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Martes, 11 de septiembre de 2012

SOCIEDAD › JUICIO POR DELITOS EN SAN NICOLáS

Archivo policial

 Por Sonia Tessa

La directora del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que gestiona la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Bellingieri, describió ayer el accionar de las "fuerzas conjuntas" durante la represión ilegal. Lo hizo como testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás, que se reanudó en el Tribunal Oral Federal número 2, presidido esta semana por Omar Digerónimo. La investigadora desglosó documentación que ya forma parte de las pruebas, para detallar la estructura de inteligencia en cada zona. "Lo más parecido al territorio era el área", dijo, al referirse al Area 132, a cargo de Manuel Fernando Saint Amant, imputado en las tres causas que se acumulan en el juicio oral y público. La profesora de historia relató el modus operandi del que formó parte el ataque a la casa de calle Juan B. Justo 676, donde el 19 de noviembre de 1976 mataron a Omar Amestoy, Ana María Fettolini, Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años; así como a Ana María del Carmen Granada. De esa masacre sólo sobrevivió Manuel Goncalves Granada, querellante de la causa. "Estamos realizando una investigación en la provincia de Buenos Aires. Se han podido analizar 38 casas. El patrón es el horario, los ataques eran a muy tempranas horas de la madrugada o por las noches. No se procedía con ningún tipo de protocolo", señaló Bellingieri, quien identificó un denominador común en esos operativos: "una fuerza desproporcionada sobre viviendas ubicadas en zonas urbanas". El informe de inteligencia de la masacre consignaba que la casa estaba ubicada a cuatro cuadras de la Unidad Regional de la policía provincial. Bellingieri destacó que el Archivo de la DIPBA es un "pormenorizado acervo documental donde se encuentran las fichas personales de 230 mil personas en provincia de Buenos Aires". Como tal, la DIPBA funcionó desde 1956 hasta 1998, cuando el entonces ministro de Seguridad provincial, León Arslanian decidió cerrarlo. Entonces, por su valor probatorio en los juicios por la verdad -ya que la vía penal estaba cerrada por las leyes de impunidad﷓﷓, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata secuestró la documentación. A partir del año 2000, con la creación de la Comisión Provincial por la Memoria en el edificio donde funcionaba la DIPBA, esos documentos comenzaron a investigarse.

El análisis realizado por Bellingieri le permitió concluir que "la tarea de inteligencia se hacía previo a la captura". La investigadora subrayó que "los documentos exhibidos dan cuenta de cómo las llamadas fuerzas conjuntas realizaban todas sus acciones coordinadamente".

La testigo se detuvo en dos documentos. Uno de ellos es el legajo 6961, caratulado como "enfrentamiento con delincuentes subversivos", y registrado en el libro de registro 4263, del 20 de noviembre de 1976, donde se informa de dos muertes, dos femeninos y dos masculinos, sin especificar edades ni filiaciones. El primer parte, de la Unidad Regional de San Nicolás, informaba que a las 6.30 del día 19, personal de la policía provincial, del Batallón de Ingenieros 101 y de la Policía Federal fueron a atacar una casa. "Habla de un menor muerto y también dice que otros menores, dos en este caso, fueron ubicados con principio de sofocación", recordó Bellingieri ante la pregunta del fiscal Juan Murray sobre la documentación referida a los hechos que se juzgan.

El otro documento al que se refirió es el informe sobre la columna 17 de Montoneros, que figura en el legajo 9158, donde se refiere a un grupo de personas perseguidas por las fuerzas conjuntas en una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. El propio informe de inteligencia destaca la escasa relevancia de la columna, sin posibilidad de accionar. En ese documento, las víctimas de la causa caratulada Alvira -María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Eduardo Reale, María Rosa Baronio y Regina Spotti, todos desaparecidos- forman parte de un organigrama en el que aparecen con sus nombres, sus apodos y al lado dice "muerto", "detenido", "desaparecido" o "prófugo". En todos los casos investigados, el informe detalla muerto o desaparecido.

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