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El gobierno entrerriano denunció ante la Justicia federal a los directivos de las papeleras Botnia y Ence por tentativa de contaminación. La demanda, firmada por el gobernador Jorge Busti y su vice, Pedro Guastavino, sostiene que las celulosas que se construyen sobre el río Uruguay “pondrán en riesgo la salud de más de 300 mil personas”. En el caso de prosperar, la causa judicial no serviría como un freno directo a la instalación de las plantas, pero sí para citar a declarar a los responsables de las empresas y juzgarlos por daño ambiental.
Como Busti está de vacaciones, fue su segundo –por lo demás, vecino de Gualeguaychú– quien llevó el escrito a los tribunales federales de Concepción del Uruguay, donde quedó radicado en la fiscalía de Milagros Schiavo. Guastavino reclamó una “rápida intervención de la justicia” por el hecho de que, una vez en funcionamiento, las fábricas buscarán operar durante “40 años de manera ininterrumpida”.
La gobernación pidió por esto una “resolución conjunta” que establezca la tecnología que deberán utilizar las pasteras en el tratamiento de la celulosa, tal como se hiciera recientemente en la Comunidad Europea”.
La denuncia menciona la ley 24.051, de residuos peligrosos, que en su artículo 55 fija sanciones contra aquel que “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua o la atmósfera”.
¿Puede avanzar una demanda contra firmas instaladas en el Uruguay? En el ámbito judicial la opinión es que sí. “El Código Penal argentino dice que pueden ser juzgados aquí sucesos que se produzcan en el extranjero pero cuyos efectos se sufran en nuestro país”, explicó un hombre de la Justicia federal a Página/12. “Es un caso comparable al de una persona que, desde el exterior, falsificara moneda argentina: podríamos condenarlo”. Para el consultado, entonces, debería iniciarse una causa por contaminación y, eventualmente, indagar a los responsables.
Busti había firmado el escrito el viernes pasado, con una conferencia de prensa en la que aseguró tener el aval del kirchnerismo. De todas formas, no es un secreto que en el conflicto con el Uruguay la gobernación ha tenido un nivel de confrontación no compartido por el gobierno nacional. Ayer, Guastavino habló sobre el punto: “Hemos tenido un debate importante, en el cual defendimos nuestra postura. Estamos absolutamente encolumnados detrás del proyecto político del presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y creemos que estamos muy bien acompañados en esta lucha por el gobierno nacional”, expresó.
La ausencia del gobernador en la foto de la denuncia tiene como marco estas diferencias. Aun así, Busti no se corrió del todo de la escena y ayer hizo declaraciones en las que contestó los advertencias del presidente Tabaré Vázquez sobre que el Uruguay “no se dejará patotear”. “Vázquez quiere suplantar (la realización de) un estudio ambiental, académico, objetivo y contundente, impulsando el nacionalismo de su país como si nosotros fuéramos a invadir el Uruguay”, consideró Busti. El funcionario agregó que, para llegar a una solución, “hay que discutir en una mesa racional en el marco del derecho. Por supuesto algunos, sobre todos los vecinos de Entre Ríos, querrán que las cosas se den ya, pero no podemos, porque no podemos invadir el Uruguay ni declararle la guerra”.
Desde el ámbito diplomático, mientras tanto, hubo gestos que insistieron en la búsqueda de una salida consensuada. El embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, sostuvo que existe “una gran preocupación” en el gobierno argentino por la controversia, y que se debe actuar “con firmeza pero con prudencia” para que “el diálogo no se interrumpa”.
Por otra parte, el embajador admitió que no hay condiciones para una reunión de Kirchner y Tabaré. “Creo que las reuniones de los presidentes son para cerrar acuerdos y para dar culminación al trabajo, en este casode las cancillerías. En este momento –admitió Patiño Mayer– no hay condiciones dadas para que haya una reunión a nivel presidencial.”