La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto de la diputada Maite Alvado de Unión por la Patria (UxP) que establece una recomposición de las indemnizaciones laborales. Lo logró con el acompañamiento de la izquierda y de una de las facciones libertarias del recinto. Ambos bloques radicales se abstuvieron y hubo una tensa discusión acerca de la constitucionalidad del proyecto que motivó un planteo de Alvado al recido: “¿Acaso nos gobiernan los jueces?”
“Las PyMEs no quiebran por las indemnizaciones, quiebran por las políticas económicas, financieras y tarifarias de un gobierno”, apuntó la legisladora que integra La Cámpora. Citó a un empresario que hizo el mismo planteo durante las exposiciones contra la Ley Bases y coincide con lo que en varias ocasiones explicó Daniel Rosato de Industriales PyMEs Argentinos en diálogo con este medio.
La iniciativa que logró la media sanción propone la modificación del artículo N° 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y determina que los créditos laborales que se fijan tras un despido tenga una actualización a tasa activa mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
La explicación de la medida radica en que, por el tiempo que dura un juicio laboral entre el despido y la sentencia, la indemnización se ve seriamente socavada por la inflación. “A la única persona que le sirve la mal llamada industria del juicio es al empresario”, remarcó la coautora del proyecto, Soledad Alonso. La diputada de Campana apuntó que, en promedio, un juicio dura entre 5 y 6 años, desvalorizando el monto que percibe el trabajador.
De parte de los bloques liberales como La Libertad Avanza (LLA) y el monobloque Libre de Guillermo Castello, tildaron al proyecto de inconstitucional y atacaron la medida por considerarla un abono a la imposibilidad de generar empleo. Una postura similar planteó Martín Cevere, diputado del PRO, al momento de marcar el no acompañamiento de su bloque.
Desde el radicalismo, tanto el espacio que responde a Maximiliano Abad como el que se identifica con Facundo Manes decidieron abstenerse. Matías Civale del manesismo ancló su distanciamiento de la medida en que “hay que trabajar en proyectos que impacten en las PyMEs olvidadas por el Gobierno nacional”.
La cuestión de la constitucionalidad
Diego Garciarena, titular de la bancada abadista, tomó otro camino. Hizo un recorrido sobre los argumentos por los que considera que la modificación propuesta roza la inconstitucionalidad. Se basó en que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el año 2012, falló en contra de otro proyecto que se sancionó en la Legislatura y tenía como objetivo subsanar el problema de la actualización de las indemnizaciones mediante una tasa activa.
El Máximo Tribunal bonaerense, según leyó Garciarena, dictaminó que las cuestiones de fondo del derecho laboral son competencia de la Nación, por lo que el Congreso es el que debe legislar al respecto. Sucede que, luego de la sanción de la Ley de Convertibilidad en los años noventa, se dejó sin efecto todo mecanismo de indexación vigente que no se anclara en la nueva ley. Eso legó un vacío tras la salida de la convertibilidad.
Por eso hay casos, como el que expuso Garciarena, donde es la Justicia la que determina bajo qué índice debe compensarse el paso del tiempo sobre los créditos laborales.
Ante estos planteos, Alvado, abogada de profesión, remarcó que, así como en la economía u otros ámbitos, “en el Derecho hay dos bibliotecas”. Partió de la misma cita que usó la oposición respecto al fallo de la Suprema Corte de 2012. “Es verdad que hubo un fallo, pero hay que leerlo entero”, indicó la legisladora oriunda de Bahía Blanca.
Alvado describió que dentro del fallo de la corte hubo un voto en minoría de parte del ex juez de la Suprema Corte Héctor Negri que habló sobre una “posible constitucionalidad”. “Cuando la Nación no legisla sobre lo que le corresponde los legisladores tenemos la obligación de legislar por un principio protectorio, que en este caso es a los trabajadores”, dijo a la diputada.
Desde su lectura, compartida por el bloque de UxP, no se puede dejar a la “intemperie” a los trabajadores viendo cómo su patrimonio pierde valor ante la dilación de un juicio. Y fue por más ante los argumentos de Garciarena: “No podemos delegar la facultad de legislar a los jueces”.
Criticó que se deje abierta la discrecionalidad para la decisión de los jueces al respecto de las indemnizaciones y sostuvo que “ahora la Suprema Corte tiene otra composición”. La alusión no fue azarosa, ya que recordó que en 1998 la Corte Suprema de la Nación falló sobre un artículo de la propia Constitución Nacional al que tildó, valga la particularidad, de inconstitucionales.
Alvado habló del fallo Fayt, por el ex juez Carlos Fayt. “Diez años después de volvió a determinar que es constitucional”, explicó la legisladora.
Apoyos y oposiciones
Alonso tomó la palabra para defender la iniciativa que pretende que, tras ser despedido en la provincia de Buenos Aires, un trabajador cuente con la protección de un índice a tasa activa para computar el valor de su crédito laboral al momento que se le pague en caso de que haya un juicio.
La diputada condenó la frase que suelen repetir algunos abogados laboralistas: “Es mejor un mal arreglo que un buen juicio”. La referencia es porque, en numerosas ocasiones, los abogados asesoran a los trabajadores para que acepten la primera oferta que, usualmente, está por debajo del valor que les corresponde de indemnización, tras hacer los cálculos pertinentes.
Para Alonso se trata de una “reparación histórica” para los bonaerenses. “En la Provincia hoy existe una tasa pasiva para el trabajador, pero mientras no pagó, el empresario tuvo en su poder el dinero del trabajador lo pudo poner en tasa activa, como plazo fijo y sacarle intereses”, detalló.
Quienes acompañaron el proyecto, pero no hablaron en el recinto son los legisladores del bloque libertario Unión Renovación y Fe, liderado por Gustavo Cuervo. Es el grupo de diputados que, apenas asumieron, conformaron un bloque distinto a LLA. Ya habían planteado sus diferencias por la decisión de Javier Milei de pactar con Mauricio Macri su estrategia de cara al balotaje.
También hubo apoyo de ambos monobloques de la izquierda. Guillermo Kane del FIT y Laura Cano del PTS acompañaron la iniciativa y cruzaron a Guillermo Castello del bloque Libre. “Quiero ver si el diputado Castello puede vivir con los 78 mil pesos por mes que se cobra con un plan, quiero ver si le puede dar de comer a sus hijos”, exclamó Kane.
Fue en respuesta a que Castello, acostumbrado a las agresiones dentro del recinto, planteó que este proyecto será un “curro de los sindigarcas (sic) y los piqueteros”. Los insultos no pasaron de largo para Alvado, que a su turno le demandó al presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, comenzar a condenar este tipo de actitudes para no naturalizar las agresiones en la Legislatura.
Desde el radicalismo, y más allá de las abstenciones, hubo coincidencias con el espíritu del proyecto en lo que respecta a defender el patrimonio de los trabajadores.
Los libertarios duros que lidera Nahuel Sotelo tuvieron en Juan José Esper a su vocero. El alfil del ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, indicó que este modelo de legislación laboral “ya se probó” durante los últimos 20 años y fracasó.
Cuando llegó la palabra a Alvado le preguntó a Esper “¿por qué se habla de 20 años y no de 30, cuando estaba el menemismo al que hoy le ponen un busto pero dejó la desocupación en dos dígitos?”.
La legisladora autora del proyecto también tuvo respuesta para los planteos de Civale y la defensa de la industria. “¿Qué hacen entonces para frenar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que se está tratando en el Senado de la Nación?”, indagó Alvado en clara alusión al rol del radicalismo en el Congreso.
