El 24 de octubre de 2022 la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, confirmó que el GCBA había denunciado a más de 300 familias de estudiantes que participaron de las tomas de colegios. Un año después, las demandas millonarias por "daños y perjuicios" siguen llegando a las casas de las familias. Según pudo saber Página/12, sin embargo, las denuncias iniciales entregadas por la propia policía porteña todavía no avanzaron más allá de esa notificación inicial y los y las estudiantes coinciden en señalar que la decisión del Gobierno porteño formó parte de actos de "persecución política".

"Tuvimos a policías en nuestras casas y después hubo mucho castigo hacia la institución, desde el Ministerio y desde muchos medios de comunicación. El Lengüitas quedó muy expuesto, ahora lo que se habla en asambleas sale en una nota, por ejemplo, y la confidencialidad empezó a estar en peligro. Eso nos preocupa mucho como centro", dice a este diario Julia, vicepresidenta del centro de estudiantes del Lenguas Vivas, del barrio de Recoleta. 

En efecto, el Lengüitas fue uno de los principales apuntados en las tomas del año pasado. Quizás porque, como recuerda Julia, fue el colegio que más tiempo sostuvo la medida, desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre. En el medio, las familias comenzaron a recibir en sus casas las visitas policiales con notificaciones de denuncias por la participación de sus hijos o hijas en las tomas. "Por ahora esas denuncias no tuvieron ningún avance, fueron notificaciones que quedaron ahí", señala ahora Julia, que agrega que por el momento no volvieron a recibir más demandas, aunque, asegura, "no me sorprendería que empecemos a recibir nosotros o en otros colegios".

Aunque prefieren mantener la confidencialidad, las familias a las que este diario pudo consultar sobre el avance de las denuncias también coincidieron en indicar que hasta el momento no hubo más novedades. Sin embargo, las demandas siguen llegando a las familias de otros colegios, como el caso de la Escuela Artística Manuel Belgrano que Página/12 publicó esta semana. Allí, dos familias fueron notificadas de una denuncia de "daños y perjuicios" que alcanza los 2,7 millones de pesos. 

Desde la cartera educativa aseguran que esas demandas no son nuevas sino que son las mismas que comenzaron a emitirse el año pasado y afirman que "siguen adelante". A fines de 2022 el Ministerio informó que, a través de la Procuración General de la Ciudad, había denunciado a 366 adultos responsables de estudiantes que participaron de las tomas. En esa ocasión añadieron que era por "daños y perjuicios por los días de clases perdidos". También indicaron que el monto total a demandar entre todas las familias alcanzaría los 50 millones de pesos. 

"Las denuncias no tienen ni pies ni cabeza. Técnicamente son por los daños a las instituciones, daños que no existen porque los colegios incluso se repararon durante las tomas y terminaron mejor que antes", advierte a Página/12 Lucía Rinaldi, del centro de estudiantes de la escuela Yrurtia. "En nuestro caso cerramos grietas, pintamos paredes, arreglamos caballetes, bancos y limpiamos rincones que nunca se limpiaron porque no hay personal", agrega. Para Federico Lavagnino, presidente del centro de la escuela Esnaola, las demandas son una "persecución política": "Lo único que ha hecho el ministerio por los estudiantes es seguir haciendo llegar denuncias a las familias", sostiene.

En el Lengüitas, cuenta Julia, el clima se volvió más "tenso" en el último año. "Vivimos con mucha supervisión burocrática que se agudizó desde la toma por miedo a que vuelva a suceder lo mismo", indica. En el medio, el Ministerio también desplazó a María Delia Fernández Cravero, directora del nivel medio. Lo que informaron entonces fue que la decisión se tomó porque la directora no activó el "protocolo de vulneración de derechos" en un caso que terminó con el intento de suicidio de un alumno. 

Tanto los estudiantes como la cooperadora y la propia directora sostuvieron, sin embargo, que la mujer cumplió con el protocolo y advirtieron que el desplazamiento fue por razones "políticas" para "disciplinar" al colegio luego de la toma. "Corrieron a nuestra directora y ahí explotó todo porque la estructura de nuestra institución quedó descabezada totalmente. Perjudicó trabajos docentes y también a nuestro propósito de movilizarnos", asegura Julia. 

Mesas del no diálogo

El final de las tomas de 2022 llegó cuando el Ministerio prometió que conformaría mesas de diálogo para discutir los problemas con los y las estudiantes. Para estos últimos, sin embargo, las cosas arrancaron mal, ya que pretendían conformar una mesa con la ministra Acuña donde se escucharan los reclamos unificados de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB). "Ese pedido se ignoró y nos dieron reuniones por colegio", recuerda Lavagnino, que añade que el Ministerio "evadió completamente cualquier solución y maquilló las reuniones de 'estamos escuchando a los estudiantes'". Según reconstruyen los y las estudiantes, las reuniones fueron atomizadas por colegio y con pocos representantes permitidos por cada escuela. 

"Siempre era con un representante del Ministerio, intermediarios, e iba uno o dos de cada centro. No fueron demasiado resolutivas. Vas para que hagan un acta y no resuelvan nada", asevera Julia. "Las 'instancias de dialogo' que se dieron fueron con gente de la supervisión del área y la ministra nunca se mostró. Nos citaban de a dos representantes, nos sentábamos en una mesa y cuando íbamos y exponíamos nuestros problemas lo único que recibíamos eran excusas y burlas", dice por su parte Kiara, vicepresidenta del centro de la escuela Manuel Belgrano. 

Fuentes del Ministerio sostienen que los y las estudiantes "nunca tuvieron reclamos puntuales" y que los pedidos eran "difusos" para "justificar una decisión que pisoteaba los derechos de los y las estudiantes que sí querían ir a la escuela". "Llegaron a pedir que se aprobaran leyes de diputadas cercanas a los centros de estudiantes, algo que ni siquiera es tarea del Ministerio", agregan. 

"Lo único que recibimos fue más persecución política y que nos dijeran en la cara que no se iban a resolver nuestros reclamos. No nos dejaron hablar, nos dieron veinte minutos de reunión y fue todo muy feo. Llegamos al punto de tener que decirles que nos estaban tratando mal", responde Rinaldi y subraya que "lo que pedimos hace años como movimiento estudiantil es que se nos incluya en la toma de decisiones con respecto a nuestra educación".