El diputado provincial Federico Angelini presentó un pedido de informes para que el gobernador Antonio Bonfatti, a través del Ministerio de Seguridad, eleve un informe sobre el monto de la deuda que la Municipalidad de Rosario mantiene con la Unidad Regional II de la Policía de la Provincia de Santa Fe en concepto de Servicio de Policía Adicional (SPA), la que a la fecha superaría los 3 millones y medio de pesos y que ha motivado la presentación de una denuncia penal contra funcionarios provinciales y municipales.

En los fundamentos de la presentación, el legislador de Unión PRO Federal señaló: "Obra en nuestro poder información acerca de la cuantiosa deuda que la Municipalidad de Rosario, por intermedio de su Administración Central, los Centros Municipales de Distrito y el Servicio Público de la Vivienda mantendría con la Unidad Regional II de la Policía de la Provincia de Santa Fe en concepto de Servicio de Policía Adicional (SPA), en una cifra que superaría los 3 millones y medio de pesos".

"De acreditarse la existencia de dicha deuda, estaríamos ante una situación que estaría comprometiendo seriamente la situación financiera y de funcionamiento de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, ya que se tendrían que utilizar partidas destinadas a otras áreas para abonar los servicios adicionales a los Sub Oficiales y Oficiales de la Policía provincial en el ámbito del Departamento Rosario", agregó el legislador.

"Esta situación demostraría una falta total de preocupación y una actitud indolente por parte del Departamento Ejecutivo municipal y de la intendenta Mónica Fein y del Gobierno de Santa Fe hacia la situación generalizada de inseguridad en la ciudad y la región, que ha causado la muerte en situaciones de violencia de más de 120 personas en lo que va del año 2012 en el Departamento Rosario", señaló Angelini.

"Todas las encuestas de opinión pública indican que la principal demanda de la ciudadanía a nivel local, regional y nacional es la inseguridad y el Estado el principal responsable en la tarea de custodiar la vida y los bienes de las familias, los comercios, las industrias, por mandato constitucional. En tal sentido ninguno de los niveles de la Administración Pública debe estar ajeno a encarar acciones frontales contra el delito, sus causas y consecuencias, con las herramientas que estén a su alcance, programas y planes de corto, mediano y largo plazo, inversión en equipamiento, programas regionales y urbanos de transporte, obras básicas de infraestructura, iluminación y similares, sistemas integrados de video vigilancia, participación comunitaria a través de Juntas, Equipos o Comisiones y todo proyecto que ayude a paliar este verdadero flagelo social", concluyó el diputado del Pro.