Mediante un trabajo conjunto entre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Administración Federal de Ingresos Públicos, se buscó en el último año detener la fuga de divisas. Frente a la ausencia de un esquema integrado para el control de capitales se implementó una batería de medidas que, por momentos, careció de complementariedad entre los órganos reguladores y de simultaneidad en la puesta en marcha. El principal peligro para las finanzas locales que debió enfrentarse y que aún cuesta erradicar son las operaciones denominadas de “contado con liquidación”. Se trata de una fuga encubierta en una compraventa de activos negociables. Para trabar este accionar, se obligó a los inversores a retener esos papeles hasta 72 horas y se impidió la triangulación con paraísos fiscales.

A partir del conflicto entre el Gobierno y las corporaciones del agro, se inició una mayor demanda por dólares, acompañada por una salida especulativa de fondos. Esta situación se intensificó con la eclosión de la crisis financiera internacional. La primera barrera que se emplazó fue una iniciativa de la CNV, que obligaba a quienes adquirían un título a retenerlo en cartera por 72 horas hábiles. El contado con liquidación implica la compra (en pesos) en el mercado local de un activo con cotización internacional que luego es vendido en la plaza, por ejemplo de Nueva York (en dólares), y ese dinero es depositado en alguna cuenta en el exterior. La operación se realizaba en simultáneo y lo que se buscó con la medida fue quitarle certidumbre en el tipo de cambio.

Esa medida se aplicó en septiembre último, momento de mayor caída de los depósitos. En mayo de este año, la CNV dictó una norma para evitar la fuga de capitales hacia los denominados paraísos fiscales. Esa resolución prohibió a las compañías inversoras cualquier tipo de operación con mercados inscriptos en la lista de refugios fiscales que confecciona la Unidad de Información Financiera. La enumeración de la UIF contiene 87 ítem, entre países, dominios, jurisdicciones, territorios y regímenes impositivos especiales, que son considerados de “baja o nula tributación”. El cerco se cerró cuando el Central extendió a bancos y casas de cambio la prohibición de operar con esas plazas la compraventa de acciones y títulos públicos.

La inclusión de las sociedades anónimas financieras uruguayas a la lista de refugios fiscales generó cortocircuitos entre ambos países. La Comisión que conduce Eduardo Hecker presentó formalmente su rechazo a la firma del memorando de entendimiento financiero entre los países del Mercosur. Se solicitaron cambios en la normativa vigente en Uruguay –que sigue privilegiando el secreto bancario mediante salvaguardas a la información– antes de aprobar el documento que permitiría excluir a ese país de su condición de paraíso fiscal. A ese pedido se sumó el resto de los países miembros del Mercosur.

La semana pasada el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó que su país “no es el paraíso terrenal, pero tampoco es ni quiere ser un paraíso fiscal ni un refugio para fondos ilegales”. De todos modos, se conoció que los candidatos con mayores proyecciones para la próximas elecciones presidenciales no tienen previsto erradicar ese tipo de prácticas.

Desde el Central se establecieron también controles previos para los que quieran adquirir divisas en el mercado local por cuenta de inversores radicados en plazas offshore. Los operativos comenzaron durante el último trimestre del año pasado. En ese momento se realizó un intercambio de información con la AFIP y la CNV para atacar todos los flancos de elusión impositiva. “Se hizo una seria fiscalización por ese tema y los cambistas acusaban que se ponía presión a la operatoria cambiaria. En realidad, protestaban porque se complicaba la fuga de divisas”, habían manifestado a este diario desde el Central.