Un tribunal de Estados Unidos condenó al exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, quien ejerció el cargo durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, a siete años de cárcel por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero. Empresario, exdiputado y exsenador, Murillo ganó protagonismo durante 2019 en la etapa previa al golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
El Departamento de Justicia estadounidense señaló en un comunicado que Murillo "recibió al menos 532 mil dólares en pagos de sobornos de una empresa con sede en Florida" a cambio de ayudarlo a conseguir un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para proveer gases lacrimógenos y equipamiento no letal al ministerio de Defensa boliviano. El exministro y sus cómplices lavaron el dinero percibido a través del sistema financiero estadounidense.
Murillo fue detenido en mayo de 2021 y alojado en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa de Miami. Se declaró culpable en octubre de 2022 como el resto de sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, aseguró que la sentencia demuestra que "las denuncias que realizamos como gobierno nacional eran ciertas", y agregó en su cuenta de Twitter que "el golpe de Estado no solo fue para tomar el poder y asesinar a nuestro pueblo", sino también "para saquear al Estado".
