“He instruido a los ministros para establecer una cláusula gatillo, como se hizo en otras provincias, para actualizar los sueldos sin necesidad de ir paritarias”, adelantó ayer el gobernador Gustavo Sáenz en una rueda de prensa en el Centro Cívico Grand Bourg. El mandatario ofreció definiciones sobre temas como la futura mesa de diálogo pactada con una parte de la docencia autoconvocada a partir del 26 de junio, el análisis del gobierno sobre el proceder en cinco semanas de protesta social, el veto parcial de la ley antipiquetes, y la derogación de la resolución 159/23 que obligaba a devolver los días de paro con trabajo los fines de semana y feriados.
“No la estamos pasando bien en la Argentina, Salta no es una isla”, sostuvo. Luego aseguró que “la mesa del diálogo con el vicegobernador está completamente avalada”, en alusión a la reunión del pasado 9 de junio en la Legislatura de Salta, entre Antonio Marocco, legisladores provinciales y un puñado de delegados y delegadas de la docencia autoconvocada. Al final de ese encuentro firmaron un acta acuerdo que los delegados anunciaron elevarían a la Asamblea Provincial Autoconvocada del sábado 10 de junio, finalmente celebrada en Campo Quijano.
Sáenz aseguró que en la mesa de diálogo del próximo 26 de junio van a estar todos, gremios y autoconvocados. “Tenemos que lograr algo que los beneficie a ellos y no perjudique a los chicos. No podemos seguir de paro”, afirmó.
Opinó que si bien la alternativa de una cláusula gatillo "es una buena idea", admitió que "deberá analizar los incrementos" con el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur. “Siempre ha sido premisa de este gobernador superar el salario la inflación”, aseguró. “Hemos subido el básico a 203 mil pesos”, en alusión a la paritaria nacional para maestros de grado que Salta llevó de $165 mil a los $203 mil.
Para el gobernador, reelecto en 14 de mayo pasado, “hay que dialogar y no dejar de dialogar nunca”. Se mostró esperanzado por el futuro de la mesa técnico política que comenzará el 26 de junio próximo. El gobierno de Salta espera encontrar “esos puentes que nos tienen que unir”, dijo. Adelantó que instruyó a sus ministros, Matías Cánepa, de Educación y Roberto Dib Ashur, de Economía, a buscar “una salida para que en agosto” el estudiantado, padres, madres y la docencia “no vuelvan a tener el mismo problema”, en referencia al reclamo salarial exteriorizado en las calles como protesta social.
“Siempre hay autocritica”, dijo sobre las estrategias que desarrolló junto a su gabinete en cinco semanas de protesta social. “Es importante decir que esto (el reclamo salarial de la docencia pública salteña) no viene de ahora”. "Me parece absolutamente legítima”, contestó cuando se le preguntó sobre la protesta social, aunque punto seguido agregó: “errores cometemos todos. Tomamos decisiones equivocadas que lamentablemente afectan a muchos”.
Sin embargo, renegó de una parte de la docencia autoconvocada, que generalizó como “radicalizados, intransigentes y fundamentalistas, que viven del problema y no de la solución” y recordó que para negociar, las partes deben ceder. “Si no hay negociación, no podemos llegar a un acuerdo. Volvimos atrás en lo que teníamos que volver. No es una debilidad”, aclaró casi al finalizar la rueda con los medios. En otro tramo admitió que “los gobiernos que van hacia adelante con propuestas que la gente no las acepta y se radicalizan, (tampoco) buscan soluciones sino enfrentamiento".
"Yo no quiero salteños enfrentados, policías contra docentes y profesionales de la salud. Hay que pasar este momento”, dijo. “Casi el 50% me dio la responsabilidad que siga gobernando, pero con la esencia que yo tengo, que es una formación netamente humanista. No voy a perder el contacto con la gente, así me digan lo que me tengan que decir”.
“Necesitamos recuperar la paz social”, “tenemos que buscar soluciones, no culpables”, “todos cometimos errores, de un lado y del otro”, “hemos dejado que esto avance, cuando podría haberse resuelto antes”, fueron de las frases más contundentes, todas alusivas al desarrollo de las cinco semanas de protesta que no solamente involucró a las educadores autoconvocados. En el proceso se sumaron trabajadoras de la salud pública, comunidades originarias de la Puna salteña apoyadas por camioneros que regularmente transitan esas rutas. Todos ellos cortaron por tres días la ruta nacional 51 a la altura de San Antonio de Los Cobres y Campo Quijano, punto este último donde sigue el corte de la vía.
El reclamo salarial de las y los trabajadores públicos que desconocen la representación de sus gremios comenzó a escalar el 4 de mayo pasado. Desde ese momento, la sucesión de episodios incluyó manifestaciones públicas y represión en el acceso a la capital salteña, y negociaciones que se dirimieron en las calles con protesta social en torno a la ley antipiquetes (hoy de convivencia social) y la reciente derogación de la resolución 159/23 sobre la devolución de contenidos. La última medida, transformada en resolución 163/23, parece haber aquietado las aguas.
