Un estudio estadístico de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) muestra que en la actualidad hay 749 agentes de fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Federal que se encuentran involucrados en causas penales por tormentos, abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso sexual y hasta homicidios cometidos en operativos o dentro de las cárceles o institutos. En el organismo, la cifra es considerada auspiciosa, por el avance de la Justicia en la investigación de estos casos. Sin embargo, los indicadores de violencia policial y de otras fuerzas continúan en expansión, el personal involucrado no suele ser cesanteado ni sometido a procedimientos administrativos y hay sectores del Poder Judicial que siguen sin reconocer a las víctimas y que incluso a veces las culpabilizan. Un ejemplo: las muertes en las unidades penales federales han ido en aumento en los últimos años y suman 330 desde 2008 hasta el año pasado, sin que haya ningún condenado por esos hechos.

Los procedimientos policiales violentos, la persecución y detenciones de jóvenes en situación de pobreza, las acusaciones armadas, las extorsiones a chicos para que cometan robos, las torturas y otro tipo de castigos en las cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos, los asesinatos, así como los actos de corrupción, son todas caras de un fenómeno que ha atravesado distintas épocas, democracias y dictaduras, pero que desde no hace muchos años quedó identificado con el nombre de “violencia institucional”. Esta definición ha llevado a que algunos organismos empiecen a ocuparse específicamente del tema, y a que se lo comprenda como una práctica extendida y habitual entre las fuerzas pese a su misión de resguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos, que a pesar de estar más identificada no se la ve en disminución, según señala Abel Córdoba, el titular de la Procuvin. Son “prácticas institucionalmente producidas por la enorme mayoría de sus miembros y dependencias (...) naturalizadas y/o toleradas, promovidas y en muchos casos favorecidas por la estructura institucional, independientemente de tratarse de actos prohibidos por los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución, leyes, procedimientos y protocolos”, define un informe del organismo de la Procuración.

En un relevamiento estadístico, la Procuvin muestra la “primera foto” de la violencia institucional, a través del análisis de la respuesta que le da el sistema judicial. Así, entre funcionarios policiales, de otras fuerzas y penitenciarios (a nivel nacional) había hasta el mes pasado: 204 elevados a juicio, 29 con pedido de elevación, 142 procesados, 98 sobreseídos, 89 con pedido de indagatoria, 68 con falta de mérito (la investigación sigue abierta), 49 condenados, 45 absueltos y 25 indagados. En un 47,5 por ciento de los casos se trata de investigaciones sobre violencia policial, 31,9 reflejan actos de violencia en instituciones de encierro, 19,9 son hechos de corrupción y para el resto no hay precisiones.

La mayoría de los imputados pertenece a la Policía Federal (34 por ciento), le sigue el Servicio Penitenciario Federal (27 por ciento) y luego la Metropolitana (9 por ciento), Policía de la provincia de Buenos Aires (6 por ciento), Gendarmería (6 por ciento), otras instituciones (14 por ciento). Las cifras aluden a casos investigados por la Justicia nacional, luego cada provincia tiene las propias (por ejemplo, entre el sistema federal y el bonaerense, en 2013 hubo 1151 víctimas de torturas en las cárceles, pero cada una de ellas sufrió más de tres hechos similares, según el Registro Nacional de Casos de Torturas).

Qué ve la Justicia

Lograr que el sistema judicial identifique la violencia institucional como tal y en su carácter delictivo y estructural es algo que –suponen en la Procuvin– a la larga genera prevención. “La impunidad de los hechos posibilita que sigan ocurriendo”, dice Córdoba. A su entender, la cifra de 749 imputados refleja que “hay un sector de la Justicia que comenzó a creerles a las víctimas, que trabaja bien y quiere aplicar la ley”. A la vez, “hay otro sector judicial que no reconoce a las víctimas y que incluso les abre causas”. Como ejemplo liso y llano cita los casos de presos que se infligen lesiones a sí mismos, muchas veces para llamar la atención y que los vaya ver un defensor, a quienes los imputan en expedientes penales por lesiones contra sí mismos.

