Un manifestante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que el miércoles pasado participó de una marcha en reclamo de alimentos para los comedores comunitarios perdió la visión de un ojo, debido a que al reprimir, la Policía le disparó a la cara con balas de goma. Así lo confirmó la Asociación contra la Violencia Institucional, que presentará una denuncia contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de la Ciudad, Waldo Wolff. En la demanda pedirán a la Justicia que individualice al agente que disparó --la sospecha es que se trató de un efectivo de la Policía de la Ciudad--, y que establezca cuáles fueron las órdenes de Bullrich y Wolff para el Operativo Antiprotesta.
El herido es Claudio Astorga, de 39 años, vecino de un barrio de Berazategui, donde forma parte del movimiento Pueblo Unido. El coordinador de esta organización social, Cristóbal Marcioni, contó cómo ocurrió:
“La policía ya estaba reprimiendo y Claudio volvía a Constitución, en la avenida 9 de Julio, cuando se detuvo para ayudar a unas señoras que, en el desbande, se habían quedado atrapadas. Estaban sobre la 9 de julio, a unos cien metros de la avenida de Mayo; la policía le disparó a la cara”.
La bala de goma le pegó en el tabique y se desvió hacia el párpado. “Al principio pensamos que no era grave, pero enseguida empezó a dolerle mucho y se dió cuenta de que no veía bien. Por momentos veía en blanco y negro y se sentía mareado. Lo llevamos al hospital Santa Lucía. En el hospital le dieron medicamentos y le explicaron que por el impacto tenía todo el ojo inflamado, que había que esperar al jueves o viernes para que se deshinchara y ver si podían operarlo. El domingo la inflamación había bajado, pero Claudio no había vuelto a ver. El lunes tres especialistas del Santa Lucía lo revisaron y confirmaron que perdió la visión. Sigue en tratamiento, pero para tratar de no perder el globo ocular”, dijo Marcioni.
“A él le dispararon a la cara, a corta distancia y cuando estaba replegándose. Se había separado unos metros de su grupo para ayudar a estas compañeras, y por eso quedó más cerca de la policía. No hay nada que justifique que le hayan disparado a la cara”, agregó Marconi.
El abogado Matías Busso, de ACVI, anticipó que la denuncia judicial será presentada en los próximos días, con el fin de individualizar al efectivo que le disparó y de esclarecer qué órdenes están recibiendo las fuerzas de seguridad en los Operativos antiprotesta. “¿Cuál es la directiva que Bullrich y Wolff le están dando a la policía? Esto es de una gravedad inaudita y puede volver a suceder”, advirtió el abogado.
El ministro porteño había felicitado a la Policía por el operativo. “En la Ciudad de Buenos Aires impera el orden. Cada vez que quieran cortar nos encontrarán despejando. Los 11 detenidos ya están a disposición de la Justicia, al igual que todos los registros fílmicos con personas vandalizando la Ciudad. Quiero felicitar a nuestra Policía de la Ciudad por su accionar. Es con orden”, tuiteó el miércoles.
Bullrich también elogió el accionar de las fuerzas de seguridad: "Desde el Comando Conjunto hicimos cumplir el protocolo y la ley. Felicitaciones a las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad por los esfuerzos en conjunto. Con orden y profesionalismo podemos hacer las cosas bien, garantizando la libre circulación en libertad, sin impedimentos". Es decir, no hizo una sola mención a los manifestantes heridos. Tampoco a los transeúntes que fueron golpeados por la policía a pesar de que ni siquiera estaban siendo parte de la manifestación.
Armas menos letales
El caso revela que, tal como lo hicieron los carabineros en Chile durante las protestas callejeras de 2019 y en Colombia en 2021 --luego copiado por la policía de Jujuy--, también en los Operativos Antiprotesta del gobierno de Milei ha calado la decisión criminal de disparar a los ojos de los manifestantes.
Astorga es la segunda persona que pierde la vista en los operativos represivos de Bullrich. En febrero, durante el desalojo de una protesta contra la ley ómnibus frente al Congreso, la policía disparó de la misma manera con balas de goma al abogado Matías Auferi, con las mismas consecuencias de pérdida de la visión en un ojo. Dos casos en menos de dos meses no son una casualidad y hace sospechar que existiría, como mínimo, algún tipo de aval implícito a esta práctica desde la conducción del ministerio de Bullrich.
En este tiempo, sus víctimas no han sido sólo manifestantes, sino especialmente los periodistas, fotógrafos y camarógrafos, atacados cuando toman imágenes de la represión.
La UTEP convocará a una conferencia de prensa para dar más detalles del tema. Su titular, Alejandro Gramajo, apuntó que el gobierno de Milei “reprime con violencia las protestas porque sabe que su modelo económico empuja al 70 por ciento de la población a la pobreza y que eso va a generar una reacción de lucha, organización y solidaridad. Su modelo económico sólo cierra con represión”.
El referente agregó que la en la represión del miércoles “la policía actuó con con mucha violencia” y coincidió en que no son policías aislados los que están disparando a la cara: “pasó también antes en el Puente Pueyrredón, donde a un compañero le pegaron un balazo de goma en la cabeza y otro en la oreja”.
Consultada por Página/12, Victoria Darraidou --Coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS-- planteó que “está ampliamente documentado que la represión con armas menos letales, que el gobierno llama ‘no letales’ puede provocar lesiones graves, discapacidades permanentes e incluso en algunos casos la muerte”. Añadió que sobre el peligroso uso de estas armas --las balas de goma, los camiones hidrantes y los gases-- en la dispersión de protestas se han elaborado investigaciones a nivel internacional que muestran cómo el uso inadecuado de este tipo de armas ha causado miles de heridos graves y numerosas muertes en todo el mundo.
En la Argentina el caso anterior fue el del abogado Matías Alfieri, que perdió la visión de un ojo en otra manifestación, en febrero. El año pasado, en Jujuy, hubo otros cuatro casos. "Hay claramente un problema, el gobierno nacional -y en estos casos también el gobierno porteño- tiene la decisión de impedir el ejercicio de la protesta. Lo está hacendo de manera violenta, con un protocolo antiprotestas que es anticonstitucional. En la ciudad de Buenos Aires, además violando la Ley de Seguridad que establece que al intervenir ante una manifestación, la función de la policía es proteger el ejercicio del derecho a la protesta y a los manifestantes”.
