CIUDAD › REABREN CAUSA POR EL SECUESTRO Y ASESINATO DE CAMBIASO Y PEREYRA ROSSI

Un reclamo que se hizo realidad

El fiscal federal de San Nicolás había solicitado hace cinco años la anulación de los sobreseimientos de Patti, y otros dos imputados por el crimen de los dos militantes. Ayer, el juez Villafuerte Ruzo decidió reabrir la causa.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, firmó ayer la reapertura de la causa por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en Rosario en mayo de 1983. La medida había sido solicitada por el fiscal Juan Patricio Murray y los abogados de HIJOS, representantes legales de las hermanas Ethel y Gladys Cambiaso. En un fallo inédito, y luego de cinco años de reclamos el magistrado aceptó el pedido de la fiscalía y las querellas para que se declare la denominada "Cosa juzgada írrita", categoría jurídica que permitirá retomar la investigación por los secuestros, torturas y homicidios de los dos militantes, y en la que se encuentran imputados, entre otros, el ex comisario de Escobar Luis Abelardo Patti.

El fiscal federal de San Nicolás, quien realizó una profunda investigación sobre la suerte corrida por Cambiaso y Pereyra Rossi, había solicitado en marzo de 2005 al juez Villafuerte Ruzo que declare la "cosa juzgada írrita". Esto es la anulación de los sobreseimientos dictados por el juez Juan Carlos Marchetti, con que fueron beneficiados Patti, y otros dos imputados en 1986. También había pedido la reapertura de la causa. A ese requerimiento, se habían sumado también los familiares de las víctimas patrocinados por los abogados de la agrupación HIJOS Rosario, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello Ibáñez y Alvaro Baella.

Para Gerardo Fernández, de HIJOS, la noticia significa "un paso importante para que el crimen de esos compañeros no quede impune, para que los familiares recuperen esperanzas en la justicia, y para avanzar en este camino hacia la construcción de una sociedad que no deja sin castigo los delitos de lesa humanidad cometidos contra los hombres y mujeres de su pueblo que dieron la vida por una patria para todos".

El 14 de mayo de 1983 a las 10.30 un grupo de entre cinco y diez personas irrumpió en el bar Magnun ubicado en la esquina de calle Córdoba y Ovidio Lagos, donde Cambiaso y Pereyra Rossi tomaban un café. Luego de reducirlos el grupo comando arrastró a ambos hasta los vehículos que habían dejado estacionados frente al local. Alrededor de las 17 del mismo día, los militantes fueron fusilados por los integrantes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre, Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Dieguez, en un camino rural de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, a dos kilómetros de la Ruta Nacional 9.

Murray sostiene que "los sucesos políticos previos y posteriores a los asesinatos, acentúan la hipótesis de que los Servicios de Inteligencia de las tres fuerzas armadas ejecutaban operaciones y acciones con la finalidad de enrarecer el clima político, para justificar la suspensión al llamado a elecciones generales para el mes de octubre". También se buscaba "condicionar a las autoridades legítimas que surgieran de las mismas en la pretendida investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos ejecutadas como operaciones de Terrorismo de Estado durante la dictadura por las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales".

El trabajo de revisión de todo lo actuado por la justicia realizado por el fiscal Murray, permitió afirmar que desde un primer momento se pretendieron ocultar los rastros de lesiones producto de las torturas sufridas por las víctimas previo a sus muertes, y esconder que una de las lesiones mortales de una de las víctimas había sido producto de un disparo de arma de fuego a quemarropa y a una distancia incompatible con el relato formulado por los imputados.

Según las conclusiones que constan en el escrito presentado por el fiscal federal a Villafuerte Ruzo, este trabajo de simulación fue realizado "por parte de las autoridades policiales de la Provincia de Buenos Aires, quienes actuaron ejecutando las tareas de instrucción -supuestamente para dilucidar lo acontecido-, primero bajo la dirección del juez federal Luis Milesi -quien resultaba ser Suboficial Mayor (RE) del Ejército Argentino y ocupaba dicha Judicatura desde el 24 de marzo de 1976 y luego del juez Juan Carlos Marchetti, complicado en causas de robo de hijos de desaparecidos en su rol de Juez de Menores de San Nicolás en esa época".

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El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo.
 
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