Es inconstitucional reprimir la tenencia de droga para consumo personal. Está muy bien la decisión del juez de Dolores. Desde la Defensoría estamos por llevar un caso similar a la Corte”, dice Stella Maris Martínez sobre el fallo que esta semana invalidó la ley que castiga a los usuarios de drogas. Martínez es la jurista que ayer propuso Néstor Kirchner para dirigir la Defensoría Oficial de la Nación, un cargo que ocupa en forma interina desde mayo, cuando renunció el menemista Miguel Angel Romero cercado por un escandaloso juicio político. Esta criminóloga, experta en bioética y compañera de cátedra de Raúl Zaffaroni, enfrentará un examen público, como los jueces, que terminará con una audiencia en el Senado. El organismo en el que espera asumir asiste a quienes no pueden pagar un abogado, a los menores, los incapaces y a los que eligen sus servicios y aceptan pagar honorarios a la institución, como María Julia Alsogaray y varios represores de la última dictadura. En diálogo con Página/12, habló de la corrupción judicial, las barreras en el acceso a la Justicia, las cárceles y criticó la reforma K del Consejo de la Magistratura.

–¿Qué aspira a cambiar en el sistema de defensores públicos?, le preguntó este diario.

–Me gustaría instalar la idea, que la gente sepa, que el derecho de defensa es un derecho humano. Segundo, lograr, con una política pública, que todos los sectores tengan un acceso pleno y libre a la Justicia, algo que no ocurre. Que todo habitante pueda hacer valer sus derechos.

–¿Qué impide hoy que haya un acceso pleno a la Justicia?

–Es un problema que mezcla cuestiones sociales, culturales o económicas. La gente no sabe sus derechos y cómo hacerlos valer. Para una persona desocupada, que vive lejos y debe viajar para llegar a la Justicia, hacer valer sus derechos es complejo. La Defensoría debe lograr tener una voz y ayudar en un programa integral de derechos humanos. Debe haber siempre un defensor oficial que pueda defender a un acusado de un delito. Estamos estudiando cómo servir de nexo con la población más carenciada que necesita apoyo jurídico y no lo tienen.

–Según datos que manejan algunas ONG, en 1994 la defensa pública abarcaba el 64 por ciento de las defensas y ahora llega al 90 por ciento. ¿Por qué?

–Un motivo es la crisis económica, que muchos no tienen recursos para pagar un abogado, y que la mayoría de la gente que absorbe el sistema penal es pobre. Además, la Defensoría se consolidó como una opción válida, aún para gente con recursos por el alto nivel de sus defensores.

–¿La estructura actual de defensores alcanza?

–Hay una situación crítica, sobre todo porque tenemos la defensa de gran cantidad de militares. Casi todos los del fuero federal tienen algún caso. Hay cerca de 180 defensorías en todo el país, y algunas están vacantes.

–Usted conoce, por su trabajo, la situación en las cárceles, ¿qué propondrá para mejorarla?

–Ya tenemos una comisión especializada en visitar cárceles. Buscamos que haya presencia de defensores, fiscales y jueces en los penales. Yo dispuse la visita mensual obligatoria de los defensores, que antes sólo iban a comunicar a los detenidos cuestiones jurídicas. Esto opera como un mecanismo de control. Ayuda a abrir la cárcel a la sociedad y que deje de ser un agujero negro. Igual aún se debe estudiar seriamente si toda la gente detenida necesita contención carcelaria. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, por la rígida ley de excarcelación hay mucha más gente detenida que históricamente. El tema más grave es, fue y será el hacinamiento y la falta de alternativas.

–¿Va a proponer reformas en el sistema penal?

–Siempre vamos a pedir participar en una reforma del Código Penal, que ya no resiste reformas parciales. Ahora es un cuerpo asistemático. Se modificaron tipos penales y se logró el efecto contrario al buscado, como en el infanticidio, que en vez de proteger a la mujer se la expuso.

–Por su experiencia en tribunales ¿hay corrupción en la Justicia?

–Según qué entendemos por corrupción. Si hablamos de venalidad, no tengo experiencia en ese sentido. Lo que hay es excesiva delegación de funciones, personas con puestos importantes que están ausentes, eso puede ser un modo de corrupción. Pero esto ha mejorado con los nombramientos por concurso. Antes estar en la Justicia era un trabajo de casta pero cambió.

–¿Acuerda con la reducción del Consejo la Magistratura de 20 a 13 miembros que propone el oficialismo?

–No acuerdo con que se baje la representación de abogados y jueces pero sí con que se achique el organismo, porque es cierto que no funciona bien, es demasiado lento. En Europa los consejos de la magistratura están básicamente integrados por abogados y jueces.

–Un fenómeno de los últimos años: la gente pide determinado fallo o penas o ciertas leyes. ¿En qué medida deben influir esos reclamos?

–La sociedad debe ser escuchada, pero no implica que deba ser automáticamente obedecida, sino se desvirtúan la esencia de los poderes Legislativo y Judicial. La gente tiene derecho a que se le explique cómo y por qué se llega a una condena y el por qué de determinada ley. Lo que veo es una falta de comunicación. La gente no entiende. Los jueces están atados a las normas. A la vez la gente tiene derecho a la información. Sin embargo, nadie va a los juicios orales, que son públicos y las críticas se escuchan igual. A menudo la percepción de injusticia es equivocada. Falta comprender cómo funciona la Justicia. En esto hay responsabilidades compartidas.

–Un juez de Dolores acaba de declarar la inconstitucionalidad de la ley que penaliza la tenencia de droga para consumo personal. ¿Usted lo ha planteado o lo plantearía en algún caso similar?

–Como defensora hubiera planteado lo mismo. Este caso precisamente, se originó en la presentación de una defensora oficial, pero de la provincia. Es inconstitucional reprimir la tenencia de droga en pequeñas cantidades para consumo personal. Porque no afecta a la salud pública. Está muy bien la decisión del juez de Dolores. Nosotros estamos por llevar un caso a la Corte.