El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) de Salta inició procesos sancionatorios contra 23 barrios privados por incumplir las normas que los exhortaban a inscribirse en el el Registro Único de Operadores de Servicios Públicos Sanitarios (RUOSPS), dado que se encuentran por fuera de las zonas con servicio prestado por la empresa Aguas del Norte.
“Ya hemos impuesto cuatro multas de 2 millones y hasta de 4 millones de pesos”, dijo a Salta/12 el presidente del ENRESP, Carlos Saravia, al indicar que la falta de regulación del servicio afecta la disponibilidad del recurso hídrico en el resto de la población, pero además genera una desigualdad en el pago por su obtención. “Mientras pagan 4 pesos mensuales, porque no pagan más de 400 pesos al año por el agua, un vecino con el servicio de Aguas del Norte paga entre 5 mil o 6 mil pesos mensuales”, añadió el funcionario.
Saravia afirmó que desde la publicación de las resoluciones 642/22 y 643/22, que disponen medidas con relación a los barrios privados, abiertos y cerrados, que carecen de control en la captación, transporte, tratamiento, distribución del agua potable y el manejo de los efluentes cloacales, solo 23 urbanizaciones privadas han cumplido con los requisitos. Mientras otras 23 están registradas como incumplidores y son sobre las que se inició el proceso sancionatorio.
Entre los barrios “hay 9 que son de Cafayate”, una de las zonas más turísticas de la provincia de Salta y en donde crecen desarrollos inmobiliarios de countries.
Por ahora las multas aplicadas “fueron apeladas”, dijo Saravia. Sin embargo, consideró que se marcó “una senda” sobre esta situación dado que nunca antes se habían dispuesto sanciones por estos incumplimientos.
Añadió que otro problema provocado por la falta de cumplimiento de las normativas es que también se incumplen las normas ambientales al no contar con un servicio óptimo para el tratamiento de cloacas. En este punto sostuvo que hay barrios cerrados cuyos efluentes son volcados al río Arenales, que atraviesa la ciudad de Salta. Entre otros emprendimientos, señaló la existencia de estas deficiencias en algunos barrios de San Lorenzo Chico, vecino de la ciudad capital.
La solución sería, sostuvo, la existencia de “biodigestores individuales y comunitarios”. Mientras, el ENRESP prohibió una conexión a la onceava colectora de la Planta Depuradora que tiene su trayecto por la zona.
Solo el 10% de los pozos relevados
Entre otras resoluciones, el ENRESP había dispuesto realizar un censo de pozos. La medida, también lanzada en 2022, llegó a un registro total de 800 pozos de agua registrados en toda la provincia.
Saravia explicó que se realizó un trabajo conjunto con distintos organismos provinciales. “Desde la Procuración se estima que hay unos 8 mil pozos, entonces tenemos 7.200 en negro”, dijo el funcionario al indicar que, frente a la falta de registro, se iniciará un trabajo con EDESA, la empresa que está a cargo de la distribución eléctrica en la provincia.
Este implica detectar los pozos a partir de los medidores de energía eléctrica de las bombas que se usan para la extracción del agua.
“Hay gente que extrae el agua como quiere y entre ellos se encuentran emprendimientos agropecuarios y pequeñas empresas. Y son los que más se quejan cuando aumentan las tarifas, pese a que trasladan esos costos a los bienes”, afirmó Saravia.
La semana que viene se relanzará el censo, una vez que se cuente con los informes de EDESA.