“Es difícil cuantificar el ahorro que lograríamos, porque esta política, una vez que arranca, no tiene techo”, afirman desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en referencia al proyecto de creación de un laboratorio farmacéutico provincial que por estas horas avanza en la Legislatura.
El ministro Nicolás Kreplak tiene agendada una visita al Senado de la provincia este martes, pero ya estuvo reunido con legisladores de todas las fuerzas que integran la Cámara de Diputados para aclarar dudas e intentar sumar, entre los bloques opositores, las voluntades que faltan para alcanzar la mayoría.
Allí aclaró que no se trata de crear una estructura nueva sino de un cambio administrativo a partir de los recursos existentes. Sin embargo, las declaraciones públicas de los legisladores del PRO, el ala dura de La Libertad Avanza y una parte de la UCR, siguen siendo esquivas.
Para los radicales acostumbrados a reivindicar al expresidente Arturo Humberto Illia, 1963-1966, principalmente los cercanos al neurocirujano Facundo Manes, es un tema sensible. Las leyes conocidas como “Oñativia”, por el ministro de Salud del Gobierno de Illia, Arturo Oñativia, intentaron regular a la industria farmacéutica al darle al medicamento carácter de “bien social”. Pero la reacción de la oposición empresaria culminó en un golpe de Estado. Ahora, deberán elegir entre seguir esa línea histórica o la de oposición total de sus ex socios del PRO.
Voracidad
Buenos Aires/12 consultó con expertos de los distintos subsectores que componen el sistema de salud argentino: el público, el privado y el de la seguridad social. Pidieron reserva de su identidad a cambio de ser sinceros en el análisis y los datos. La opinión coincidente es que el descalabro generalizado, que estalló a partir de la entrada en vigencia del DNU 70, había comenzado luego de la pandemia, cuando los laboratorios decidieron aumentar sus márgenes de ganancia.
Como consecuencia de eso, el componente de medicamentos, que para 2021 representaba entre el 15 y el 17 por ciento del gasto total de cualquier agente financiador de salud, comenzó a crecer, en detrimento de otros ítems. Actualmente ya ronda el 30 y, de no resolverse a través de alguna política activa, todo indica que seguirá creciendo hasta hacer colapsar el sistema. Los costos de esa industria, la justificación de esos aumentos, sigue siendo un secreto muy bien guardado.
En el IOMA, que desde el inicio de esta gestión se propuso aumentar la cobertura en medicamentos como uno de sus principales objetivos, ese porcentaje está hoy en 33, contra 26 de fines del año pasado. Pero, por efectos de la devaluación de diciembre, con 7 puntos más de presupuesto, logran porcentajes de cobertura menor para los afiliados.
Según los expertos, para una obra social de dos millones de afiliados, el gasto anual ponderado en medicamentos está apenas por debajo de los 500 millones de dólares, cuando históricamente era la mitad. Si esto se multiplica por los usuarios de obras sociales sindicales, empresas de medicina privada e institutos provinciales, son varios miles de millones en divisa dura.
Un laboratorio estatal eficiente, con capacidad de fijar precios testigo y exponer las cadenas de valor y las estructuras de costos, invertiría la tendencia y podría llevarla de vuelta más cerca del número inicial.
Esto generaría un ahorro no sólo para el provincial Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sino para el conjunto del sistema Refutaría el argumento en boga de que “primero hay que atender IOMA”, porque “poner en marcha el laboratorio es también ocuparse de IOMA”. Los que afirman esto último apuntan directamente al grupo de legisladores que ponen los acuerdos en torno a la obra social provincial como condición para avanzar en la discusión por el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa de Emergencias en Salud. Casi todos radicales, ya que en el PRO la definición de no acompañar parece inamovible.
La conclusión compartida por los especialistas es que un laboratorio estatal, al bajar los precios de los medicamentos, liberaría recursos que permitirían recomponer los ingresos de las clínicas y los profesionales, que hoy son la variable de ajuste. Pero no es una batalla para la que sobren voluntarios.
La ganancia exorbitante de la industria farmacéutica durante los últimos años explica dos cosas: el poder de lobby de los laboratorios y el malestar reinante entre los otros componentes de la cadena. Ambas se retroalimentan.
El subsistema privado
Las quejas por falta de turnos o prestadores que rescinden contratos es común a obras sociales y prepagas, porque la incidencia de los medicamentos creció a expensas de este otro ítem. “Lo que les falta a los médicos o clínicas lo tienen los laboratorios, y el gobierno creyó que resolvía desregulando el sistema pero agravó la situación" explica un ejecutivo retirado del sector privado, que agrega: "Ahora las prepagas cobran lo que quieren y, peor todavía, pagan lo que quieren. Pero nadie se mete con la industria farmacéutica”. Y ejemplifica con el caso de OSDE.
“Quiso retrotraer unilateralmente los aumentos a los prestadores. Los que no tienen espalda bajan la cabeza, pero los que pueden dan pelea. Por eso tienen cortes de servicio en Rosario y San Pedro, y desde hace diez días no tienen donde internar a sus pacientes en esas ciudades", señala el empresario. Advierte que "nunca un conflicto se prolongó tanto, y si se extiende en el tiempo, se puede extender también geográficamente”.
El ejecutivo se refiere al Grupo Oroño, de la familia Villavicencio, oriundo de Rosario pero fuerte también en el norte bonaerense, especialmente en San Nicolás, donde gestiona hospitales construidos por el Estado, a través de un acuerdo con el municipio de los Passaglia, al Grupo Centro y al hospital privado Sadiv.
Algunos medios publicaron una versión según la cual ese importante grupo de clínicas habría roto relación con OSDE para crear su propio plan de salud, pero el titular del grupo, Nicolás Villavicencio, se lo negó a Buenos Aires/12.
“Lo que no cambia, en este negocio, es la vulnerabilidad del que no está integrado verticalmente, por eso tener un laboratorio público es un acierto", agrega un viejo conocedor del sistema. Ante la consulta de este medio, destaca que es más fácil, para el que tiene clínica, armar un plan de salud que para el que tiene cartera de socios, armar una clínica. "Nadie en el negocio duda que vamos en esa dirección", advierte y reflexión que "la pregunta es por la velocidad”.
