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Jueves, 12 de marzo de 2015

DIEZ AñOS SIN FLORENCIA PENNACHI

“Cuando la víctima es mujer, dicen que es una atorranta”

Su familia asegura que fue secuestrada por una red de trata y denuncia la inacción policial y judicial.

 Por ¡Brian Majlin

La imagen detenida en el tiempo: el pelo castaño oscuro, por los hombros o recogido, la media sonrisa, y los ojos también castaños, también oscuros. Implorantes. Si alguien se cruzara a Florencia Pennachi se le haría difícil reconocerla, 10 años después, con 35 años y una historia –probablemente cruda– a cuestas. Pedro, su hermano, y Nidia, su madre, eligieron luchar en paralelo a su vida. “Tratar de conservar la salud mental” sin dejar de buscarla. Guardan, en torno de una ausencia que se hace maciza como un muro con el que se topan a diario, ínfimas esperanzas.

Flopi desapareció el 16 de marzo de 2005. Estudiaba Economía en la UBA, trabajaba en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, militaba en la agrupación TNT y vivía en Palermo. Esos condimentos ayudaron a que su caso se visibilizara, aunque con escasa fortuna. Entre ese y otros elementos que detalla, Pedro –y los amigos y familiares– se inclina por una única explicación: Florencia fue secuestrada por una red de trata que la “atomizó” y sometió a explotación sexual en algún lugar de tránsito. Puede ser un pozo petrolero, un enclave cerealero o una zona fronteriza.

“Evidentemente las redes de trata, las mafias, no tienen reparos, y sí muchos recursos, no se espantan con la difusión”, esgrime Pedro mientras procesa cada palabra. Aún vive en el departamento que compartía con Flopi cuando llegaron desde Neuquén a Capital para estudiar. Todo cambió, menos el cuarto de su hermana, que sigue igual. “Por si había que repeinar todo”, dice Pedro, quien además de estudiar abogacía pasó a dominar la jerga judicial como cada víctima que debe impulsar, a pulmón y con creatividad, las causas de sus familiares desaparecidos.

Existe una Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) desde la sanción de la ley 26.364, en 2008, que sin embargo no cobija su caso. En cambio, la causa está “frizada” en la Fiscalía de Instrucción porteña 23, a cargo del fiscal Marcelo Retes, caratulada como desaparición. Hace años que el caso no tiene novedades, pero los familiares delimitaron el terreno en esta década. A través de un vecino, los llamados de su celular y contactos con organizaciones que luchan contra la trata –que brindaron testimonios que la ubicaban en ese ámbito– supieron del vínculo de Florencia con un supuesto dealer que se movía en un boliche de Palermo que se llamaba Confusión, en Scalabrini Ortiz y Costa Rica. “Para la Justicia un evento fortuito de Dios se la ha tragado, puede ser trata, lo que sea, pero no se sigue la investigación sobre el boliche, los que lo manejaban y demás”, se queja Pedro.

Aunque el hombre señalado y su familia fueron indagados, el fiscal se mostró reticente a avanzar. “El tipo sólo dijo que era relaciones públicas y nada que ver con su familia. Y ahí quedó todo”, detalla el hermano de florencia.

El cuestionamiento más fuerte es hacia la Policía. En 10 años fueron de la cobertura y desidia al entorpecimiento del caso. Desde el ex director de la División Secuestros Jorge Cipolla, que comenzó diciendo que Florencia se había ido con un novio y acabó echado de la fuerza por colaborar con prostíbulos, hasta el sexismo imperante: “Si la víctima es mujer lo primero que dicen es que es una atorranta o que por consumir droga se fue voluntariamente”. Pedro dice saber que la Policía tiene vínculo directo con las redes de trata y eso hace todo más difícil. De la Justicia prefiere decir que es “incapaz”.

“Con la ley se limitó la expansión, pero la trata está vigente. Y toman mercado voluntario e involuntario”, explica sobre un negocio que, se estima, secuestra a 600 mujeres por año en Argentina. Unas seis mil en los diez años que pasaron desde la desaparición de Flopi.

Justamente, por el cumplimiento de esta década, habrá performances en sitios que ella frecuentaba: Económicas, Tribunales y el IVC. Se exigirá, además, el cierre de prostíbulos, subsidios para que nadie deba recurrir a vender su cuerpo para vivir y un banco de datos genéticos de desaparecidos en democracia.

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Imagen: Cecilia Salas
 
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