El debate sobre el proyecto de “corresponsabilidad gremial” para los peones rurales terminó por quebrar los rígidos alineamientos en que se dividió a la Cámara de Diputados durante el prolongado conflicto del Gobierno con las entidades agropecuarias. La iniciativa, surgida en Diputados y convertida en ley el miércoles, facilita que los productores puedan pagar los aportes patronales por jubilaciones una vez comercializada la cosecha, para “favorecer el blanqueo” de los trabajadores rurales. Pero el Senado extendió la medida a todos los gremios y provocó grietas en la oposición y dentro del propio oficialismo. La UCR aprobó la iniciativa ante la “promesa” que la medida no se aplicaría a otras actividades, mientras varios kirchneristas se negaron a votar “una ley que pone en riesgo el sistema de seguridad social”.

La inesperada incorporación del proyecto en la sesión del miércoles desató la primera disputa entre quienes respaldaban o rechazaban su aprobación con las modificaciones que introdujo el Senado. Pero el oficialismo tenía sus propios apuros para no demorar la sanción de la ley: el Gobierno quiere exhibir la medida como un aporte más en la mesa de negociación con los ruralistas.

Sin embargo, los cuestionamientos surgidos desde la oposición y del propio kirchnerismo obligaron al oficialismo a modificar algunos artículos. El presidente de la Comisión de Legislación Laboral, el abogado cegetista Héctor Recalde, propuso la incorporación del Ministerio de Trabajo en la homologación de los acuerdos, para que los mismos no vayan más allá de la actividad agrícola. Pero la modificación no aplacó las críticas.

“Las reformas que el Senado introdujo al proyecto que hemos enviado no fueron cosméticas. Cuando entramos a examinar el proyecto, surge la clara intención de entregar el sistema previsional. En nombre de mejorar, hemos hecho ya demasiadas cagadas”, dijo, con fino lenguaje, la kirchnerista Graciela Camaño, arrancando aplausos de todos los bloques. El mismo argumento expresó la ex arista María América González: “Detrás de la sanción de este proyecto hay una reforma encubierta al sistema tarifado e inconstitucional”, dijo la abogada.

El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, presentó ante el recinto “el compromiso del jefe de Gabinete (Alberto Fernández)” que telefónicamente le aseguró que en la reglamentación de la ley “hará las correcciones necesarias” para que la medida no se extienda a otras actividades. El radical Oscar Aguad dio crédito a las palabras de Rossi y arrastró a todo su bloque dividiendo el frente opositor. La votación final cosechó 118 votos a favor, incluidos los radicales, mientras que entre los 23 en contra y las 20 abstenciones hubo no pocos votos kirchneristas.