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La Justicia ratificó que los trabajadores del Garrahan están amparados por el derecho constitucional a hacer huelga, por lo que sería ilegal que se los sancionara debido al paro. La disposición fue reiterada ayer por la jueza Silvia Sayago, quien dio curso a la apelación que presentó la dirección del hospital y la elevó a la Cámara del Trabajo. Las autoridades habían solicitado la suspensión de su fallo para avanzar con los despidos, pero la jueza dijo que no pueden tomar esa medida, a menos que los camaristas la habiliten. En el hospital, mientras tanto, se cumplió el segundo día del cese de actividades por 72 horas.
Ayer, a las cuatro y media de la mañana el juez Eduardo Niklison se presentó en el edificio para constatar si la atención a los pacientes está siendo adecuada. Niklison tiene una causa judicial en la que el fiscal César Troncoso denunció a los enfermeros por abandono de persona. El juez, que en primera instancia desestimó que se estuviera cometiendo tal delito, está haciendo visitas los días de conflicto para chequear la situación.
Al retirarse del lugar sostuvo que son “las autoridades políticas” quienes están facultadas para solucionar el reclamo. “No voy a ordenar que se levante el paro porque no soy competente en ello”, señaló. El magistrado dijo que de 77 agentes exigidos por el ministerio para la guardia mínima encontró 72, pero evaluó que la situación está “bajo control”.
La exigencia de las guardias mínimas es el terreno sobre el cual avanzó la judicialización del conflicto. El Gobierno fijó que los días de paro debe trabajar el 50 por ciento del personal. La Asociación de Trabajadores del Estado apeló ese piso, por lo que los huelguistas destinan a cada área lo que consideran necesario para el día.
Las autoridades del hospital dieron a conocer, por otra parte, que formaron un comité con funcionarios y representantes de hospitales nacionales y porteños para dar atención a todos los pacientes mediante derivaciones y convenios con obras sociales.
El personal no médico reclama un sueldo básico de 1800 pesos, un aumento del 2 por ciento por cada año de antigüedad y el reconocimiento profesional de los enfermeros. Los trabajadores sostienen que podrían llegar a un acuerdo si el Gobierno distribuyera equitativamente la masa salarial de la oferta que presentó hace 15 días, otorgando a cada empleado 600 pesos de mejora. Pero en la Casa Rosada sostienen que no harán una nueva oferta. El diálogo entre las partes sigue cortado y no se vislumbra cuál será la solución. El martes, la Asociación de Profesionales pidió a los funcionarios de la nación y la ciudad que abran una ronda de diálogo, al tiempo que anticipó que adoptará medidas de fuerza en el caso de que haya sanciones. La huelga de 72 horas terminará mañana a las 7 de la mañana. Se cumplirán entonces 27 días de paro desde el inicio del reclamo, en el mes de mayo.