Ciclo lectivo y ley antipiquetes
Sobre el ciclo lectivo el mandatario mencionó que el objetivo del gobierno es “llegar a los 180 días de clase” y aseguró que el Ejecutivo a su cargo hará “todo lo posible (para) evitar más días de paro”. Recordó que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología espera las propuestas de la docencia para recuperar los contenidos planificados en la currícula desde mayo hasta el 9 de junio inclusive. Esa fecha de entrega se modificó en la resolución 163/23 para el viernes 16 de junio.
Acerca del veto parcial a la ley antipiquetes dio algunas definiciones. “Primero que nada, nosotros plebiscitamos ese protocolo”, por el decreto 92/23 para regular las protestas sociales que firmó en enero pasado. “La gente sabía que yo tenía que garantizar la libre circulación, el derecho a protesta y a la huelga. Nosotros buscamos trabajar de manera organizada para asegurar esos dos derechos constitucionales”, explicó. “Siempre hemos respetado el derecho a manifestarse y el derecho a huelga. Eso es la democracia, no vamos a avasallarlos”.
Al argumentar sobre la ley antipiquetes aclaró: “no fue un proyecto del Ejecutivo”, a lo que agregó, “los legisladores lo votaron”. “Es fundamental recuperar la paz social y mostrar lo que somos. Vamos a garantizar que los docentes estén en las aulas. Exhortar a todos los que tiran nafta al fuego, que dejen de hacerlo porque le hacen daño a la sociedad”, dijo. “Siempre estuve fuera de la grieta (…) voy a tratar de unir, asumir los errores, y tomar las decisiones más justas. Hay que gobernar para todos”.
8 de cada 10 en las aulas
Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, aseguraron a este medio que hasta ayer solamente el 16% de los y las educadoras salteños sostenían las medidas de fuerza por el reclamo salarial. En los sondeos al azar que realizó Salta/12 en distintos establecimientos educativos de la provincia, la cifra proporcionada por el gobierno guardó relación con la realidad expresada por directivos de las escuelas públicas en sus distintos niveles.
“Clases normales”, “regresaron todos”, “algunos mantienen el paro”, “todos los chicos regresaron a las aulas”, fueron algunas de las devoluciones recibidas. Sin embargo, al consultar sobre las adhesiones de la docencia al reclamo salarial y la lucha en las calles durante las cinco semanas, hubo un acuerdo generalizado: el pico del 100% de adhesión se alcanzó tras la represión a docentes el 24 y 25 de mayo. Como esos episodios terminaron en la detención de 19 educadores y educadoras, el repudio a las decisiones del gobierno salteño se manifestó en un paro total de actividades el lunes 29 de mayo. “Repudiamos esos hechos” y “nos adherimos todos”, confirmaron la decisión masiva de la docencia. Ese momento fue un quiebre y, en general, paulatinamente regresaron a las aulas, hasta alcanzar ayer una adhesión de solo el 16%.
En algunos establecimientos rurales, las demandas no son únicamente salariales. Hubo escuelas que manifestaron reclamos por la copa de leche, refrigerios o comidas por jornada completa que no son enviados en tiempo y forma desde la cartera educativa. Incluso, las escuelas que respondieron a las consultas, aseguraron que no se actualizaron los montos para efectuar el pago por los alimentos en Salta. “Una naranja cuesta 50 pesos”, “el presupuesto para artículos de limpieza no se actualiza desde 2022”, “no podemos darle verduras únicamente a nuestros niños: hay que tener en cuenta sus realidades culturales”, “no podemos brindarles frutas de estación, porque la producción local se exporta”, son algunas de las apreciaciones recogidas durante el sondeo que realizó Salta/12.
Las respuestas llegaron desde diversos departamentos y localidades. Apolinario Saravia, Gaona, El Quebrachal, y Las Lajitas en el departamento Anta. Cachi, Cafayate y Salta capital. Cerrillos y General Güemes. Tartagal, Aguaray, Mosconi, y Coronel Cornejo del departamento San Martín. La Candelaria y Metán. Orán, Rosario de La Frontera y Rivadavia.
Nuevos delegados en Salta capital
Hasta el cierre de esta edición, docentes autoconvocados del departamento General San Martín sostenían el corte de ruta en la nacional 34, a la altura de General Ballivián.
En la ciudad de Salta, la Asamblea Docente Autoconvocada de la capital reunida en plaza 9 de Julio anoche, eligió nuevos delegados para representar al departamento. Rubén Fernández (uno de los 19 detenidos el 25 de mayo) y Erika Moreno fueron ratificados por unanimidad y resultaron electos Iván Reynoso, Luz Luna (otra docente detenida) y Carolina Palacios.
Se revocaron los mandatos de Anália Gutierrez y Claudio Uriona, “por su accionar durante la huelga”, según informaron en redes sociales de Asamblea Provincial Docente Autoconvocada. También decidieron continuar con el paro hasta que la Asamblea acepte una propuesta salarial superadora, participar del corte en la ruta nacional 51 a la altura de Campo Quijano junto a trabajadorxs de la salud pública, y convocar a una Asamblea Provincial bimodal para mañana miércoles en Salta Capital.
