EL PAIS › SANCIONAN EL ACCESO PUBLICO A LA LIGADURA DE TROMPAS Y LA VASECTOMIA

Una ley para el derecho a decidir

Con amplio respaldo, el Senado convirtió en ley el proyecto que permite a toda persona mayor de edad acceder en forma gratuita a la ligadura o vasectomía. La Iglesia había dicho que la iniciativa busca evitar el nacimiento de pobres. Los argumentos de un debate acalorado en la Cámara alta.

 Por Eduardo Tagliaferro

Por 35 votos a favor contra 9, la Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que permite a toda persona mayor de edad acceder a la ligadura de trompas de Falopio o a la vasectomía. El amplio respaldo a la medida, que contempla que estas prácticas quirúrgicas serán sin cargo, hacía difícil de explicar por qué el debate fue tan prolongado. Debate en el que las contradicciones de los pocos que se opusieron fueron llamativas. Para quienes impulsaban el proyecto se trataba de garantizar un derecho y de facilitar una sexualidad plena, además de permitir la libre planificación familiar. Los que rechazaron la propuesta exhumaron de los archivos de la historia un informe del ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger en el que se recomendaba el control de la natalidad en los países del tercer mundo. Tampoco faltaron los legisladores que se opusieron basándose en dogmas religiosos. La Iglesia Católica había expresado su rechazo a la norma azuzando miedos y tabúes.

Precisamente miedo es lo que quedó flotando luego de escuchar a los legisladores que estuvieron en contra de la medida. La puntana Liliana Negre de Alonso, de reconocida militancia en el Opus Dei, se aventuró a decir que al extenderse la práctica de las operaciones quirúrgicas como método anticonceptivo bajaría el cuidado contra las enfermedades venéreas. Incluso señaló que había quienes aventuraban el crecimiento del sida. No habló del uso del preservativo pero estaba claro que a ello se refería. La legisladora se embanderó entre “los católicos que vivimos en la Argentina”. Claro que la Iglesia también se opone al uso de preservativos, lo que convierte al tema en un callejón sin salida. La puntana fue la que citando los argumentos que anteayer había empleado Hilda “Chiche” González de Duhalde, dijo que en los ’70, Kissinger alentaba a los organismos de crédito multinacional para que condicionaran su ayuda a los países del tercer mundo a que éstos impulsaran políticas de control de la natalidad. Negre de Alonso solicitó que se excusara por motivos de conciencia a las instituciones que presentaran esta objeción. La propuesta apuntaba a excusar a todas las clínicas o instituciones sanitarias que estén al amparo de ordenes religiosas o confesionales. Fue el radical Luis Falcó el que criticó este planteo. “Las instituciones no tienen conciencia, son los individuos los que tienen conciencia”, respondió para cruzar el reclamo de la puntana.

Debajo del estrado y sentado frente a los senadores, el ministro de Salud, Ginés González García, siguió atentamente casi toda la sesión. El proyecto votado ayer había obtenido el voto favorable en Diputados hace 42 días. La iniciativa había sido la síntesis de seis proyectos anteriores. Para que no se dilatara la sanción de la ley, se impulsó que el proyecto se aprobara sin modificaciones. Algo que no impidió que los principales oradores del oficialismo le reclamaran al Ejecutivo que cuando reglamente la ley incluya la confección de un registro de objetores. Esto apunta a impedir que haya médicos que puedan oponerse a estas prácticas quirúrgicas en los hospitales públicos por una cuestión de conciencia pero que sí las realicen en clínicas privadas. Aunque ese registro no está contemplado en la iniciativa, la ley sí prevé que los médicos puedan negarse a realizarlas por cuestiones de conciencia. En ese caso, el centro de salud tendrá que garantizar la presencia de un profesional que dé cumplimiento al derecho.

El proyecto contempla que las cirugías serán sin cargo. El requisito imprescindible es contar con el consentimiento expreso del paciente. En caso de menores, la autorización debe tener origen judicial y debe responder a causas médicas. Para los mayores, no se necesita ni la prescripción médica, ni el consentimiento del cónyuge, ni la autorización judicial. Las obras sociales y las entidades de medicina prepaga tienen la obligación de incorporar las prácticas quirúrgicas a su cobertura.

“Este no es un proyecto del oficialismo, sino de la sociedad”, comenzó el santacruceño Nicolás Fernández, el primero de los referentes de la bancada mayoritaria en realizar el habitual informe con el que se defienden los dictámenes. Algo que complementó la pampeana Silvia Gallego. Otra santacruceña, Alicia Kirchner, estuvo ausente del debate. Algo que no dejó de llamar la atención. En los pasillos de la Cámara alta se repetía que su ausencia se debía a cuestiones de salud. Algunos hasta pretendieron ver una diferencia de la senadora con el proyecto, lo que se daría de patadas con la posición que la senadora mostró anteayer, cuando la iniciativa se discutió en comisión.

Casi todos los que defendieron la iniciativa reclamaron “no ser hipócritas”. La principal defensa de la ley la hizo la pampeana Silvia Gallego. La senadora, que recordó que ella había impulsado en el ’91 la sanción de la ley de procreación responsable, dijo que ahora le tocaba escuchar los mismos argumentos tremendistas con los que se había rechazado aquella iniciativa. Luego de recordar que “no se cumplieron ninguna de las siete plagas que se habían anunciado”, insistió en que no se estaba limitando la natalidad de los más pobres, ni tampoco impulsando una política demográfica. “El derecho a una sexualidad placentera no tiene ni estrato social, ni género, ni color”, subrayó. La larga lista de oradores demostró que casi todos los senadores quisieron dejar sentada su posición. Así se pudo escuchar la oposición de Chiche Duhalde, del cordobés Carlos Rossi y la de Adolfo Rodríguez Saá. El resto acompañó el proyecto casi de manera unánime.

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El ministro de Salud, Ginés González García, presenció el debate de los senadores nacionales.
 
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