Los fallecimientos de personas detenidas son visualizados como muertes administrativas, atribuidas a los penitenciarios como incumplimientos de deberes o abandono, pero no como homicidios. Así, a la familia de David Dubra, quien apareció ahorcado en la cárcel de Rawson, le negaron la posibilidad de ser querellante en la causa. Dubra había denunciado vejámenes sufridos en el penal y le faltaba muy poco para salir, tras doce años de encierro, ya que por buena conducta le habían dado la libertad asistida. Desde su detención había escrito un texto titulado “Represión, aislamiento y mucho silencio”. Otro ejemplo del tratamiento judicial de estos temas es lo que sucedió con la investigación sobre la muerte de Diego Borja, el chico de 17 años que estaba en una celda de aislamiento en el subsuelo del Instituto Cerrado Luis Agote y sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo por el incendio de un colchón y terminó perdiendo la vida en diciembre último. La causa estuvo caratulada como “daños” a los bienes públicos hasta hace pocos días, cuando comenzó a enfocarse en la muerte y la responsabilidad del Estado.

El fiscal Córdoba dice que el creciente número de muertes en las cárceles es un fuerte indicador de aumento de violencia institucional. De 2008 a 2014 murieron 330 personas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El pico fue en 2012, con 57 muertos en el año, en 2008 habían sido 45, el año pasado 51, y la proyección de este año amaga con superar el record. La mayoría de las víctimas eran personas menores de 35 años que no llevaban más de dos años en prisión. Según los datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), entre 2009 y 2014 el 57,5 por ciento de las muertes en cárceles fueron no violentas (eso incluye, principalmente, las enfermedades, entre las que son comunes las relacionadas con las condiciones de encierro e higiene, como el VIH, neumonías y otras infecciones). Las muertes violentas (homicidios, suicidios, heridas de arma, accidentes y muertes dudosas) representaron el 42,5 por ciento.

El indicador de fallecimientos no violentos se debe en buena medida a fallas en la atención de la salud de los presos que, como ya señaló el Registro de Casos de Torturas, es deficiente en el 60 por ciento de las dolencias y lesiones, por lo que recomendó que deje de estar bajo la órbita del propio SPF. En las cárceles del servicio penitenciario bonaerense, las muertes rondan las 110 a 120 por año.

Muertes sin condena

A pesar de que hay procesos judiciales en marcha por violencia institucional, Córdoba señala como un aspecto preocupante la inexistencia de condenas por las muertes. “Es algo alarmante, no puede no haber responsables penales por esas muertes”, advierte. “Hemos encontrado casos de personas fallecidas en lugares de detención donde ni siquiera se abre una actuación administrativa por ese hecho. Es algo que debemos revertir”, agrega. La negación institucional que hay del ejercicio de la violencia se advierte, explica el fiscal, en que de todos los agentes de fuerzas de seguridad y penitenciarios que están implicados en causas penales “prácticamente ninguno ha sido cesanteado”. Cuenta una anécdota que pinta la situación: durante el juicio contra dos penitenciarios acusados de golpear y abusar a un joven que estaba detenido en la Alcaidía del Palacio de Tribunales, uno de ellos seguía trabajando allí y cada día que tenía una audiencia del juicio en su contra sólo tenía que subir unos pisos hasta la sala donde era juzgado. “Sabemos que el 90 por ciento de los penitenciarios imputados sigue en funciones”, dice.

Entre algunos casos conocidos que derivaron en causas penales con intervención de la Procuvin figuran los operativos violentos de la Policía Metropolitana en el barrio Papa Francisco (esa fuerza colecciona expedientes también por la represión y homicidios en el Parque Indoamericano, en el Borda y otros conflictos sociales), el asesinato de Rubén Caraballo por efectivos de la Federal en un recital de Viejas Locas; las imputaciones a cuatro policías antidrogas de Santa Fe por torturas a dos detenidos en un procedimiento. Una denuncia de un chico de 16 años en Villa Soldati, quien relató que fue torturado y amenazado en el puesto de Gendarmería cuando lo detuvieron con la excusa de averiguar su identidad, terminó con el hallazgo de 42 gramos de cocaína fraccionada en 125 envoltorios que no tenía relación con ninguna causa y que se usarían para “plantar” y armar expedientes. En Jujuy hubo allanamientos por la vinculación de la policía con la trata y explotación de personas. Custodiaban lugares de explotación sexual y armaban causas.

