Desde México, D. F.

Tras las masacres en Ciudad Juárez y en Torreón, la madrugada del lunes pasado, casi medio centenar de mantas fueron colocadas en cuatro estados del país en un solo día, con un narcomensaje dirigido ya no a las autoridades, como de costumbre, sino ahora a toda la sociedad mexicana.

La Familia Michoacana, uno de los carteles de la droga más eficientes de los últimos lustros, “convoca a todos los mexicanos a organizarnos en una gran familia contra Zetas”, su rival más acérrimo, con el que disputa el control de vastos territorios por todo el país.

El desafío al Estado mexicano es brutal, comenta el historiador Lorenzo Meyer durante una mesa de discusión radiofónica. La Familia “está diciendo que en México no hay Estado, es otra forma de plantear que vivimos en un Estado fallido, porque simplemente el Estado no puede contra los Zetas”.

Para el analista, las mantas “revelan que la iniciativa política contra un grupo criminal es tomada por otro grupo criminal, al margen del Estado”.

Y es que la administración de Felipe Calderón luce no sólo rebasada, sino que es apenas reactiva. Tras el violento inicio de semana, el presidente admitió durante una conferencia de prensa en Tokio que se ha “convencido” de que ya no basta la acción policíaca y militar en Ciudad Juárez, pues se requiere una nueva estrategia integral para recomponer el tejido social y anunció que en los próximos días presentará una estrategia integral para mejorar las acciones contra delitos de impacto tan fuerte como el ocurrido en Chihuahua. Una de esas acciones sería el retorno de los militares a los cuarteles y que vuelva la policía federal y estatal al combate del crimen organizado. La medida es tardía, por decir lo menos. Desde que Calderón declaró la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, más de 16.000 personas han sido asesinadas.

De hecho, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2001 hubo 1080 personas ejecutadas en México; en 2002, la cifra subió a 1230 y en 2003 a 1290. En 2004 hubo 1304 ejecuciones; otras 1776 en 2005 y 2221 en 2006, el último año de la presidencia de Vicente Fox.

A partir de 2007, ya con Calderón en la presidencia, la situación se comienza a descomponer con rapidez. En ese año hubo 2712 ejecutados. Para 2008 alcanza ya a niveles insoportables y cierra el año con 5661 muertos. En 2009 los asesinatos suman 7724, de los cuales 3250 fueron en Chihuahua y, de ellos, 2635 ocurrieron nada más en Ciudad Juárez. Tan sólo el año pasado hubo una ejecución cada 65 minutos, sin pausa, todos los días. Es decir, durante las dos últimas administraciones del derechista Partido Acción Nacional 24.998 personas han sido asesinadas en hechos relacionados con el crimen organizado reconocidas oficialmente. Entre 2007 y 2009, en la guerra de Calderón, se ha ejecutado en México a 16.097 personas. Y contando. Los números varían según la fuente. Un diario registra 16.885 ejecutados durante la administración de Calderón.

El oficialismo insiste en que casi todos los muertos son narcos, que se están matando entre ellos o caen abatidos por el ejército, la armada o las policías. Pero ni de lejos es cierto. Son cientos, tal vez miles de ciudadanos comunes, personas inocentes, las que han sido víctimas de esta insensata guerra, desatada por Calderón como un instrumento político para legitimarse en el poder, ya que no pudo hacerlo en las urnas.

Existen otras formas de violencia que asfixian a México. Por ejemplo, desde 2001 y hasta finales de 2008 se habían cometido 20.560 secuestros en el país, pero solamente fueron denunciados un 25 por ciento. Es decir, en México se cometen 2500 secuestros al año, siete por día. Otras formas de agravio son menos evidentes, pero no por ello menos alarmantes. Según Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la tasa de impunidad total alcanza “un escandaloso 98,76 por ciento”. O lo que es lo mismo: de cada 100 delitos cometidos, no se castigan ni dos. “Y eso es un decir”, comenta Carbonell.