Diego Chemes pasaba largas horas en el centro clandestino El Vesubio y, a veces, sentía la necesidad de hablar con sus víctimas. Una de ellas escuchó al agente penitenciario jactarse de cómo se infiltró en los barrios para identificar militantes. A otra le daba mandarinas porque estaba embarazada, le insistía para que comiera y le señalaba el vientre: “Ése va a ser para mí”. Un día apareció con un regalo siniestro: una capucha diminuta para la criatura que la muchacha estaba gestando. En el campo de concentración, Chemes era el “Polaco” o “Chaves”. En los tribunales de Comodoro Py, ese represor prácticamente ignoto puede ser la llave para que el resto de los detenidos por crímenes de lesa humanidad –que sean mayores de 70 años– puedan irse a sus casas. En esa discusión estaban algunos integrantes de la Cámara Federal de Casación minutos antes de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, bajara del auto negro que lo trasladó para entrevistarse con los jueces del máximo tribunal penal del pais.

Chemes cumplió 71 años el 27 de noviembre. Está detenido desde 2006. En 2011, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 lo condenó a 21 años de prisión. En 2020, le concedieron la prisión domiciliaria, pero el año pasado se la revocaron. Su defensa insiste con que debe irse a su casa porque es mayor de 70 años.

El 5 de diciembre pasado, la Sala IV de la Casación –integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos– rechazó un pedido de Chemes para volver a su domicilio. Sin embargo, sus defensores insistieron. Un día después de que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel, le pidieron al tribunal que celebre un acuerdo plenario para fijar una doctrina unánime acerca de si alcanza con que una persona sea mayor de 70 para acceder al beneficio de la domiciliaria o si es necesario también que tenga una enfermedad que no pueda ser atendida dentro del Servicio Penitenciario Federal.

Uno de los principales argumentos que esgrimen los abogados de Chemes es que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos a las Personas Mayores tiene rango constitucional en la Argentina y que recomienda medidas alternativas a la prisión para los reclusos de edad elevada.

Los defensores

Chemes es defendido por Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, los dos son hijos de jerarcas de la dictadura. Saint Jean es el hijo de Ibérico Saint, el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires que quería matar a todos. Olea es una exsecretaria de la Cámara de Casación que intercalaba sus funciones como empleada judicial y la defensa de su padre, uno de los oficiales de alto rango del V Cuerpo de Ejército. En la Cámara, Olea trabajó bajo las órdenes de Eduardo Riggi, un juez de la vieja guardia de la Casación y que, después de jubilarse, firmó una solicitada llamando “terroristas” a las víctimas del accionar estatal de los años ‘70.

En mayo del año pasado, Olea y Saint Jean fueron parte de una comitiva que visitó la Cámara de Casación. Habían pedido la reunión después de que el entonces presidente del cuerpo, Alejandro Slokar, convocó a referentes de organismos de derechos humanos. Olea, Saint Jean y compañía se fueron con las manos vacías.

Esta vez, les fue mejor a los defensores de Chemes. El lunes, Borinsky, Hornos y Carbajo aceptaron su pedido de hacer un plenario para unificar la jurisprudencia en torno a las condiciones de detención de las personas mayores de 70 –en este caso, condenadas por crímenes aberrantes. Le elevaron el planteo a la presidencia de la Cámara, que es el propio Borinsky.

Tensión en Casación

Este martes, había mucha actividad prevista en la Casación. A las 10.30 se reunió Borinsky con los presidentes de las cuatro Salas –Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Hornos y Carbajo. La propuesta del plenario no estaba en el orden del día. Borinsky lo planteó, pero Yacobucci estalló de ira. Le recriminó que se había enterado del caso Chemes por una nota que había salido publicada en Infobae. Le dijo, además, que expresaba la postura de sus colegas de la Sala II, Slokar y Ángela Ledesma.

Con Yacobucci visiblemente enojado, la discusión sobre si se convoca a un plenario para discutir la domiciliaria para mayores de 70 quedó para más adelante. Después de esa discusión acalorada, llegó Cúneo Libarona al primer piso de los tribunales de Comodoro Py. El encuentro fue breve y amable.

El ministro de Justicia de Javier Milei salió conforme y dijo cuánto estimaba a los integrantes de la Casación. Este medio le consultó si le habían comentado la posibilidad de hacer un plenario para tratar el tema de los represores detenidos y la respuesta fue que no. “Dentro de los nuevos derechos me interesan muchísimo los de las personas mayores”, reconoció el penalista.

Página/12 le preguntó si tenía una postura tomada sobre qué debe pasar con los represores mayores de 70. “Cuando una persona está enferma o con problemas de salud, debe estar en la casa –más allá de lesa”, contestó el ministro.

Señales y contraseñales

El triunfo de La Libertad Avanza (LLA) despertó las esperanzas de quienes están detenidos por crímenes de lesa humanidad. Los tribunales dieron una primera señal la semana pasada con el otorgamiento de las libertades condicionales de Horacio Losito y Rafael Barreiro. Según muestran las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), solo un 23 por ciento de los detenidos por lesa lo están en algún establecimiento penitenciario.

En su acuerdo de la semana pasada, la Corte Suprema trató un planteo contra la domiciliaria de un represor de Rosario, Julio Fermoselle. En ese fallo, el máximo tribunal dijo que no basta que una persona sea mayor de 70 años y tenga dolencias, sino que debe acreditarse que no puede recibir la correcta atención médica dentro del establecimiento penitenciario.

En línea con el fallo de la Corte, Slokar y Ledesma le ordenaron al Tribunal Oral Federal de Rosario que revoque las domiciliarias de Fermoselle y de Lucio Nast –que también había sido enviado a su casa en 2020. Una decisión que hacía tiempo esperaban los organismos de derechos humanos.