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El Gobierno decidió apelar los fallos judiciales que le ordenan suspender de inmediato el descuento del 13 por ciento en los salarios de empleados públicos y jubilados. Roberto Lavagna y Alfredo Atanasof terminaron por imponerse en la pelea con Graciela Camaño, quien ayer por la tarde firmó el decreto de necesidad y urgencia con el esquema de devolución del dinero propuesto por Economía y la Jefatura de Gabinete. Lo hizo tras recibir esa instrucción desde la Casa Rosada. La norma fue refrendada por todos los ministros y hasta anoche sólo faltaba la de Eduardo Duhalde, pero todo indicaba que lo firmaría hoy. De ese modo, los afectados por el recorte volverán a cobrar sus sueldos completos recién a partir de enero de 2003, mientras que la deuda generada entre mediados del año pasado y diciembre próximo se saldará con títulos públicos.
En el Palacio de Hacienda estaban satisfechos por cómo finalizó la pulseada con Camaño. La jefa de la cartera laboral operó hasta último momento para conseguir que se acataran los fallos, pero luego tuvo que admitir que la decisión de Duhalde fue contraria a su posición y suscribió el decreto. Su adhesión era necesaria porque los decretos de necesidad y urgencia requieren de las firmas de todos los ministros.
Duhalde aceptó el argumento de Lavagna de que es preciso cuidar las finanzas públicas y obtener el superávit primario que reclama el FMI. El Gobierno podría haberse amparado en que la Corte Suprema declaró inconstitucional el recorte y que en dos instancias posteriores la Justicia concedió recursos de amparo para que se devolviera el dinero, pero prefirió no salirse de la raya que marcó el organismo de crédito. Cerca de Lavagna acusaron a Camaño de haber “operado en la Justicia” para facilitar el fallo de la Cámara de la Seguridad Social que dispuso la restitución del 13 por ciento a los jubilados y la devolución, en el término de 90 días, del dinero descontado desde el año pasado. De acuerdo con esa versión, habría sido un intento por torcer la opinión de Duhalde.
Atanasof enfatizó que esa disposición judicial y otra, en favor de los trabajadores del sector público, serán apeladas por el Poder Ejecutivo. “Este Gobierno es responsable y si decimos que vamos a pagar el retroactivo con títulos públicos es porque no hay plata para hacerlo de otro modo”, se justificó el funcionario. Camaño utilizó un argumento similar para cubrirse por su derrota: “El dinero que se invierte por año en planes sociales para 2,1 millones de beneficiarios en todo el país hace imposible brindar la solución que corresponde” a los jubilados y empleados públicos, declaró.
La apelación de los fallos busca sólo ganar tiempo, ya que hasta que las causas lleguen a la Corte Suprema y haya una resolución definitiva se estaría cerca de fin de año. Esa es la expectativa del Gobierno, que sabe que las apelaciones están destinadas al fracaso porque la Corte ya se expidió sobre el tema al declarar inconstitucional el descuento para un caso particular.
La ministra de Trabajo hará hoy un último intento para que la forma de devolución del dinero descontado incorpore algún elemento de su autoría. Por la mañana se reunirán funcionarios de su cartera y de la Jefatura de Gabinete para definir las característica del título público que se entregará a los jubilados por el retroactivo. Estarán la viceministra Noemí Rial y el titular de la Anses, Sergio Massa. Rial pedirá, aunque ya casi sin posibilidades de éxito, que se excluya de ese grupo a los jubilados con haberes de entre 500 y 800 pesos, para que empiecen a cobrar ahora en efectivo. Habría un título público para jubilados y otro para trabajadores estatales, este último a más largo plazo. Pero la intención del Gobierno es que no vayan más allá de los tres años.