Los abogados de la asamblea de Gualeguaychú van a presentarse el lunes en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para tomar vista de la denuncia del Gobierno contra el corte. “Queremos saber quiénes son los denunciados, porque hasta ahora sólo tenemos rumores, algunos hablan de 25 personas, otros de diez o de once”, dice Luis Leissa, integrante del equipo legal de la asamblea. Esta es, hoy por hoy, la principal preocupación del equipo, donde dicen no tener todavía una estrategia de defensa porque no leyeron el texto de la denuncia, con las imputaciones concretas. De todas maneras, consideran que éste “no es un conflicto que se vaya a resolver en el plano judicial”, sino que debe tener una salida política.

–Hubo en estos días actividad judicial en el piquete, ¿se fotografió por ejemplo a los que cortan?

–No, nada. Tampoco fuimos notificados del fallo de (el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo) Pimentel, lo que pone en el tapete lo absurda que es la denuncia, que nos acusa de resistencia a la autoridad. Como lo hizo notar el propio juez, la fiscalía hace tres años que no actúa, que no impulsa la causa contra el corte de ruta, ¿cómo vamos a cometer desacato o resistencia a la autoridad? Sorpresivamente, ahora el Ejecutivo nacional se constituye en querellante y criminaliza la protesta. De ambientalistas pasamos a delincuentes.

–El Gobierno señala que hay otro escenario porque La Haya ya se expidió.

–Lo que tiene que haber es una voluntad activa del Gobierno y no un proceso de resignación. El Gobierno debería emplear su virulencia en reclamar específicamente al Uruguay que cumpla con el Estatuto (del río Uruguay) y con lo que dijo la Corte en su fallo. Porque el canciller (uruguayo Luis) Almagro sale a decir que la Argentina no puede tomar muestras en Botnia porque está por medio “la soberanía nacional”. Queremos que los exámenes y la investigación (sobre si hay contaminación) se haga en la propia Botnia, dentro de la planta. El apego a la ley por parte del Uruguay sería un motivo para traer tranquilidad a Gualeguaychú y descomprimir el conflicto.

–En su fallo, el juez Pimentel señaló que el corte no puede justificarse como el ejercicio al derecho de la legítima defensa porque no está afectando a Botnia, sólo afecta a terceros.

–El tema en derecho ambiental es que los impactos son transfronterizos, trascienden las autonomías de los estados nacionales. La protesta social se legitima porque está intentando frenar los efectos contaminantes de una empresa que atraviesa las fronteras nacionales. Acá hay varios estados en juego, el Uruguay, que resigna su soberanía, Finlandia que protege a una empresa contaminante, porque este tipo de emprendimiento ya no es aceptado en ninguno de los 27 países de la Unión Europea, todo esto impacta sobre pobladores de un tercer país que es la Argentina. Es decir que no se puede tomar cada cosa como si fuera inconexa.

–Como abogado, ¿qué aconsejó a los que están en el corte?

–Por ahora hay que esperar y ver qué estrategia se sigue. No podemos adelantarnos. Creo, sí, que es una cosa disparatada hablar de sedición, amenaza, daños a bienes públicos, etc. Aquí no hay delito, sino el ejercicio constitucional de un derecho a la protesta, garantizado por la Constitución y por tratados internacionales. La continuidad de la protesta de Gualeguaychú tiene que ver con la continuidad del delito en el que incurre Botnia, que arroja todos los días sus contaminantes al río.

–En estos días se ha dicho que, según La Haya, Botnia no contamina.

–Los que dicen eso manipulan el fallo. Lo que la Corte dijo fue que hay efectos aislados pero no duraderos de contaminación, y que la prueba sobre el resto no fue suficiente. Los jueces fueron a contrapelo de la doctrina de derecho ambiental moderno, porque en materia ambiental se aplica el principio de precaución y prevención, eso significa que es Botnia la que tiene que demostrar que no contamina. Cosa que Uruguay nunca hizo, no quiso hacer ni siquiera un estudio conjunto de impacto ambiental porque no podía, porque todos los datos sobre Botnia se los da la propia empresa, no son tomados por el Estado uruguayo. Pero en esto hay una especie de cerrazón informativa, de paradigma dominante a vencer. Se dice también que “hay que acatar el fallo”, mientras que el que no acata el fallo es el Uruguay, porque La Haya no se refirió nunca al corte de ruta.