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Sábado, 9 de enero de 2010

Un freno al desastre en Valencia

 Por Facundo de Almeida *

nLa lucha de los vecinos del barrio del Cabanyal, en Valencia, en defensa del patrimonio arquitectónico fue oportunamente reflejada en m2 en sendas notas del autor de esta columna y de los periodistas valencianos Sara Pedrola y Sergi Tarín. El año nuevo comienza con una buena noticia para los integrantes de la asociación Salvem el Cabanyal: el Ministerio de Cultura de España dictó una resolución calificando como “expolio al patrimonio” la ampliación de una avenida proyectada por la pintoresca alcaldesa Rita Barberá, que implica la demolición de 1651 viviendas. El ministerio suspendió la ejecución del plan.

En el brindis por el nuevo año los vecinos de la asociación Salvem El Cabanyal (http://www.cabanyal.com/homecastellano.html) seguramente no imaginaron que los primeros días del 2010 traerían buenas noticias para el histórico barrio de pescadores, por el que han luchado los últimos doce años intentando poner freno al insólito proyecto de la alcaldesa.

El Cabanyal-Canyamelar es un barrio marítimo de la costa valenciana, con orígenes en el siglo XIII, cuando un grupo de pescadores se asienta en esta zona. La pesca fue la actividad económica impulsora del crecimiento del área, popularizada más tarde en los cuadros de Joaquín Sorolla, y un elemento fundamental en su evolución urbana. El trazado está constituido por una singular trama de calles determinada por la ubicación de las antiguas barracas de pescadores, en las que se desarrolló, a principios del siglo XX, una original arquitectura de estilo modernista “popular”, más tarde complementada por edificios racionalistas.

La simplicidad de las calles originales y la profusa decoración de fachadas con azulejería artesanal conviven con las edificaciones de mayor lujo que construyó la burguesía local como residencias de verano. En las casas del Cabanyal habitan descendientes de varias generaciones de pobladores locales, intelectuales y artistas llegados en las últimas décadas, y una reciente inmigración, fundamentalmente de origen gitano, proveniente de Europa del este.

La alcaldesa Barberá –del Partido Popular– resucitó un plan de hace cien años para prolongar hasta el mar la avenida Blasco Ibáñez. La iniciativa fue elaborada cuando la visión de la preservación de patrimonio arquitectónico se limitaba a los grandes monumentos u obras singulares, no a los conjuntos ni a la arquitectura “menor”. El proyecto urbanístico que propone ampliar la avenida y realizar construcciones contemporáneas a sus lados, para concretarse requiere demoler 1651 inmuebles, muchos de ellos históricos y emplazados en un área declarada como Bien de Interés Cultural, la máxima protección prevista en la legislación valenciana.

La batalla de los vecinos incluyó movilizaciones, acciones judiciales e iniciativas tan originales como la realización anual del encuentro “Portes Obertes” (Puertas abiertas) en el que los vecinos abren las puertas de sus casas durante dos fines de semana para que puedan ser visitadas y se realizan exposiciones y actividades artísticas en todo el barrio, o la campaña “Fes soroll amb cultura” (Hace ruido con la cultura), que tenía como objeto juntar firmas de apoyo de personalidades del ámbito artístico.

El año pasado, luego de varias derrotas en la Justicia local y regional, el tema finalmente llegó al Tribunal Supremo de España. Siguió un fallo contundente, que resolvió que debía expedirse el ministro de Cultura del Reino, ya que esa competencia es una de las pocas que no han sido transferidas a las comunidades autónomas ni a las ciudades, para determinar si el proyecto implica o no un expolio al patrimonio.

Esta semana el Ministerio de Cultura se expidió e hizo pública su decisión, anunciando que “en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009 ha emitido una orden donde declara como acto de expolio del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del ‘Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyamelar (Pepri)’ que se han llevado a cabo y se proyectan realizar en el conjunto histórico del barrio del Cabanyal-Canyamelar de Valencia, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico”.

Esa orden, continúa la declaración, “representa una obligación del ministerio en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de defensa del Patrimonio Histórico Español, tal como lo han ratificado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (27 de septiembre de 2004) ratificada por sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009, que impone al Ministerio de Cultura la obligación de pronunciarse sobre el expolio que supone la actuación urbanística derivada del Pepri del Conjunto Histórico Cabanyal-Canyamelar”, y en tal sentido declara “la obligación de los titulares de los bienes integrantes del conjunto histórico del Cabanyal de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución del Pepri hasta que dicho plan no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio valenciano y requiere a la Generalitat Valenciana que suspenda de manera inmediata todas las actuaciones administrativas relacionados con el plan”.

La decisión fue adoptada basándose en los dictámenes del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España –sus pares criollos deberían imitarlos cuando se trata de opinar sobre temas de patrimonio– y de la Real Academia de la Historia y Museo de la Cerámica de Valencia. Pero también de la propia Inspección de Patrimonio Histórico, que a pesar de ser un organismo que depende del municipio, con buen criterio se había opuesto desde el inicio.

Esta medida puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional y es el camino que tomará la alcaldesa, según anunció en conferencia de prensa pocas horas después de conocerse la resolución. Con su particular estilo afirmó también que recurrirá al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias con el Ministerio de Cultura, y avanzó aún más, diciendo que en caso de que no prospere está dispuesta a impulsar la modificación de la normativa que declaró como Bien de Interés Cultural al barrio para adaptarlo a su plan. Lo increíble no termina allí, ya que Barberá planea sancionar al director general de Patrimonio Histórico del municipio por haber rechazado la iniciativa.

Los vecinos del Cabanyal tienen ahora una nueva oportunidad para salvar el barrio, con el apoyo de las autoridades centrales que lentamente van poniendo las cosas en su lugar. Tal vez el próximo paso sea investigar los motivos de la obstinación de la alcaldesa valenciana con un proyecto claramente ilegal que tiene un costo de decenas de millones de euros y del cual el sector privado retiró su inversión hace más de un año.

* Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares.

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