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Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Aunque no quisieron adelantar opiniones hasta no leer el fallo, no cayó bien en la Justicia federal de Córdoba el dictamen de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que sobresee a cinco militares y siete civiles que habían sido condenados por realizar tareas de espionaje para el Ejército. Sin detenerse en si existió o no el delito, estas doce personas fueron beneficiadas por “prescripción de la causa penal”, en virtud de que la nueva ley que modificó el Código Penal, sancionada en enero pasado por el Congreso nacional, elimina algunos pasos procesales que no interrumpen la prescripción.
Las doce personas que habían sido condenadas el año pasado por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, por realizar tareas de espionaje para el Ejército, fueron beneficiadas por un fallo de la Sala II de la Cámara de Casación, que resolvió sobreseer a los “espías” al entender que hubo prescripción de la causa.
La cámara, integrada por el presidente Gustavo Mitchell y los vocales Juan Fégoli y Pedro David, estimó prescripta la acción penal al haber transcurrido el término establecido para el delito de “abuso de autoridad”, por el cual se había condenado a estas doce personas, que entre 1999 y 2001 realizaron distintas tareas de espionaje para la Central de Reunión de Información (CRI) del Ejército, que funcionaba en el Destacamento 141 de esta capital.
Los jueces aplicaron la nueva normativa que especifica las causales para la prescripción, sin detenerse sobre el fondo de la causa: si estos cinco militares y siete civiles violaron la Ley de Seguridad Interior, tal como lo habían probado acabadamente la fiscal federal Graciela López de Filoñuk y la jueza Garzón de Lascano. Ambas demostraron la existencia de una aceitada red de inteligencia que operaba infiltrándose en sus despachos para conocer el curso de la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos en el Tercer Cuerpo de Ejército, además de seguir los pasos de políticos cordobeses, como el actual gobernador De la Sota, de varios gremialistas, comunicadores y académicos de la UNC.
“Como las penas para el delito de abuso de autoridad no superan los dos años, se trabajó con muchísima celeridad para evitar que la causa prescriba. Pero el expediente estuvo freezado como un año en la Cámara Federal sin razón alguna (las pruebas eran muchas y contundentes) lo que fue aprovechado por los abogados defensores, quienes apelaron a Casación la condena que la jueza Garzón de Lascano les había aplicado en agosto del 2004 a los doce imputados”, deslizó a Página/12 una fuente importante de los tribunales federales cordobeses, que prefirió el anonimato hasta no leer el fallo detenidamente.
A pesar de que los abogados Gustavo Franco y Eduardo Rodríguez Aramburu, defensores de los condenados, sostuvieron que hubieran preferido que la Cámara se expidiera sobre el fondo de la cuestión, desde la Justicia federal de Córdoba recordaron que “Casación había confirmado en tres oportunidades la condena, porque las pruebas en su contra eran evidentes”. Entre esas evidencias había faxes y escuchas telefónicas en las cuales los “agentes” contaban a los jefes del Ejército las tareas que realizaban.
Por estas acciones, Garzón de Lascano había condenado en agosto del 2004 a tres meses de prisión condicional a los coroneles Abel Guillamondegui y José Luis Bó, jefes de Inteligencia del Ejército, a dos meses de prisión condicional al sargento ayudante Edmundo Orsolini, en tanto que el mayor Néstor Baudano había recibido un mes de prisión condicional y el agente de inteligencia Norberto Condal cuarenta y cinco días de prisión condicional.
Entre los civiles, la magistrada había aplicado cuarenta y cinco días de prisión condicional a Luis Quijano, Daniel Camps, Daniel Guiguet, JoséTufaro, Daniel Guaycochea y Carlos Revello, reconocido periodista de Córdoba quien operaba con el seudónimo de “S-17”.