Ante el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por la jueza Gabriela Elisa Catalano y los jueces Domingo Batule y Abelardo Jorge Basbus, comenzó el juicio contra la ex directora del PAMI, Verónica Molina, por los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.

También son juzgados otros dos empleados de ese organismo, Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, acusados de malversación de caudales públicos. El requerimiento de juicio también alcanza a Marcos Vera, ex director de la ANSeS imputado por exacciones ilegales. También se juzga al ex concejal Fernando Ruarte, a quien se acusa de malversación de caudales públicos por haber participado de la entrega a afiliados y afiliadas al Pami de electrodomésticos secuestrados por la Aduana. Todas las personas  juzgadas rechazaron la acusación. 

En el comienzo de la audiencia el fiscal Ricardo Toranzos sostuvo que el eje central de la acusación es la exigencia a jefes de distintas agencias del Pami en el interior de la provincia del aporte del 20% de sus sueldos, en concepto de aportes a La Cámpora.

El fiscal afirmó que se estableció que ese dinero se acreditaba mediante transferencias, en algunos casos, y en otros se hacía a través del sistema de bolsín, de comunicación interna de ese organismo.

Señaló como los principales responsables de esta maniobra y receptores de esos pagos a Molina y Vera, quienes eran directores de la sede Salta del Pami y la ANSeS respectivamente, que también son representantes de La Cámpora en la provincia.

Toranzos aseguró que esta “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación en cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento. Y adelantó que la fiscalía presentará evidencias, como capturas de mensajes, audios y documentación bancaria sobre el dinero recaudado.

El fiscal también reprochó el uso irregular del sistema de bolsín, que se usaba para recibir el pago de los jefes de agencias en localidades lejanas. Dijo que esto se hizo "en el marco de una modalidad impuesta y aceitada" que salió a luz por una denuncia anónima y la declaración de dos gerentes.

Electrodomésticos 

El fiscal también repasó la acusación de malversación de caudales públicos por la "entrega irregular de cientos de electrodomésticos" que habían sido donados al Pami por la Dirección Nacional de Aduanas para que los distribuyera entre afiliados y afiliadas de extrema vulnerabilidad.

Toranzos dijo que todas las personas acusadas desviaron el destino de estos bienes, que "terminaron siendo funcionales a la campaña política que, casualmente, tenía el entonces concejal, quien buscaba su reelección por el partido de La Victoria, en la capital salteña". 

Las defensas rechazaron las imputaciones, pusieron en duda la dirección imprimida a la investigación por la fiscalía y también cuestionaron el tratamiento periodístico del caso e insistieron en el estado de inocencia que gozan sus defendidos.

Ruarte fue el más enfático a la hora de ejercer su defensa. Se declaró inocente, hizo una descripción de su trayectoria política y como músico y artista, y cuestionó a la "fiscalía (que) desvirtuó toda la entrega y buscaba una condena social” basándose en "falsos fundamentos y una falsa imputación". “Rechazo en forma absoluta dicha imputación, jamás mi conducta privada y pública fueron delictivas”, sostuvo.

El ex concejal dijo que en su función de edil fue invitado por el Pami a algunas entregas de electrodomésticos enviados por la Aduana. Dijo que estos elementos fueron entregados a "ciudadanos afiliados que nunca tuve la posibilidad de elegir", además de que esos elementos nunca estuvieron en su poder ni bajo su cuidado y custodia, y tampoco decidió el destino que se les dio. 

“Siguiendo el sentido del señor fiscal se debería condenar similares conductas de todos los integrantes del Poder Judicial, del Poder Legisladtivo desde el presidente al gobernador, al intendente y a miles de políticos que asisten como invitados en épocas de campaña y en todas las épocas a entregas no de pavitas eléctricas sino de computadoras y hasta incluso casas”, afirmó.

También cuestionó las publicaciones periodísticas que daban cuenta de la supuesta entrega irregular. “Fueron orquestadas políticamente por quienes fueron adversarios y enemigos de un accionar político de mi parte que siempre estuvo al servicio del pueblo”, aseguró.

Añadió que estas publicaciones mancharon su imagen pública y su vida privada, “como si yo hubiera tenido un galpón de electrodomésticos a disposición y bajo mi custodia lo cual nunca sucedió. Por lo cual hay una clara atipicidad y un daño irreversible”.“Toda la campaña mediático judicial destada nos llevó a que la gente desinformada crea que somos chorros, sin más prueba que unas publicaciones periodísticas de portales tendenciosos y cuasidelictuales y una publiación de Facebook que era pública. Claramente todo esto fue perjudicial para mí en lo personal ya también en lo colectivo”, insistió.

Testimonios de dos periodistas 

Ayer mismo comenzaron las testimoniales. Primero fue el turno de la periodista Gabriela Hernández, quien habló de dos artículos que escribió sobre el pago irregular de aportes que se hacían en el Pami.

La periodista dijo que sus fuentes principales fueron Emilia Fabiana Juárez y Viviana Fernández, quienes dieron a conocer la exigencia de estos pagos en una audiencia de juicio seguida contra ambas por el cobro indebido del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Hernández ratificó que ambas mujeres, quienes dirigían las agencias del Pami de El Carril y Orán respectivamente, reconocieron esta modalidad de pago. 

En la misma línea, declaró también la periodista Silvia Noviasky, del diario El Tribuno, quien contó haber realizado una investigación una vez que ya era pública la información de los pagos de aportes, situación que, según afirmó, le fue confirmada por empleados de ese organismo, lo mismo que la entrega irregular de los electrodomésticos.

La última en declarar fue Viviana Fernández, ex gerenta ahora de la agencia de Orán, que en 2021 fue condenada a tres años de prisión por defraudación a la administración pública. Sin embargo, la ex funcionaria no ratificó sus expresiones anteriores sobre la exigencia de los aportes. Argumentó que cuando dijo eso "no entendía cómo se solventaba la tarea social” que realizaba La Cámpora y agregó que sus declaraciones anteriores fueron producto del enojo.

Fernández, para quien el fiscal no descartó avanzar en una nueva acusación, ahora por falso testimonio, concluirá de declarar el jueves próximo, en la continuidad del debate.