El asesinato de David a manos de unas cincuenta personas en barrio Azcuénaga hace visible las profundas marcas que la violencia viene dejando en nuestra ciudad. La enfurecida reacción habla de una comunidad fragmentada, con sus vínculos deshilachados, atravesada por la desconfianza, el odio, una ciega búsqueda de venganza social y el desconocimiento de la autoridad pública.

No es casualidad. La ausencia del Estado garantizando el derecho a la seguridad y la protección de la vida es el marco bajo el cual es necesario pensar el porqué de este, como de otros hechos de violencia y muerte.

Decimos más, este corrimiento del Estado a la hora de garantizar la seguridad pública y cuidar la vida, en realidad, es una presencia más que activa en la configuración de la trama delictiva que explica buena parte de los niveles de violencia y la altísima tasa de homicidios que sufre nuestra ciudad.

La idea de un Estado "víctima" en lucha contra la delincuencia y el narcotráfico es una figura que puede funcionar en el relato mediático, pero no va al fondo de una realidad donde una parte del propio Estado está en connivencia con el delito y el narcotráfico, a través de la policía provincial, sectores del poder judicial y políticos con representación institucional, que por acción u omisión poco hacen para transformar la matriz de la violencia en Santa Fe.

Del mismo modo, un proyecto de ciudad que piensa a Rosario como si fuese una "marca" (basta con reparar en el logo de la actual gestión), situando al comercio y el turismo como sus ejes más dinámicos, fue definiendo al "consumo" como el modo de pertenencia a la ciudad.

Los pibes de los barrios más humildes roban para tener, pero también para ser. Construyen desde ahí identidad y pertenencia. Frente a un Estado local que no promueve otro horizonte y sentido de integración, a través de la escuela, como de políticas culturales, recreativas o de capacitación en oficio en los mismos barrios, el delito se presenta como el único camino posible.

El desafío urgente para todos los que vivimos en Rosario y, sobre todo, para quienes tienen responsabilidades públicas es imaginar y tomar las necesarias decisiones que nos permitan empezar a transformar de fondo las causas que nos llevaron a este estado de cosas.

Para ello, es imprescindible reponer la responsabilidad pública y pensar un modelo de seguridad democrática, que no deje librado las prácticas de seguridad a decisiones individuales de cada ciudadano, lo cual implica negar la seguridad como un derecho, profundizando la fragmentación del lazo comunitario y la división de la ciudadanía.

Más que nunca sigue siendo una tarea pendiente pensar una ciudad donde quepamos todos, garantizando por igual el derecho a la seguridad y a la protección de la vida.

(*) Foro Rosario para Todos.