Los jueces federales Sebastián Casanello y Norberto Oyarbide.
Imagen: DyN.

En una nueva demostración de los efectos judiciales que tienen los enfrentamientos en el poder político, la Justicia federal citó al juez federal Norberto Oyarbide para que confirme o desmienta si mantuvo una reunión con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, a quien la diputada nacional Elisa Carrió le atribuye el rol de “operador judicial” del gobierno de Mauricio Macri. El juez federal Sebastián Casanello reaccionó así después de que días atrás el fiscal federal Federico Delgado le pidió que citara a indagatoria a Angelici por el supuesto delito de tráfico de influencias a partir de la denuncia realizada por Carrió contra el dirigente del PRO. El affaire Angelici fue el tema principal del encuentro que mantuvo la legisladora de la Coalición Cívica-ARI con el presidente Mauricio Macri el miércoles en la quinta de Olivos.

La diputada ya ratificó sus dichos al declarar ante el juez Casanello que el dirigente boquense se había reunido con Oyarbide para pedirle que se jubilara, pues su continuidad no era bien vista por el actual gobierno ya que se lo consideraba “un juez K”.

Oyarbide podría declarar por escrito, una prerrogativa que tiene en su calidad de magistrado federal. El fiscal Delgado había pedido, junto con la indagatoria de Daniel “el Tano” Angelici, hombre de confianza de Macri, la testimonial de Oyarbide. En su dictamen Delgado afirmó que “traficar influencias significa traficar el poder de inclinar la balanza para un lado o el otro, ya sea a través de favores, amistad o abusando de cualquier otra situación de privilegio”.

Carrió, por su lado, había definido a Angelici como el supuesto enviado del Gobierno “que tenía diálogo con el juez Oyarbide, a quien le solicitó que se jubilase” y asegurado que “también almorzaba con jueces y fiscales vinculados al club Boca Juniors y decía que ayudaba al Presidente de la Nación sin cumplir ninguna función institucional”. Carrió sostiene que Angelici “interfiere en la justicia con el consentimiento del Presidente de la República” y le atribuye inmiscuirse, entre otras cosas, en la causa Hotesur.

Sus afirmaciones en ese sentido derivaron en una denuncia penal presentada en los tribunales federales por el abogado Carlos Díaz. La diputada había explicó que “le toca cuestionar al gobierno que llevó al poder”, y que lo hace “de la misma manera que cuando era oposición porque la lucha por el derecho no se negocia”, al mismo tiempo que aseguró que a Angelici no le conoce la cara porque no mira fútbol, aunque sabía que el presidente de Boca tenía una influencia en jueces y fiscales que estaba utilizando para beneficio del gobierno, según ella, como el propio Presidente admitió en una entrevista. Carrió recordó que selló un “acuerdo” con el PRO y la UCR, cuyos ejes eran la República, la rebaja sustantiva de impuestos a las clases medias, el fin del juego y nunca más impunidad para ningún funcionario público.

Tras el ruido que generaron sus declaraciones, y el correlato en el expediente abierto en la Justicia, Macri la convocó a la quinta de Olivos junto al ex titular de la UCR, Ernesto Sanz. Además de su preocupación por las presuntas operaciones judiciales de Angelici, Carrió también había repudiado el “ajuste brutal” de las tarifas. Al salir del encuentro dijo que había sido una cita “dura, franca y muy divertida”.

A todo esto, el dirigente xeneize le contestó que la respetaba, y que pensaba que ella “tendrá gente que le pasa informaciones, a veces malintencionada, y a lo mejor si chequear las cosas sale a acusar y denunciar”.

Por su parte, el fiscal Federico Delgado al impulsar la acción penal postuló que “la cuestión a dilucidar judicialmente, entonces, es si Daniel Angelici actuó y actúa como operador”, y circunscribió el delito imputado como el contemplado en el artículo 256 bis del Código Penal, que prevé penas de uno a seis años de cárcel para quien “por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

En tanto, Oyarbide había dicho que pensaba jubilarse a fines del año pasado pero por ahora todavía sigue en su despacho.