La polémica sobre el uso de las reservas y el pago de la deuda ofrece un atractivo debate sobre diferentes concepciones en materia económica. La principal restricción a esa contraposición de ideas, que define una cosmovisión de la sociedad, se encuentra en la confusa y desbordada disputa político-mediática donde se mezclan todos y todo. También es cierto que esa tensión emerge porque se discuten distintos senderos de la política económica, áreas de poder e intereses económicos. De todos modos, algunos aspectos de esa disputa merecen ciertas precisiones para no seguir alimentando el desconcierto general. Por caso, resulta interesante conocer la experiencia ecuatoriana en relación con el tratamiento de su deuda externa, dado que es mencionada por algunos sectores al referirse al tratamiento que tuvo la deuda argentina en los últimos años.

El presidente Rafael Correa dispuso en 2007 la conformación de una comisión para auditar la deuda externa de Ecuador. Entre otros, fue integrada por Alejandro Olmos Gaona, cuyo padre, Alejandro, había realizado una investigación sobre la deuda externa fraudulenta de Argentina. Ese trabajo fue presentado ante la Justicia y obtuvo un fallo del juez Jorge Ballestero, que en su sentencia no encontró culpables aunque sí cientos de irregularidades y remitió la causa al Congreso, al considerar que es el ámbito definido por la Constitución para ocuparse de la deuda externa. Los legisladores de signos políticos diversos han ignorado esa causa y su documentación.

En Ecuador, Correa constituyó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público para investigar los mecanismos que caracterizaron veinte años de endeudamiento interno, bilateral, multilateral y comercial de ese país, el impacto social y ambiental y sus aspectos jurídicos. Además de Olmos Gaona, estuvo integrada por otros especialistas argentinos, como Miguel Espeche Gil, Salvador María Lozada y Alfredo Carella. Esa comisión detectó indicios de irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda ecuatoriana durante el período 1976-2006.

A fines de 2008, esa comisión presentó su informe definiendo a la deuda externa ecuatoriana como “ilegítima”, demostrando que “en todos lados (hubo) irregularidades y traiciones la patria”, especialmente en la “renegociación” posterior al default de 1999. En ese año se había declarado la cesación de pagos, instancia que derivó en la dolarización de la economía. Entre la deuda considerada “ilegítima” se encontraban los Bonos Global 2012, papeles que los bancos ecuatorianos recibieron luego de la cesación de pagos. En el informe se prueba que muchas de esas operaciones están viciadas por fraude. Cuando recibió el informe final, el 20 de noviembre de 2008, Correa anunció que no pagaría la deuda “ilegítima, ilegal y corrupta” y que sancionaría a los culpables. Días más tarde, suspendió el pago de los intereses de una parte de las obligaciones externas. Para finalmente anunciar su ministra de Economía, María Elsa Viteri, que Ecuador estaba dispuesto a caer en “default con responsabilidad” en ciertos tramos de la deuda externa, equivalentes a unos 3800 millones de dólares en bonos Global que vencían en 2012 y en 2030. En febrero de 2009 Correa anunció lo mismo cuando se produjo el vencimiento de un cupón de 135 millones de dólares del Global 2030, también fruto de la “renegociación ilegítima” de 1999.

Los auditores sólo investigaron e informaron, pero no sugirieron qué hacer. Pero tenían dos posturas: repudiar la deuda (los más extremos, inclusive no pagar al FMI y otros organismos, deuda cuyo monto es similar a la de los bonos) o renegociar en mejores términos. El presidente Correa optó por esto último. El gobierno invitó a los tenedores de bonos Global 2012 y 2030 a que se presenten a una subasta para cambiar por dólares en efectivo, con un descuento, los Bonos 2012 (540 millones de dólares) y 2030 (2835 millones de dólares), operación organizada por Lazard Frères Banque. “La oferta de compra de los bonos 2012 y 2030 –más allá del resultado– ha significado reconocer la legalidad de la reestructuración del año 1999, por lo tanto privada de sustancia reclamar responsabilidad civil y penal de presuntos delitos cometidos por ex funcionarios y agentes extranjeros”, evaluó Alfredo Carella, uno de los miembros de la Comisión, que era uno de los que expusieron la posición más dura con los acreedores.

Con esa transacción, Correa logró retirar del mercado el 91 por ciento de los bonos Global 2012 y 2030, con una quita del 65 por ciento del total y desembolsando 900 millones de dólares para rescatar papeles de deuda “ilegítima” por 2900 millones. Esta operación le ha ahorrado 2000 millones de dólares al país, en términos nominales, y en términos de mercado, por lo menos 1000 millones de dólares, estimó Correa. También calculó que Ecuador se ahorrará anualmente más de 300 millones de dólares en pago de intereses.

En el blog Resentido común se ofrece una valorable síntesis de ese proceso: “Nadie explica que Rafael Correa se inspiró en el no pago más grande de la historia mundial, que fue el canje argentino del 2005. La diferencia entre uno y otro es puramente retórica. Mientras en Ecuador se declaró una parte de la deuda ilegítima, en Argentina directamente se propuso el canje, porque ya estábamos en default. Pero la quita fue en ambos casos del 65 por ciento, siendo en el caso de Ecuador sobre un poco más de 3 mil millones de dólares y en nuestro caso sobre unos 80 mil millones. La quita ecuatoriana fue solamente sobre los bonos Global 2012 y Global 2030 que componían un 32 por ciento de la deuda total, mientras que nuestra quita fue sobre más del 50 por ciento. Ecuador entonces renegoció su deuda declarada ilegítima, pero no la desconoció. Hoy ambos países se encuentran en negociaciones con quienes no entraron en el canje”.

El recorrido histórica de la deuda permite conocer cómo ha sido un instrumento de dominación y de sometimiento de las finanzas domésticas. Pero también revela las limitaciones locales y regionales para alterar esa dinámica desde sus cimientos. Sólo se ha podido mover un poco ese andamiaje económico-jurídico con renegociaciones con quitas de capital, como las impulsadas por Ecuador y Argentina, que han despertado un masivo repudio del mundo de las finanzas internacionales. El historiador Norberto Galasso, que ha escrito uno de los libros más completo y documentado sobre la deuda externa argentina, explica que “ahora es difícil desentrañar la ilicitud de parte de la deuda” y que varios gobiernos le han dado “una especie de legalización” al renegociar sobre ella aunque igualmente “hay que investigar los ilícitos”. Para destacar, como mensaje de esperanza, que lo más importante “es unir a América latina en el no pago y patear el tablero” porque la cuestión no es tanto tener razón “sino tener fuerza”. La realidad refleja otra cosa. Con la estrategia elegida por Correa en Ecuador, el antecedente de la quita de Argentina y su propuesta de reapertura del canje y la postura de Brasil y Uruguay respecto de sus deudas, no se observa la voluntad de reunir la fuerza necesaria en la región para tomar en conjunto decisiones drásticas. Por ese motivo, cada uno de esos países va buscando sus propios senderos, algunos más audaces, que obtienen fuertes quitas al capital, y otros más amigables con los acreedores, para hacer frente al indudable condicionamiento que implica arrastrar una pesada deuda externa.

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