EL PAíS › EL ALEGATO DE LA SECRETARíA DE DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO POR LA ESMA

Astiz reclamó “matarlos a todos”

El abogado Martín Rico centró su acusación contra la patota de la Marina por el secuestro y la desaparición de las Madres y familiares que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. El grupo en el que se infiltró Astiz como Gustavo Niño.

 Por Alejandra Dandan

En un momento Nora Cortiñas salió de la sala con el pañuelo en la cabeza. Ana María Careaga la abrazó por atrás. Las dos estaban profundamente conmovidas porque en los Tribunales de Comodoro Py se estaba reconstruyendo qué sucedió con el grupo de la Santa Cruz. “¡Había que hacer mucha inteligencia ¿no?, para saber lo que querían las madres!”, exclamó Martín Rico encargado del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos. Estaba hablando del rol de Alfredo Astiz. Y recordó uno de los testimonios oídos durante el juicio, aquel en el que una sobreviviente contó que uno de los días Astiz volvió de una reunión de la iglesia de la Santa Cruz con un volante en la mano: “Volvió a la ESMA como loco ––explicó– y le dijo a Acosta: ‘¡Hay que secuestrar a este grupo de familiares, y hay que matarlos a todos!’”.

Así empezó finalmente y después de muchos reclamos por las demoras, el tramo final del juicio oral por los crímenes de la ESMA. A las diez de la mañana, el Tribunal Oral Federal 5 dio paso a la primera jornada de alegatos que estuvo en manos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Rico se circunscribió a las doce víctimas de la Santa Cruz, con un homenaje a los 30 mil desaparecidos. Y anclando la recolección de pruebas en las políticas de Estado generadas a partir de 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Rico reconstruyó la identidad de cada uno de las víctimas, entre las que está el grupo de tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Rescató como sólo el juicio pudo hacerlo el rol y la figura del grupo de los integrantes más jóvenes, de los que habló particularmente el periodista Uki Goñi durante su declaración. La infiltración de Astiz y las pruebas del secuestro fueron parte de la trama rearmada que le permitirá pedir para los 19 acusados la condena a prisión y reclusión perpetua en carácter de coautores directos. El pedido incluirá la condición de “funcionales”, y eso hace que todos y cada uno sean funcionales por haber intervenido en el centro de detención, tortura y exterminio. La audiencia pasó a cuarto intermedio a la tarde.

Astiz estuvo durante toda la audiencia abocado a la lectura de papeles que nunca nadie entendió qué eran. El Tigre Jorge Acosta llegó con las bolsas llenas de carpetas con las que suele aparecer en las audiencias en las que se decide a hablar. Ricardo Cavallo siguió frente a su computadora. Y Adolfo Miguel Donda nunca se sacó los anteojos Ray-Ban negros esfumados iguales a los que usaba en los operativos de los años setenta.

Como viene sucediendo en cada alegato, la Secretaría de Derechos Humanos encabezó la lectura de pruebas con posiciones políticas. Rico retrucó la idea del “odio” como motor de los juicios. Dijo que “se dice que nosotros somos quienes humillamos a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad quienes las humillaron fueron los que los condenaron a ser simples encapuchados en lugar de ser hombres al servicio de la soberanía nacional”. O, “no hubo dos demonios: qué clase de demonio era un grupo de familiares que querían saber o dos religiosas que lo único que hacían eran ofrecer sosiego a los familiares”. En el piso de arriba, como suele suceder cada vez, entre las mujeres y viejos camaradas de los vetustos acusados, las intervenciones del abogado se respondían acaloradamente con cuchicheos, algunas risas o a lo señora bien con algún “¡qué caradura!”.

Los hechos

Quedó probado para la secretaría que el 8 y 10 de diciembre de 1977 operativos del GT 332 secuestraron a Alice Domon, Angela Auad, Horacio Aníbal Helbert, María Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit, María Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Remo Carlos Berardo, Reneé Léonie Duquet y Azucena Villaflor. El secuestro finalizó con los homicidios probados de cinco de las víctimas, cuyos cuerpos aparecieron en diciembre de ese año en las costas de Santa Teresita y permanecieron enterrados como NN hasta 2005. El resto de las víctimas están desaparecidas.

El Juicio a las Juntas juzgó a los máximos responsables, recordó Rico: “Pero la Cámara Federal dijo en su fallo que la investigación debía continuar sobre los responsables directos, lo cual está ocurriendo ahora después de 27 años”.

