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A más de dos años del crimen de un pibe en una esquina de Granadero Baigorria (foto), a manos policiales, la querella reclamó a la Cámara Penal que arbitre los medios tendientes a "agilizar" la investigación contra los uniformados, y que se los envíe a juicio. Desde el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), aseguraron que la causa está "paralizada". Omar Guillermo Dal Lago y su hijo Omar Jesús fueron imputados por el homicidio calificado de Michel Campero, de 18 años, atacado por la espalda por el personal de la fuerza que estaba franco de servicio, la noche del 6 de enero de 2014. El comisario inspector y su hijo fueron acusados por la muerte del chico que les había robado la moto, pero poco después fueron sobreseídos porque alegaron legítima defensa. Sin embargo, no hay prueba alguna que dé cuenta de un enfrentamiento, y el arma que le encontraron a Campero era una réplica. El año pasado, la Alzada ordenó que sigan siendo investigados y dio vuelta la absolución. Desde entonces, la causa está en primera instancia.

La noche del crimen, Omar Jesús Dal Lago llegó a su casa de Granadero Baigorria con su esposa, en una moto. Dos personas, en otro rodado, lo abordaron. Uno de ellos se bajó y a punta de pistola se llevó la moto del policía que estaba de civil. Enseguida, el comisario Dal Lago, que era jefe de la Brigada de Orden Urbano en Rosario, vio lo sucedido y los dos salieron en un auto a buscar a los sujetos, que huyeron en una moto cada uno.

Cuando los encontraron, Dal Lago padre ﷓según su relato﷓ disparó al aire para intimidar. Uno de los hombres logró escapar, pero Campero perdió el control y chocó con un colectivo, que lo dejó tirado en el suelo. El relato policial fue que el muchacho se reincorporó y les apuntó. Ese fue el justificativo para los tiros que recibió Campero, por los que perdió la vida. Sin embargo, en el expediente no hay pruebas de ello. Y según denuncia la querella, las únicas balas fueron las policiales.

Tras el sobreseimiento dictado por la jueza Alejandra Rodenas, en diciembre de 2014, la fiscal Nora Marull y el CAJ apelaron la resolución, y se quejaron de que tanto la reconstrucción del hecho como los testimonios se hicieron con la hipótesis policial.

A fines de abril pasado el camarista Carlos Carbone revocó el sobreseimiento y la causa volvió a la etapa de investigación, en el Juzgado de Instrucción 3º. Sin embargo, a diez meses de aquella orden de "seguir investigando", no hay resolución.

Ante esa situación, los abogados de CAJ, Ricardo Lamás y Valentín Hereñú, presentaron el escrito en la Alzada. Entre los puntos de queja, señalaron que las declaraciones de los policías, que alegaron legítima defensa, "no se contrastaron con los restantes elementos acumulados en la causa. Por el contrario, fueron tomadas como la única hipótesis válida y se recurrió a ella para fundamentar el sobreseimiento". Además, indicaron que "la sola situación de pertenencia a los cuadros policiales de los imputados operó como un elemento de peso para desacreditar todo el abanico de elementos contundentes y objetivos".

Para los letrados, la muerte de Campero "es un hecho de extrema gravedad, que configura un claro caso de violencia institucional que no resiste más dilaciones y que debe ser sancionado. El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar estas graves violaciones. El incumplimiento de éstos podría ocasionar la responsabilidad internacional de la provincia", señalaron.