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La Corte Suprema resolvió convocar a una audiencia pública al gobernador bonaerense Felipe Solá y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para discutir la situación de los detenidos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. La reunión se haría en la segunda quincena de noviembre y tiene como base un hábeas corpus colectivo que planteó la ONG en 2001 reclamando que se declarara “la ilegalidad del encierro de personas en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación” en las seccionales del conurbano. Aquella presentación advertía que los calabozos de las comisarías no son aptos para mantener presos de manera indefinida a personas cuya situación procesal ya había sido resuelta. Para ilustrar la situación “infrahumana y degradante” del encierro, explicaba por ejemplo que en celdas de 1,80 por 2,50 metros se llegaban a alojar hasta diez reclusos. La Sala III del Tribunal de Casación provincial declaró inadmisible el recurso y mandó la causa a cada uno de los jueces a cuya disposición se encontraban los detenidos al entender que no era procedente una acción colectiva. La Corte Suprema bonaerense resolvió en el mismo sentido. Por eso el CELS terminó recurriendo al máximo tribunal nacional. Ayer, en un comunicado, señaló que el llamado a una audiencia implica que “la Corte reconoce que es responsabilidad del Poder Judicial, como garante de los derechos humanos, para solucionar la situación”. También recordó que en 1994 la provincia declaró la emergencia carcelaria por primera vez, cuando había 2500 personas alojadas en comisarías. Al 2 de julio de este año se contabilizaban 5441. El crecimiento registrado es de 117 por ciento.