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La directora del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, advirtió que las maniobras llevadas a cabo por el Riggs Bank para ocultar las cuentas secretas abiertas por Pinochet configurarían el delito de “lavado de dinero”. La denuncia presentada por este organismo estatal, que actúa en forma independiente del gobierno, fue aceptada por el juez Sergio Muñoz, conocido como el “superjuez” en Chile por haber resuelto causas de peso como la de la mayor red de paidofilia en su país. Mientras tanto, familiares y abogados defensores de los derechos humanos solicitaron ayer el embargo de los bienes del militar como medida de precaución durante la investigación.
Las millonarias cuentas bancarias que el ex dictador chileno Augusto Pinochet mantuvo en el Riggs Bank de Washington y las maniobras que realizó esta institución para ocultarlas configurarían el delito de “lavado de dinero y de dinero ilícito”, advirtió ayer la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski. La funcionaria explicó, no obstante, que en este caso no se trataría de dinero proveniente del narcotráfico –al que generalmente se vincula el lavado de dinero– sino de fondos originados en actos de corrupción.
El CDE, que actúa como fiscalía autónoma del gobierno chileno, presentó el martes una denuncia ante los tribunales para investigar el origen del dinero que Pinochet depositó en las cuentas del banco Riggs, investigado por una comisión del Senado de Estados Unidos que rastreaba lavado de dinero involucrado en presuntas financiaciones de terrorismo. La denuncia pidió aclarar el origen de los depósitos que efectuó Pinochet y que oscilarían entre cuatro y ocho millones de dólares. Con ella coincidió una querella que los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza presentaron contra el ex general, al que acusaron de fraude.
“Aquí estamos ante un funcionario público, al que se le conoce sólo como actividad haber sido comandante en jefe del Ejército, jefe supremo del Estado y luego senador, que tiene por lo tanto una renta de funcionario público, que no se condice con el monto de los depósitos”, dijo Szczaranski. Pinochet, agregó, “no pudo haber juntado esos dineros con sus recursos como funcionario público, porque calculamos que si éstos los hubiera dedicado íntegramente a depósito, es decir, no hubiese gastado nada en su subsistencia, no podría haber juntado más de 2,5 millones de dólares”. “Las operaciones que se realizaron en el Riggs son propias, típicas, ordinarias maniobras del lavado de dinero”, lo cual es realizado por las organizaciones criminales precisamente para desconectar al titular de las cuentas corrientes con los respectivos fondos.
“Eso transforma esto en una operación sospechosa en cualquier país del mundo, sobre todo cuando estamos hablando de una persona que sólo ha desempeñado cargos públicos y que no es conocido como inversionista o empresario”, agregó la funcionaria.
La titular del CDE explicó que en este caso se pueden configurar también otros delitos. Si Pinochet demuestra que recibió donaciones privadas, como afirmaron dos de sus hijos, se generaría un problema de “evasión tributaria”, por ingresos no declarados, pero si ese dinero provino de los recursos del Estado, existiría “fraude al fisco”, agregó la presidenta del consejo estatal.
Por otro lado, juristas defensores de derechos humanos, y familiares de las víctimas durante la dictadura, presentaron un pedido de embargo de los bienes del militar al juez Juan Guzmán, que intenta por segunda vez procesarlo por violaciones de derechos humanos. “Esperamos que con este nuevo escándalo, esta nueva vergüenza de la dictadura de Pinochet, en esta ocasión, efectivamente termine la impunidad en Chile, de los crímenes como el enriquecimiento ilícito”, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
La investigación sobre el origen de las cuentas secretas podría encontrar obstáculos en Chile, ya que Pinochet antes de dejar el poder en 1990 estableció legalmente que su régimen no podía ser investigado.Pinochet, que durante 17 años ejerció un control absoluto en su país, se encuentra ahora nuevamente acorralado por la Justicia, y al menos ya no parece tan intocable, como cuando podía asegurar: “En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”.