Un relevamiento reciente del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo señala que cada vez son más los inquilinos que abandonan sus viviendas antes de terminar sus contratos: de
La suba de los alquileres y de los servicios públicos absorbe una porción cada vez más grande de salarios y jubilaciones. Jóvenes y adultos mayores, entre los más afectados.
La iniciativa que presentó el Gobierno recoge la mayor parte de los planteos de un proyecto previo que ya votó el Senado por unanimidad, impulsado por el FpV. Los contratos deberán ser a tres años con ajustes por inflación y salarios.
Los precios en dólares de las viviendas subieron 39 por ciento entre 2014 y este año. Esa escalada dificulta la adquisición de inmuebles pero también torna más inaccesible el alquiler, que se acomoda a la devaluación en las renovaciones de contrato.
Rodríguez Larreta anticipó que antes de fin de año se implementarán medidas para facilitar la renovación de alquileres. Las certificaciones de firma serán gratuitas y se podrá pagar el depósito y el primer mes del contrato en 24 cuotas.
El valor en pesos de los alquileres de departamentos en la ciudad de Buenos Aires aumentó 40 por ciento los últimos doce meses y 17 puntos desde principios de año.
El 40 por ciento de la población de la ciudad no puede acceder al alquiler de una vivienda. Reclamos para que se sancione una ley que proteja a los inquilinos.
Para los bancos, un gran negocio. Para los tomadores, la ilusión de la vivienda propia. Para los expertos, un sistema que explota por la inflación, devaluaciones y retraso salarial.
El precio de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires subió un promedio de 31 por ciento en el año 2017.
En Senado ya había dado media sanción a un proyecto de ley que tendía a la protección de quienes alquilan, pero ahora el PRO lo cambió en la Cámara de Diputados. “Buscan proteger la rentabilidad de los propietarios y facilitar los desalojos”, denunció Inquilinos Agrupados.
