El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia informó este miércoles que las elecciones judiciales se podrían realizar el 22 de septiembre de este año, si el Congreso emite la convocatoria luego de la promulgación de la norma por parte del presidente Luis Arce. Sectores afines al expresidente Evo Morales convocaron a bloquear las rutas desde el 22 de enero en contra de la prórroga del mandato de los magistrados y la sentencia constitucional que inhabilita la candidatura presidencial del líder cocalero. Con la novedad de la convocatoria a elecciones judiciales, la medida de protesta fue suspendida el martes, aunque las bases se mantienen en estado de alerta.
Avanza la elección de jueces
En referencia al cronograma establecido por la nueva ley, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, aseguró: "El día 26 de abril se debería estar remitiendo la lista de los preseleccionados postulantes al órgano judicial. Y, si fuera así, el próximo 22 de septiembre se realizarían las elecciones como tal". Por su parte el vocal Francisco Vargas dijo que la fecha será fijada con base en los plazos estipulados en la Ley 1549 de elecciones judiciales que el presidente Arce promulgó el martes.
Según la norma el poder legislativo deberá enviar al TSE en 80 días la lista de los postulantes preseleccionados para que participen en las elecciones judiciales. Luego hay 150 días de plazo para que el TSE realice los comicios. "En base a criterios técnicos vamos a asumir una postura institucional definiendo la fecha para la elección que podría darse entre el mes de agosto o el mes de septiembre", señaló Vargas al canal Unitel.
Vargas puntualizó que "esto va a ser una tarea que va a emanar de las consultas también que se pueden hacer a todos los tribunales electorales departamentales, a nuestra Dirección Nacional de Procesos Electorales y a todas las instancias que son parte del Órgano Electoral". El presidente Arce sancionó el martes la ley para convocar a elecciones judiciales, la cual establece los requisitos, plazos, criterios y el procedimiento para la selección de los candidatos a magistrados en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en el TSE.
El proceso tiene como plazo 230 días o el equivalente a siete meses y 20 días para elegir mediante voto popular a las autoridades del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. La norma también establece que el proceso electoral debe contar con observación nacional e internacional y que la preselección de candidatos en la Asamblea debe aprobarse por dos tercios de los votos de los legisladores.
En Bolivia los altos magistrados del órgano judicial son elegidos mediante voto popular cada seis años. Sin embargo la falta de acuerdos en el Congreso postergó la realización de estas elecciones desde 2023. El acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas para poner fecha a las elecciones judiciales puso en pausa unas protestas de campesinos afines al expresidente Evo Morales que cortaban rutas desde hace dos semanas.
Crisis judicial y política
Las manifestaciones empezaron luego de que el Tribunal Constitucional inhabilitara al expresidente indígena (2006-2019) para postularse otra vez a la presidencia en 2025, alegando que ya había cumplido con los dos mandatos que permite la Constitución. Por otra parte, la Carta Magna vigente desde 2009 introdujo la elección por voto popular de los magistrados y consejeros de los máximos tribunales del país.
Los comicios para renovar a los magistrados debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, frente a lo cual el Tribunal Constitucional prorrogó su mandato y el de los otros jueces para evitar un "vacío de poder". Los sectores "evistas", que respaldan al exgobernante y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), exigían la renuncia de los magistrados de los máximos tribunales del país y la celebración de los comicios judiciales.
Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021, cuando el exgobernante pidió que el presidente hiciera cambios en su gabinete, llamados que el mandatario ignoró, a lo que siguieron acusaciones mutuas de corrupción y traición. Ahora Morales acusa al gobierno de boicotear las elecciones judiciales y avalar la prórroga de magistrados y consejeros electos en 2017.
"Gracias a la unidad del pueblo boliviano, a través de las organizaciones sociales y el liderazgo del movimiento indígena, se logró aprobar y garantizar las elecciones judiciales", escribió el exmandatario en su cuenta de X, donde destacó la movilización popular "frente a un gobierno que durante el 2023 boicoteó y evitó la aprobación de la ley que además apadrinó y respaldó ilegalmente que los magistrados se autoprorroguen violando la Constitución Política del Estado y la democracia".
Desde la otra vereda el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, reprochó que "las elecciones judiciales sufrieron un retraso debido a la irresponsabilidad de senadores y diputados de la oposición política y de algunos radicales". Los bloqueos, que aún se mantenían en algunas vías cercanas al departamento de Cochabamba, que es el bastión político y sindical de Morales, se levantaron luego de la aprobación de la norma que habilita las elecciones judiciales.
