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La Legislatura está dando otra vez señales de vida en el tema patrimonio: este lunes hubo una reunión de alto nivel para tratar algo importante, la prórroga de la Ley 3056, único obstáculo entre la piqueta y nuestros edificios. Esta ley continúa y expande la 2548, protege en principio todo edificio anterior a 1941 y obliga a que los pedidos de permiso de demolición tengan que pasar por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales. Más allá de los trucos del Ejecutivo, que convirtieron al Consejo en una trampa cazabobos –sin mayor resistencia de casi todos sus miembros–, el mecanismo es lo único que evita que se demuela sin más. Y en diciembre vence todo.

La reunión reflejó la importancia del tema, con lo que estuvieron su convocante, el diputado Eduardo Epszteyn, que preside el bloque Diálogo por Buenos Aires, María José Nacci (asesora de Epszteyn), Luis Torquinst y Roxana Di Bello (asesores de Marta Varela, una diputada PRO que se preocupa por el patrimonio), Gabriela Muzzio (asesora de Juan Cabandié), Laura Weber (asesora del Defensor del Pueblo Adjunto Gerardo Gómez Coronado), Luis Gómez (director de la Comisión de Patrimonio), Edgardo Ibáñez (director de la Comisión de Cultura), Juan Vacas (asesor del diputado Di Stefano e integrante del CAAP), Mónica Capano (secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural y la integrante más responsable del CAAP), Carlos Sussini (representante en el CAAP de la Sociedad Central de Arquitectos), Ana Bas y María del Carmen Usandivaras (ambas de Basta de Demoler), Mora Arauz (Fundación Ciudad), Guillermo Gutiérrez Ruso (integrante del Copua), Gustavo Desplats (asesor del diputado Martín Hourest), Ignacio Fusilier (Proteger Barracas) y Facundo de Almeida, columnista de m2 y ex jefe de asesores de Teresa de Anchorena, fundadora de la Comisión de Patrimonio. La gran ausente fue la directora de la Comisión de Planeamiento, Bárbara Rosen, que tiene la piqueta siempre en el corazón.

Epzsteyn planteó una agenda urgente y bastante completa: prorrogar la ley más allá de diciembre, reformar el CAAP para que no sea la farsa que es hoy, recrear las áreas de preservación del patrimonio, que simplemente ni funcionan, crear castigos a los vivos y tratar de una vez la ley de transferencia de FOT creada por Anchorena y Varela, así se acaba con la excusa de que el dueño del bien catalogado pierde plata (el diputado presentó esta misma semana la moción de que ese proyecto se trate, con lo que pasa a tratamiento de asesores este mismo martes).

Como se puede percibir por la lista anterior, había asesores de importancia de casi todos los bloques, con lo que el diálogo tuvo su peso. Todos estuvieron de acuerdo en que hacía falta prorrogar la ley y Gómez, que dirige la Comisión de Patrimonio, dijo que el bloque PRO impulsa la medida y por eso aceptó que se gire directo a Planeamiento –y a las manos de Rosen...– para que salga más rápido: quedan 45 días para que termine el año parlamentario.

Weber agregó que además hay que elaborar un catálogo definitivo de edificios patrimoniales, mientras que Vacas denunció que en cada reunión del CAAP reciben tres o cuatro casos de inmuebles comprendidos por la ley de protección preventiva que ya fueron demolidos en forma clandestina, lo cual es gratis porque no existen sanciones. Sussini remarcó la enorme cantidad de trabajo que implica la ley para el CAAP y la necesidad de contar con mayores recursos. Desplats relató que las inmobiliarias recomiendan romper techos, sacar carpinterías, dañar el inmueble y llamar a la Guardia de Auxilio para que apuntale y demuela. Así se puede pedir la “desestimación” al CAAP, que raramente dice que no.

Basta de Demoler reclamó que la ley sea permanente y todo el mundo estuvo de acuerdo, pero señaló que ya no queda tiempo para lograrlo este año. Sí hubo consenso en buscar algunas modificaciones inmediatas: que el CAAP vuelva a tener 45 días para considerar cada caso y que los consejeros no puedan desestimar edificios en proceso de catalogación, lo que seguramente romperá el corazón de varias consejeras. De Almeida propuso que en esos casos el CAAP sea no vinculante.

Al hacer el resumen de la reunión, Luis Torquinst dijo que entonces se acordaba prorrogar la 3056, ampliar el plazo del CAAP, impedirle opinar sobre edificios con proyecto de catalogación. El debate, no extraña, continuó entre las ONG durante la semana, con temas de acuerdo como que es indispensable un régimen de penalidades para los que demuelen a escondidas y que la 3056 debe ser permanente. Este suplemento se permite agregar otro: que el CAAP no vea el “contexto” de los edificios con pedido de demolición, una avivada del subsecretario Héctor Lostri para compilar una lista de lotes con permiso previo de demolición. Eso es un negocio para alguien y no una función del Estado porteño.