informe al CPAU las andanzas de su matriculado para que le apliquen un tribunal de disciplina. La empresa Roque Rossi queda excluida del Registro de Demoledores y Excavadores –en serio, existe– de la ciudad y va a tener que terminar de pasar a la clandestinidad para trabajar en Buenos Aires.

¿Y los dueños? Resulta que la ciudad no puede sancionarlos en forma directa como puede a los profesionales, ya que el dueño de un edificio no tiene que registrarse para ser dueño de un edificio. Lostri le ordena a la Dgroc que labre un acta de lo ocurrido y la remita a la Justicia Contravencional y de Faltas de la ciudad “para que aplique las multas correspondientes” contra los tres implicados. Y también eleva lo actuado a la Procuración porteña para que evalúe “si debe efectuarse la denuncia penal correspondiente, atento a que las conductas aquí sancionadas pueden encontrarse tipificadas en el Código Penal” como un atentado a la seguridad pública.

En resumen, el dueño avivado que sale a demoler sin permiso puede terminar doblemente ante la Justicia, para pagar multas por la contravención y para evitar que lo juzguen penalmente. El arquitecto Pérez Morbelli se queda sin firma y hace un papelón bochornoso por no darse cuenta de que se terminó lo de hacer obras sin avisos ni papeles. Y Roque Rossi se entera de que no existe la obediencia debida para las empresas de demolición, que siempre se escudan en eso de que “yo soy un laburante, hago lo que me pide el cliente”. Ahora tendrá que hacerlo en otro distrito.

Nada mal.

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Imagen: Gustavo Mujica
 
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