Rico intentó demostrar durante su alegato una de las singularidades del grupo de la Santa Cruz: puso en primer plano la condición de haber perdido a uno de sus familiares directos, hijos o hermanos. Y explicó que se reunían en la iglesia para juntar el dinero de la solicitada para publicar el 10 de diciembre con la primera lista de los desaparecidos. No mencionó las características políticas de sus integrantes o la condición de militantes de muchos de ellos, incluso de las madres. Un dato curioso que alguno de los sobrevivientes leyó, sin embargo, como un modo de explicar la peculiaridad de este grupo, de familiares y de buscadores de sus víctimas entre el grupo de las víctimas de la ESMA.

Las identidades

El caso de las monjas francesas será reconstruido la semana próxima durante el alegado de Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora. La secretaría, sin embargo, adelantó algunos de los datos que permitieron trazar sus identidades a partir del juicio oral. Alice Domon –recordó Rico a partir del testimonio de Nora Cortiñas– era una persona que se vestía con ropita sencilla, no de monja, con una cruz, “que vino a ver si nosotras necesitábamos dinero u otra cosa”. O recordó aquello que había dicho su hermana Grabriele en la declaración del 15 de abril de 2010, en la que leyó cartas y correos de Alice. Dijo que entró a la orden en 1957, que estuvo diez años en Francia, que en 1967 llegó a la Argentina, que primero estuvo en Morón, donde cuidó al hijo discapacitado de Jorge Rafael Videla. Trabajó en los barrios humildes compartiendo la vida con los pobres, se trasladó a Corrientes a trabajar al servicio de las Ligas Agrarias. “A través de las cartas dice que para 1975 la vida era más terrible todavía, que había amenazas pero que valía la pena estar entre los pobres, con los que estaban castigados.” En 1977, conoció a las Madres de Plaza de Mayo. “Su hermana dice que tenía miedo de lo que podía pasar con las madres.”

Durante el correr de las audiencias, aparecieron voces que permitieron conocer de cerca a muchos de los integrantes de la Santa Cruz, cuyas imágenes están aún desdibujadas. Rico rescató en ese contexto el rol del grupo de los más jóvenes, narrado en las audiencias por Uki Goñi que los conoció durante su trabajo en la redacción del Buenos Aires Herald. Goñi contó cómo ellos mismos lo invitaban a ir algunas de las reuniones en la Santa Cruz, pero que él no quiso ir porque tenía miedo. Decía que las madres estaban protegidas por ser madres, pero los más jóvenes, no. Rico también mencionó el testimonio de la hija de Eduardo Gabriel Horane y de Raquel Bulit, que para el día del secuestro tenía ocho años de edad y que durante años escribió cartas y cartas a sus padres convencida de que seguirían con vida.

“Quiero hacer una reflexión en este punto”, dijo el abogado después de presentar a todos. “Hace unos días Acosta habló del rol de Inteligencia que cumplió y lo escuchamos hablar de los enemigos: ¿la Inteligencia de Marina se dedicaba a seguir a estas personas?”

La infiltración

Entre las pruebas de la infiltración de Astiz, Rico mencionó numerosos relatos de testigos. Entre ellos, Aída Sarti o Cecilia Vázquez que se mostró sorprendida, entonces como ahora, de las personas con las que llegaba Astiz a las reuniones, a quienes presentaba como hermanos y a las que se veía muy callados. Recordó además el relato de Cecilia, la hija de Azucena, el momento en el que Astiz en su rol de Gustavo Niño le pidió quedarse a dormir en su casa y su marido no lo dejó. El caso de Graciela Daleo, cuando contó que Silvia Labairú fue obligada a acompañar a Astiz en esas infiltraciones para que “pasara con más naturalidad entre los familiares”. O el testimonio de Lauletta, que explicó que desde mitad de agosto de 1977 la ESMA le hizo la documentación a Astiz como Gustavo Niño para que se infiltrara con los grupos de derechos humanos, y que eso iba desembocar en la caída del grupo de la Santa Cruz.

Sobre el operativo, otro de los puntos del alegato, explicó que era complicado. Que la ESMA debía pedir autorización al Ejército. Y cuando el Ejército solicitó la información para saber qué es lo que estaba sucediendo, la ESMA lo negó.

Algo de ese operativo es lo que conmovía todavía a Nora Cortiñas y a Ana María Careaga en uno de los intervalos. Y, entre ellos, el nombre de Alfredo Astiz que todavía las estremece. Ese relato de la sala les volvió a hacer sentir cómo es que compartió tanto tiempo con sus víctimas, cómo las llevaba y las traía en coche, cómo es –decían por fin– que a algunas de ellas llegó a conocerlas mejor que nadie.

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Alfredo Astiz y Ricardo Miguel Cavallo, a la espera de la sentencia.
Imagen: Télam
 
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