CIUDAD › CINCO POLICíAS Y TRES CIVILES IRáN A JUICIO POR LA DESAPARICIóN DE PAULA PERASSI

La cadena de encubrimiento

Para el juez Tutau el hecho de que aún no aparezca el cuerpo de la víctima es uno de los motivos por los que decidió dejar presos a los ocho acusados, ya que ello "evidencia que lo pretendido era lograr la impunidad".

 Por Lorena Panzerini

Cinco policías y tres civiles irán a juicio por la desaparición de Paula Perassi, la joven de San Lorenzo que tenía 34 años y estaba embarazada cuando fue vista por última vez, el 18 de septiembre de 2011. Los agentes procesados por el juez Juan José Tutau son Jorge Enrique Krenz (que era jefe de la Agrupación de Unidades Especiales en 2011), Aldo Gómez, Ramón Godoy, María José Galtelli y el comisario inspector Adolfo Daniel Puyol (ex jefe de la Agrupación Cuerpos) por "encubrimiento por favorecimiento personal y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado; agravado por su condición de funcionario público". En tanto, los civiles procesados son el empresario de Puerto General San Martin, Gabriel Strumia (que era amante de Paula), su esposa, Roxana Michl; y Mirta Rusñisky, señalada como la persona que consumó un aborto contra la voluntad de la joven, en la localidad de Timbúes. A los tres les achacaron el delito de "aborto sin consentimiento seguido de muerte".

La novedad judicial llegó un día después de la marcha que la familia Perassi organiza cada 18, para reclamar justicia por Paula. Sobre el mediodía de ayer, el juez Tutau estaba terminando de notificar a los imputados, cuando los abogados querellantes de la familia Perassi, Adrián Ruiz y José Ferrara, confirmaron los procesamientos.

En la resolución, el magistrado se refirió a "sobrados elementos de convicción" para dictar los procesamientos. Apuntó a "la cadena de encubrimiento o actos tendientes a desviar la investigación o mantener la teoría de que Perassi se encontraba con vida para no preocupar a sus familiares y alentar falsas expectativas de que en algún momento aparecería", que comenzó de parte de Strumia, y se extendió más de un año.

Sobre el accionar del personal policial implicado y su contacto con Strumia, apuntó a que existió un "deliberado e ilegal accionar". Para el magistrado, el hecho de que aún no aparezca el cuerpo de la víctima es uno de los motivos por los que decide dejar presos a los acusados, ya que ello "evidencia que lo pretendido era lograr la impunidad, en el entendimiento de que sin cuerpo no hay condena". Es que aún, los padres de Paula esperan que aparezcan los restos de su hija, que están siendo buscados por el Equipo de Antropología Forense.

Además, el magistrado coincidió con la postura y argumentos de la fiscalía y la querella en cuanto a que "a la víctima se le practicó un aborto en domicilio de Rusñisky, mediante la ingesta de Oxaprost" sin su consentimiento, lo que pudo provocarle una hemorragia y posterior muerte.

El juez mandó trabar embargo por 20 mil pesos en el caso de los policías Krenz, Galtelli, Gómez y Godoy; y 50 mil, sobre Strumia, Michl, Ruñisky y Puyol.

En rigor, el fallo llegó luego de que los abogados defensores de algunos de los imputados en el expediente solicitaran el sobreseimiento de los acusados. Ante ello, el fiscal Román Moscetta y los abogados querellantes respondieron con un pedido de procesamiento para todos.

Además ingresaron un nuevo pedido al magistrado: la "detención de Darío Díaz (chofer de Strumia), como partícipe; y de aquellas personas (que dieron testimonios en el marco de la investigación) que quieren asegurar la impunidad de la desaparición y muerte" de la mujer. Esa cuestión, aún no fue resuelta.

Este año, la causa de Perassi dio un giro importante, ya que el 20 de abril pasado fueron detenidas las ocho personas implicadas con el hecho y con el encubrimiento posterior. Esos arrestos fueron solicitados al juez Tutau por Moscetta y los querellantes.

Alberto Perassi, el padre de Paula recordó los avatares de la investigación. Con la resolución de ayer, se esperanzó en que "sea el camino para que ahora sí aparezca la justicia". Alberto consideró que el hecho de haberse encadenado a los Tribunales de San Lorenzo hace un mes tuvo resultado. Y recordó que el juez Eduardo Filocco "estuvo tres años sin hacer absolutamente nada. Recién hace siete u ocho meses atrás cuando entró el fiscal Donato Trotta como fiscal ayudante del fiscal Moscetta, empezaron a aparecer las pruebas", destacó.

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El empresario Gabriel Strumia y su esposa, Roxana Michl, ambos procesados.
Imagen: Gentileza Síntesis
 
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