El tramo final de las negociaciones del gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre más agresivos se convirtió en un culebrón. Un abogado de los acreedores Elliott Management y Aurelius, entre otros litigantes, aseguró durante una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York que el jueves pasado habían alcanzado un principio de acuerdo global con Argentina por una suma de 5000 millones de dólares. “Estamos muy cerca de cerrar, necesitamos un poco más de tiempo”, sostuvo Matthew McGill, representante legal de ese grupo de acreedores carroñeros, al divulgar que los términos financieros convenidos son diferentes a los planteados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en su oferta formal. Esa propuesta ya fue aceptada por un tercio de los buitres neoyorquinos. “Queremos arreglar, reconocemos los cambios del gobierno argentino. Sería una tragedia que todo se evapore. Mis clientes son afortunados. Tuvieron la oportunidad de negociar mientras que para muchos otros la única posibilidad es la oferta pública”, reveló el letrado del estudio neoyorquino Gibson Dunn.

Las novedades, recogidas inmediatamente por las agencias internacionales de noticias, fastidiaron a Daniel Pollack, el mediador impuesto por el juez Thomas Griesa, que emitió una declaración donde intentó relativizar la existencia del entendimiento. “Esas declaraciones violaron la confidencialidad de las discusiones entre las partes. Si hay un acuerdo con esos u otros tenedores de bonos, los voy a anunciar yo”, expresó Pollack. El Special Master confirmó con su enojo los “avances” en las conversaciones. Desde el Palacio de Hacienda negaron que esos “holdouts” hayan dado su visto bueno.

Puesta en escena

La negociación con los buitres no tiene plazos. Sin embargo, los acreedores carroñeros que hayan dado el visto bueno antes del 29 de febrero serán los primeros en cobrar cuando se derogue el marco normativo que impide pagarles. El juez Thomas Griesa accedió que, cuando ese desembolso inicial sea confirmado, levantará el bloqueo al mecanismo de pago de deuda externa. Las implicancias de esa decisión son varias.

Para el equipo económico, esa medida representa el último paso para lograr la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y poder recurrir al endeudamiento externo. Para los buitres, el nuevo escenario representará sin dudas una grieta en su capacidad de extorsión, incluso cuando el ministro Prat-Gay contempló anteayer la posibilidad de mejorar las condiciones de pago para los demandantes (siempre y cuando ese camino sea habilitado en el Congreso),

La disputa con los buitres originarios, que encabezan individuos como Paul Singer y Mark Brodsky, gira alrededor de la reducción en los intereses a pagar por Argentina. Por eso, una interpretación posible para el accionar de los fondos buitre en la Corte de Apelaciones es que haya sido un intento por patear el tablero y forzar la firma de un acuerdo en mejores condiciones.

Así, con el objetivo de garantizarse un tratamiento diferencial, aprovecharon la audiencia para desnudar el contenido de la mesa de negociación con las autoridades argentinas. “Nos están pidiendo que demoremos nuestra decisión para que ustedes logren una mejor oferta”, advirtió la jueza Reena Raggi. Si aceptasen la propuesta oficial, los buitres recibirían el 70 por ciento de su pretensión judicial. Así, en lugar de multiplicar por 4 el valor nominal de los bonos en su poder, recibirían 2,5 veces la cifra reclamada.

“Con mis clientes, que representan al 65 por ciento de los demandantes, tenemos un acuerdo sobre los términos económicos desde el jueves. Estamos muy cerca de lograr un acuerdo. Venimos discutiento el mecanismo de pago y las previsiones secundarias. Estamos muy cerca”, afirmó el abogado de los buitres ante la Cámara de Apelaciones. “Desafortundamente, tuvimos algunos pequeños inconvenientes en la negociación de la mecánica de pago. El primer mecanismo sugerido por Pollack involucraba no una transferencia bancaria sino cheques en papel que serían enviados por Fedex. Eso no funciomaba. Es una transacción de 5 mil millones de dólares que debemos firmar antes del lunes. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, podríamos llegar a un acuerdo, los términos económicos están”, sostuvo McGill en su intento por evitar que la segunda instancia neoyorquina acepte una serie de pasos judiciales necesarios para permitir terminar con las medidas cautelares de Griesa.

La Corte de Apelaciones accedió al pedido argentino para dar de baja las apelaciones, un paso necesario para que Griesa pueda levantar sus cautelares, pero reclamó que el magistrado de primera instancia convoque a una audiencia para escuchar a las partes y dispuso una medida de no innovar durante dos semanas. Si bien esa decisión sostiene por un plazo de tiempo el poder buitre para rechazar la ya generosa oferta y pujar por una todavía mejor, es improbable que afecte los planes del gobierno, ya que la resolución del trámite legislativo para levantar los impedimentos legales y habilitar el mecanismo de pago por la vía del endeudamiento no será inmediato.