Por otro lado, la procuraduría especializada lleva hechas en dos años 65 inspecciones en lugares de encierro, las cuales se han derivado también causas penales. La última inspección con un resultado impresionante fue la semana pasada, cuando entraron al penal de Rawson y encontraron elementos utilizados para torturar (como facas y elementos punzantes) y personas con 23 horas de encierro diario en celdas de aislamiento. En Córdoba, en una de las primeras inspecciones de la Procuvin también se habían hallado en la cárcel de San Martín camastros y cadenas usadas para estaquear a los internos cuando reclamaban por sus condiciones de detención. Se han abierto causas por violencia en Chaco, donde un detenido perdió un ojo atacado con postas de goma; hay múltiples casos en el penal de Ezeiza, donde hasta están filmados treinta penitenciarios armados con escudos, bastones y cascos cuando agarran a tres detenidos y los destrozan.

En ocasiones, cuando la Justicia avanza, las fuerzas de seguridad o penitenciarias reaccionan con virulencia. Veinte días antes de que comenzara el juicio (el 30 de abril último) por las torturas físicas y psíquicas aplicadas a Brian Núñez en su detención, fue amenazado, golpeado y trasladado a un pabellón psiquiátrico donde fue dopado sin razón. Cuatro penitenciarios son juzgados por los hechos en que Brian fue golpeado, pisado, arrastrado a una ducha de agua fría y rozado con un bastón en la región anal cuando pidió ver el partido Argentina-Uruguay. Quedó con heridas múltiples y en silla de ruedas.

Desprecio de las víctimas

Una historia emblemática que revela cómo se paran jueces y fiscales ante la violencia policial es la del juicio por el crimen de Alan Tapia, asesinado en su casa mientras dormía, cuando el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal irrumpió para hacer un allanamiento. El tribunal oral 11 absolvió por mayoría al oficial Rodrigo Valente y coincidió con el alegato del fiscal Eduardo Mara-zzi, quien había justificado el operativo bestial ya que no se realizó “en Puerto Madero o las Islas Seychelles sino en la Villa Mitre”.

La mayor parte de las víctimas de la violencia institucional, no sólo dentro de las cárceles sino en cualquier contexto, “apunta a jóvenes varones, de villas y barrios marginados, con problemas de vivienda y urbanización, sin medios económicos, entre 18 y 34 años”, señala Córdoba. “Son rotulados como culpables, responsables, imputados, delincuentes, como si eso (además de hacerlos blanco de violencia) les impidiera ser víctimas.” En el mismo universo entran los extranjeros, quienes relatan referencias xenófobas en los episodios de violencia.

¿Por qué la corrupción de las fuerzas también es clasificada como violencia institucional? “La corrupción puede ser trasfondo de violencia y al revés. En todos los penales encontramos situaciones de hambre, de personas afectadas por la escasa y pésima alimentación que reciben. Pero vemos que la cantidad de alimento que compra el Estado es más que suficiente para alimentar a los detenidos. Lo que tenemos en el medio es un hecho de corrupción: desvío de mercadería, falta de entrega o acuerdos ilícitos. Puede llegar a probarse, además, que esto tortura al tener personas sometidas a hambre y acortarles la vida”, sostiene Córdoba.

El fiscal plantea, además, que un indicador de expansión de la violencia institucional es que nunca hubo tantos presos como en la actualidad, sin que hubiera expansión de la infraestructura. En el SPF son algo más de diez mil. El total de presos son cerca de 60 mil. “La Justicia Federal tiene al 75 por ciento de los detenidos con prisión preventiva, cuando lo aceptable sería un 30 por ciento. De los jóvenes de 13 a 22 años, el 84 por ciento tiene preventiva”, puntualiza, en alusión a las personas detenidas sin condena que entran a la maquinaria de violencia.

El reciente informe de derechos humanos en el país del Centro de Estudios Legales y Sociales dice que, así como entre 2011 y 2012 se llevaron adelante “políticas para gobernar y democratizar las fuerzas de seguridad”, en el 2013 comenzó una regresión. Las iniciativas políticas “no avanzaron en afectar de manera estructural los intereses corporativos de las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios”, lo que mantiene su autonomía de funcionamiento. La discusión sobre el problema de las fuerzas se volvió a trasladar a la de la seguridad/inseguridad y se refuerza la reivindicación de los castigos. Todo esto, dice el CELS, lleva al sostenimiento de la violencia, ilegalidad y corrupción en las fuerzas; conlleva una amenaza cíclica de estabilidad y, por último, las policías y servicios penitenciarios se convierten en “un obstáculo insalvable para la inclusión social”.