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La distancia abismal entre los impuestos que dicen pagar las empresas petroleras en Bolivia y las cifras que maneja el gobierno pronostica una dura negociación sobre la nueva Ley de Hidrocarburos que tiene que aprobar el Congreso, tras la decisión popular de anular en referéndum vinculante la ley todavía vigente. Directivos de Repsol-YPF Bolivia, la mayor operadora de las reservas en el país andino, han expresado su temor a que la nueva ley tenga un carácter “confiscador” por un aumento desorbitado de las cargas impositivas.
El presidente Carlos Mesa sostiene que las empresas petroleras pagan mucho menos de lo que deben y da la cifra del 18,5 por ciento. Su pretensión es aumentar este porcentaje hasta el 50 por ciento entre regalías y otros impuestos. Juan Gavito, presidente de Repsol-YPF Bolivia, presenta unas cifras radicalmente distintas. Desde su entrada en el país en 1997, la empresa petrolera ha invertido 823 millones de dólares, con unos resultados de 102 millones de dólares. Según esta versión, el Estado recaudó en el mismo período 745 millones de dólares en concepto de regalías (impuestos a la producción) y una larga cadena de impuestos. “Hasta la fecha, el negocio ha sido para el gobierno, que ha recaudado siete veces más que nosotros’, señala Gavito. “Creo que es compatible una Ley de Hidrocarburos que siga las directrices marcadas en el referéndum y que sea aceptable por nuestros accionistas. Con una condición: que el gobierno presente datos auditables y veraces, porque se han dicho muchas falsedades”, agrega.
El presidente en Bolivia de la petrolera española asegura que sus cifras son irrebatibles porque están auditadas por la Superintendencia de Hidrocarburos y fiscalizadas por la compañía estatal YPFB. “Somos la actividad más fiscalizada del país”, asegura Gavito. Pese a que el presidente boliviano garantiza seguridad jurídica a la inversión extranjera y advierte que vetará cualquier proyecto de ley confiscador o expropiador, como pretenden algunas fuerzas políticas, las empresas desconfían. El tema impositivo puede condicionar en buena medida el tono de la negociación, aunque desde Repsol-YPF Bolivia entienden la complicada situación política del país y las intensas presiones sobre el gobierno para que pase una elevada factura a las empresas petroleras. De momento, el presidente advierte que la aplicación de impuestos es potestad del Ejecutivo, al margen de la ley, y descarta que sea un organismo independiente el que certifique qué cifras son veraces y cuáles no.
El referéndum del domingo también abre la puerta para que Bolivia pueda exportar gas a México y Estados Unidos siempre y cuando se garantice el consumo interno y se utilicen los beneficios de dicha venta para el desarrollo del país y la mejora de las condiciones de vida de los bolivianos. El problema en este punto es la vía de salida del gas. Mesa admite que la opinión pública no toleraría que pasara por territorio chileno hasta llegar al Pacífico, por la enemistad histórica, y se inclina por la alternativa peruana. Desde el punto de vista de proyecto, esta solución requiere una mayor inversión y, lógicamente, las empresas se inclinan por la vía chilena. Transportar el gas por Perú implicaría, además, compartir el negocio con el gas peruano de Camisea, que se venderá a México, y una menor rentabilidad, según los ejecutivos de Repsol-YPF.
La buena noticia desde el punto de vista de la exportación, en opinión de las empresas, es que las demandas de gas de Argentina y Brasil serán más cuantiosas de lo que se preveía.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.