El pasado martes 26 de marzo se vivió en las inmediaciones de los tribunales de la Ciudad de la Plata una jornada histórica. Tras tres años y medio de audiencias, se conoció finalmente la sentencia a los represores acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante su actuación en las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús, Avellaneda y San Justo. 

Este extenso proceso judicial, conocido como “Juicio Brigadas”, contó con las declaraciones de 468 testigos y más de 600 víctimas que señalaron las torturas y aberraciones cometidas por 18 militares, ex policías y civiles. Seis de estos acusados, entre ellos Miguel Etchecolatz, fallecieron impunes durante el transcurso de la querella. Pero una cifra en particular ha llamado la atención en el desarrollo de este juicio, se trata de la incorporación de los nombres y testimonios de 8 mujeres trans y travestis como querellantes en la causa. Ellas son: Paola Leonor Alagastino, Miguel Ángel Gómez (Claudia), Julieta Alejandra González, Carla Fabiana Gutiérrez, Judith Lagarde, Valeria del Mar Ramírez, Analía Velásquez y Marcela Daniela Viegas Pedro. Sus nombres forjan un antecedente clave en la lucha de la comunidad trans por el reconocimiento de la violencia experimentada a manos de las fuerzas de seguridad.

La jornada de lectura de la sentencia se vivió con entusiasmo tras la masiva movilización del 24 de marzo. Para sobrevivientes y familiares fue un alivio saber que de los 12 represores acusados, 10 recibieron cadena perpetua. Para la comunidad trans estas sentencias son sólo uno de los primeros pasos en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, sin dudas uno muy importante pero no lo suficiente para construir políticas reparatorias efectivas que alcancen a toda la comunidad. La sentencia del Juicio Brigadas sienta un precedente jurídico al reconocer que las mujeres trans y travestis declarantes en la causa fueron efectivamente víctimas de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, reducción a la servidumbre y abuso sexual. Por primera vez en la historia argentina, un juzgado reconoce la existencia de estos crímenes contra la comunidad travesti y trans durante la última dictadura militar (1976-1983) y la participación de las fuerzas de seguridad, en especial de la policía, en la comisión de estos crímenes. Sin embargo, es por todos sabido que las travestis y transexuales no vivieron violencia únicamente durante la dictadura, sino que muchas de las estructuras, prácticas represivas y políticas de higiene pública contra ellas antecede por mucho a la última dictadura y se extendió también durante los primeros años de la democracia.

La sentencia de la Causa Brigadas entusiasma, despierta alguna esperanza y pone un velo de justicia sobre la experiencia vivida por las compañeras querellantes. Conmueve, por ejemplo, que al fin haya justicia para el Negro Miguel, quien lamentablemente falleció tras declarar en el juicio y fue por muchos años un personaje cautivante de la escena travesti del Tigre. El Negro Miguel fue detenido en Av Del Libertador, en cercanías del Club San Isidro, una noche entre 1977 junto a su amiga Julieta González “La Trachyn”. En aquellos años el negro era conocido como “Claudia” y se identificaba como travesti y trabajadora sexual. Según consta en la causa los militares las trataban de “putos, maricones, degenerados, acá los vamos a hacer hombres, son una vergüenza para la sociedad”, les propinaban golpes “por gusto”, respecto a los trabajos que les imponían, se burlaban diciendo “a ver los chicos, a ver los obreros” y “no digas que estás cansada, acá estás cansado”. Miguel expresó que le cortaron el pelo y que solían amenazarlas con hacerlo, remarcando la significación de ese acto como un señalamiento de su “condición masculina” por parte de sus captores. 

Para el Negro, por aquel entonces una travesti jovencita y asustada, “la solución fue volver a ser Miguel Ángel” una muestra de los efectos disciplinadores de la tortura, violación y escarmiento propinado por los milicos. Esta sentencia al menos permite reparar y subsanar el relato que muchas travestis y mujeres trans hacen de sus vidas, al reconocerles la real existencia de estos ataques a mano de la policía durante la dictadura. Pero sin ánimo de ser aguafiestas, aún resta un largo y cada vez más cansado camino hacia una reparación histórica real.

Actualmente este antecedente, junto a las leyes reparatorias obtenidas en la Provincia de Santa Fe en la última década, son una de las pocas señales del Estado Argentino a favor de una ley de reparación para las personas trans. Algunas de las querellantes en la Causa Brigadas han obtenido pensiones reparatorias, siempre circunscritas a los casos de violencia sufridos en los centros clandestinos de detención durante la dictadura. Pero aún se dificulta obtener reconocimiento de la violencia que sufrió la población trans durante la transición democrática con Alfonsín y hasta fines del siglo XX, cuando los principales distritos derogaron los edictos policiales que posibilitaron la persecución y violencia contra la disidencia sexual. Incluso, hasta 2012 existieron provincias donde los juzgados de faltas decidían sobre las vidas de las travestis. Aunque la Ley de Cupo Laboral Trans fue presentada como una “reparación” para la vulnerabilizada población trans, la actual situación política hace aún más evidente que hecha la ley, hecha la trampa. La última semana se conocieron más de 30 despidos de personas travestis y trans que habían accedido a sus empleo a través de la Ley de Cupo y que vuelven a la marginalidad de la que la ley prometía sacarlas.

La permanente amenaza conservadora del Partido Libertario pone en peligro los derechos conquistados y presenta como inviable la lucha por una ampliación tan significativa como el reconocimiento estatal de la responsabilidad en la represión, asesinato y violencia sexual contra travestis, trabajadoras sexuales y otras identidades trans. Y aunque nunca podemos perder las esperanzas, en el caso de la lucha por la reparación trans el tiempo le sopla la nuca a nuestras militancias: cada semana mueren compañeras travestis mayores sin haber recibido en sus vidas los “privilegios” de las políticas de Derechos Humanos que algunos dirigentes y twitteros dicen que tenemos. La sentencia del Juicio Brigadas es un oasis en estos tiempos de tristeza del que podemos nutrirnos para redoblar la fuerza, amotinarnos y volver a gritar nunca más.